Retomando el compromiso contraído el 7 de noviembre de 2019 en la sexagésima Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que organizó la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que firmará un acuerdo presidencial para devolver los tiempos oficiales a los concesionarios de las estaciones de radio y canales de televisión.
Dicha acción jurídica se basó en los siguientes dos motivos expresados por el Ejecutivo:
1.- Un gobierno “que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda”.
2.- La industria de la radio y la televisión “está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y el gobierno no puede darles dinero para publicidad, como era antes, se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Con esta medida van a poder comercializar esos tiempos y obtendrán ingresos que les ayudarán a mantener sus empresas y sobre todo a conservar el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria”.
De esta manera, ante la disyuntiva histórica de elegir entre la protección del proyecto de comunicación del Estado para beneficiar a los ciudadanos o al sistema de comunicación empresarial para favorecer los intereses económicos de los monopolios, AMLO optó por preferir el fortalecimiento del modelo de difusión del gran capital oligopólico, creando una segunda Ley Televisa-2. Así, mediante dicho posicionamiento político en plena severa crisis de recesión económica, de enorme epidemia de salud y de aguda fragilidad social en 2020, López Obrador le dio continuidad a su compromiso político contraído con los concesionarios de la radiodifusión, que nada tenía que ver con las “medidas de excepción” de la grave coyuntura del país o con las enormes urgencias ciudadanas.
En esta forma, lo más asombroso fue que cuando este acuerdo no estaba vinculado de ninguna forma con la profunda crisis nacional que encaraba el país, el anuncio oficial de la implementación de dicha negociación entre el gobierno y concesionarios, fue incluido en el contenido del “Programa Emergente Para el Bienestar y el Empleo”, difundido por el presidente de la República el 5 de abril de 2020 desde Palacio Nacional. Así, el Ejecutivo expresó que “el tiempo fiscal, el tiempo oficial, dedicado a publicidad del gobierno se entregará a los medios de comunicación, porque en esta nueva etapa de la historia de México el gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda. Confía, además, en la inteligencia y la sensatez de nuestro pueblo”.
Así, en el vértice de la convulsión social, el proyecto de rescate financiero de los monopolios de la radiodifusión fue elevado por el gobierno de izquierda de la “Cuarta Transformación Histórica”, a nivel de prioridad nacional, por encima de otros severos apremios sociales.
Frente a dicha política presidencial unilateral, es necesario considerar los siguientes cinco aspectos:
1.- Los tiempos fiscales forman parte de los tiempos del Estado, que son patrimonio del Estado, es decir de toda la sociedad, y no son propiedad del Poder Ejecutivo. Por consiguiente, no se pueden disponer discrecionalmente de ellos por parte del presidente en turno como si fueran parte de su patrimonio personal. El ceder los tiempos del Estado a los concesionarios de la radio y televisión mediante una decisión patrimonialista de esta naturaleza, sería equivalente regalar el Palacio Nacional, el Zócalo de la Ciudad de México, las pirámides de Teotihuacán, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, las ruinas de Chichén Itzá, el Ángel de la Independencia, etc. que son bienes de todos los mexicanos, a los amigos de la radiodifusión privada, para que los comercialicen y recibir a cambio sus apoyos mediáticos.
2.- Para modificar el destino de los tiempos de comunicación Estado cuya función está plasmada en la Constitución Política Mexicana y otras normatividades fundamentales, tendría que efectuarse a través de la deliberación democrática en el Congreso de la Unión y en los Congresos de los estados; y no decidido unilateralmente de manera autoritaria por el Poder Ejecutivo.
En este ámbito contrasta brutalmente la diferencia que ha existido para tomar decisiones en otros ámbitos del proyecto de desarrollo del país, pues cuando se trató de definir la política sobre la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, en el Distrito Federal; la continuación del avance de la Planta Termoeléctrica, en Cuernavaca, Morelos; la edificación del Tren Maya, en el sureste; la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; la anulación de la cervecera Constellation Brands, en Mexicali, Baja California; los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, en todo el territorio nacional; la cancelación del Metrobús Torreón-Gómez Palacio-Lerdo, en Coahuila; etc, siempre se recurrió a la realización de consultas populares, aunque estas fueran muy mañosas, artificiales o manipuladas. Sin embargo, para definir la reintegración de los tiempos fiscales de radio y televisión a los monopolios comunicativos, no se recurrió a efectuar ninguna consulta ciudadana sobre tal recurso nacional, sino el presidente actuó totalmente de manera autoritaria y unilateral, amparado en su facultad de emitir decretos.
3.- La crisis de la radio y la televisión no ha sido responsabilidad del Estado, sino del ineficiente modelo de negocios de los consorcios de comunicación que durante muchos años dependió del explotar políticamente los procesos electorales y de recibir publicidad oficial para nutrir el “modelo de comunicación chayote” (te pago para que no me pegues); y no se preparó para los cambios que se derivaron con la explosión de la vertiginosa Cuarta Revolución Industrial, especialmente con la presencia del Internet 2.4, que permitió que los auditorios optaran, vía streaming, por contenidos de mejor calidad narrativa que ofrecieron las plataformas digitales de las OTT, junto con los podcast, y que no aportó la programación tradicional de las televisoras y radiodifusoras comerciales privadas.
En consecuencia, el desajuste económico de los medios no fue responsabilidad del Estado mexicano, sino de la falta de competencia del modelo empresarial de la radiodifusión privada que operó durante varias décadas bajo el proteccionismo político del Estado burocrático. Por ello, no existe fundamento para que tales consorcios sean rescatados por el gobierno nacional y menos por la sociedad mexicana golpeada por la fuerte crisis estructural que encara la República.
4.- La condonación del tiempo fiscal o impuesto en especie que pagan los radiodifusores, contradijo el recurrente discurso presidencial que formuló que a los empresarios no se les condonarán impuestos, ni siquiera durante la epidemia.
5.- El rescate de las televisoras y radiodifusoras privadas fue equivalente a la creación de un nuevo Fondo de Protección al Ahorro (FOBAPROA) como el que se creó hace 20 años para rescatar a la banca particular en el país, pero ahora de la comunicación comercial masiva para salvar a los oligopolios particulares de la radiodifusión nacional. En este sentido, la medida gubernamental fue una política eminentemente neoliberal al rescatar los monopolios de la comunicación privada, a costa de sacrificar la comunicación de servicio público de toda la sociedad: el gobierno de “izquierda” les quitó a los ciudadanos una porción fundamental de los tiempos de Estado para estar mejor informados, con el fin de que a los grandes consorcios de la radiodifusión restauraran su proyecto de mega acumulación de capital.
En síntesis, así como el actual gobierno de la Cuarta Transformación debilitó o desmanteló los órganos autónomos, los contrapesos ciudadanos, los poderes independientes, diversos poderes públicos, etc., con el nuevo decreto presidencial, equivalente a la Ley Televisa-2, se contribuirá a desmontar una parte importante de la estructura de comunicación del Estado nación mexicano, para regalar discrecionalmente dicho patrimonio público a los poderes fácticos mediáticos. Con ello, se transformará el actual modelo de difusión gubernamental, pues existirá más información comercial o de entretenimiento para hacer lucrosos negocios y menos información de servicio público para salvar a los ciudadanos.
“Profesor Distinguido” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Ciudad de México, jesteinou@gmail.com