Con el decimoquinto mes —de 70 de su duración— de la presente gestión presidencial empiezan a aparecer con claridad las tendencias del desgaste del gobierno y, sobre todo, de su titular. Diversos sondeos de opinión muestran el declive paulatino de quienes otorgan una valoración favorable a la figura presidencial y el alza constante de quienes otorgan calificaciones negativas; también aumentan las opiniones en torno a un desempeño mediano o regular. A su vez, se pueden distinguir los grupos de población que se alejan del entusiasmo inicial. Son las mujeres y los jóvenes.

Una sentencia de Perogrullo: en política todo desgasta, pero más el ejercicio del poder. Es el contraste entre la oferta y la expectativa, por un lado, y el desempeño y el resultado, por el otro.

En los sondeos del primer trimestre impera la expectativa, en los del quinto trimestre destaca la percepción del resultado. En una nación socializada y politizada, en gran parte, con base en el sistema presidencial y en una administración regida por el afán de concentrar la palabra y las decisiones de toda índole en el Ejecutivo Federal, se empieza a pasar la factura de esa centralidad. A mayor exposición hay mayor riesgo de desgaste.

El método del gobierno del yo y el instrumento de la conferencia matutina ven erosionado el encanto inicial. De la condena a diversas expresiones simbólicas del poder presidencial y su supresión, como la residencia de Los Pinos, el avión presidencial y el Estado Mayor Presidencial, reconocidos y aplaudidos por el rechazo a los privilegios para el máximo representante de elección popular, se ha pasado a la trivialización del discurso del primer mandatario y, en parte, del cargo. Muchas veces la substancia está ausente.

El país enfrenta los mismos complejos problemas de hace años: creciente inseguridad pública, corrupción anidada en los sectores público y privado y falta de desarrollo económico con igualdad. No hay una auténtica estrategia de seguridad pública ni programas con metas evaluables; hay evidencia de la muy abrumadora discrecionalidad con la cual se define la aplicación de recursos en las contrataciones públicas, y no hay crecimiento de la economía, sino visos de recesión con el crecimiento de subsidios presupuestales directos a una base electoral.

El Gobierno de la República se ha reducido en sus aspiraciones y programas a tres actividades cotidianas del presidente y otra dictada por el calendario cívico: la reunión del gabinete de seguridad (horas y horas sin resultados), la conferencia matutina y las giras, siendo las dos últimas reductos nostálgicos de una vocación por hacer campaña eternamente; y las celebraciones patrias de hechos y próceres. Y, sí, también los grandes proyectos sin sustento técnico y requerimientos básicos para avanzar: el tren maya, el tren interoceánico, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto civil de Santa Lucía.

En la voluntad por dominar la agenda e imponer la conversación pública se pretende reducir el panorama nacional a la narrativa presidencial; recuérdese el reclamo a las preguntas sobre los feminicidios, cuando el interés del Ejecutivo era el sorteo para obtener recursos equivalentes al costo y mantenimiento del avión presidencial. Se abandona -en los hechos- la investidura presidencial porque la actuación como vocero domina la caracterización del desempeño.

Así, la tendencia a la descalificación de quien piensa distinto y la polarización se convierten en el emblema del pensamiento del Ejecutivo. No se piensa en la pluralidad de la Nación y en su respeto, sino en la pugna con quien sostiene propone otras ideas; no se piensa en el Estado como la casa común para dar cauce a los asuntos de todos, sino en la división de quienes por pretendidas calificaciones morales propias no deben ser escuchados ni tomados en cuenta; no se piensa en la convivencia democrática de lo diverso, sino en el mandato recibido como autorización para excluir a los demás.

Y a los problemas más evidentes ya aludidos, se suman los propios de la multiplicación de encargos donde la falta de capacidades y de preparación no son obstáculo; los ejemplos: la escasez de gasolina por la ausencia de contratos de abastecimiento, encubierta en la cruzada contra el huachicol y los resultados ficticios de su disminución sensible; el desabasto de medicamentos y material hospitalario por la incapacidad para cambiar y ajustar sin sacrificar a la población derechohabiente; y el sobreprecio real de la disputa con las empresas canadienses por la contratación de abastecimiento de gas para la CFE. Costos de una administración sin rigor ni profesionalismo.

El desgaste y la tendencia en ese sentido agudizan la propensión a reiterar elementos de distracción, marcadamente las acusaciones por hechos de corrupción, las acciones conducentes y la canalización del legítimo disgusto social acumulado hacia el pasado reciente. No refiero que no deba actuarse; al contrario, es indispensable actuar con legalidad para imputar y buscar acreditar los ilícitos, pero también con respeto a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso y la defensa profesional. Parece que actúan por necesidad y no por convicción real. Destaco el ánimo de distraer.

Ante el deterioro -primero- de la imagen del gobierno y –luego– del presidente de la República; ante la ausencia de resultados en seguridad pública y en la reactivación de la economía nacional, y ante las estrategias de fortalecer a los grupos de población dependientes del presupuesto por la vía de los subsidios y para distraer al resto de la población con los expedientes de la corrupción, es factible que la decisión presidencial sea por profundizar la polarización en ruta hacia los comicios del 2021. Nada parece sugerir la rectificación o la reorientación de ese criterio.

En ese contexto, ¿qué opciones tiene la pluralidad a la que unos días se le vilipendia y excluye desde el púlpito presidencial, y otro se le convoca para construir acuerdos a través de sus representantes con responsabilidades institucionales?

Antes de ello, reconozcamos la perspectiva de que en esas elecciones estará en juego el ejercicio real o ficticio de dos funciones fundamentales: la aprobación del presupuesto anual de egresos para el período de 2022 a 2024 y la aprobación de las cuentas públicas del 2019 al 2022.

Prefiguremos dos opciones: mantener las diferencias en la pluralidad excluida y buscar sostener y avanzar sin entendimientos y acuerdos; o afirmar las coincidencias en torno al principio democrático para el ejercicio control del poder público y buscar sostener y avanzar con entendimientos y acuerdos.

Si, frente al Ejecutivo Federal, prevalece la división, aquél imperará. Es el divide et impera expuesto por Nicolás Maquiavelo; pero si prevalece el acuerdo, podría articularse una estrategia de unidad esencial. Es la consigna e pluribus unum para que la fortaleza se sustente en la diversidad. ¿Qué irá a ser?