La contingencia que enfrenta México (y desde luego el mundo) por el surgimiento de la pandemia de Covid-19 (también conocido como Coronavirus), se erige como una prueba más de que en este Gobierno no se respeta la técnica ni la política pública basada en la evidencia. La Cuarta Transformación llega tarde y llega mal. El Consejo de Salubridad General ha sesionando en la obscuridad, siendo eclipsado en el espacio público por una administración centralista que tiene líder a medias. Por su parte, el Secretario de Salud estuvo ausente durante semanas, ahora participa de manera tímida y sin protagonismo en las conferencias vespertinas. La agenda de salud pública en torno a esta pandemia se ha mantenido, principalmente, en el plano mediático con una clara deficiencia jurídica. Esto denota, más que ignorancia, una acción consciente. Parece el producto de una estrategia que busca a toda costa que, al término de esta contingencia, se retome el estado de cosas tal cual como se encontraba hasta hace unos días. Como si todas las afectaciones resentidas pudieren verse remediadas el día en que volvamos a salir de casa. Aunque la realidad no es esa, reconocerlo implicaría para el presidente entender que su Cuarta Transformación no va, al menos no hasta que regrese la estabilidad económica y termine por completo el riesgo sanitario, lo que no se ve en el panorama próximo. Por ello es que el presidente se aísla de la crisis; estima que así no saldrá dañada su popularidad. Sin embargo, su cálculo político es incorrecto, en tanto pasa por alto que esta pandemia le pega a la población en lo que más le importa: su vida, su patrimonio, su integridad e, incluso si se llega a un confinamiento obligatorio, en su libertad. Este tipo de impacto se ve reflejado muchos meses por delante, vaya podría terminar el sexenio sin que hubiere terminado de repararse el daño.

Es así que, el presidente López Obrador señala que en este tema se atenderán las indicaciones de los especialistas, pero a la vez los ha humillado y demuestra su desinterés por aplicar de manera pro activa las medidas que son necesarias. Inclusive ahora, ya en la tan esperada Fase 2 (que será Fase 3 en cualquier momento), si bien afirma que guardará la sana distancia, que no saludará, abrazará o besará a las personas, sigue recorriendo el país, lo que en lugar de posicionarlo como un promotor de estas normas parece dar un ejemplo desafortunado de que en ciertos casos la regla no aplica. Ni siquiera asiste al anuncio de la denominada “Declaratoria de Emergencia Sanitaria”, sino que manda una alineación de funcionarios de alto nivel a suplirlo, por cierto de manera bastante descoordinada; ya ni la presentación revisaron. Por eso es que esta política no tiene impulso, porque su líder parece no creer realmente en ella. Ante este escenario, lamentablemente, el mandato para adoptar las medidas que son indispensables no solo ha llegado tarde sino que también ha sido sorprendentemente débil y, lo que es peor, se ha dictado sin sustento.

Ahora nos dicen: “drásticamente”: ¡quédate en casa! Cuando la realidad es que un gran número de actores del sector privado, así como los gobiernos locales llevan en esa lógica casi dos semanas. El otro sector de la población, por cierto en mayor riesgo, no sabe qué creer, al día de hoy ha recibido una gran cantidad de mensajes contradictorios. Entre lo que en voz del propio presidente se ha dicho en la conferencia de prensa matutina y aquello que los técnicos han precisado en la rueda de prensa vespertina. Todo esto permite que la población ponga en duda la necesidad de las medidas de contención. Y es que es absurdo el desfase del Gobierno Federal que no genera más que desorden y falta de coordinación. Como también es lamentable la forma en la que se emite esta “Declaratoria”. De manera improvisada, incompleta, sin ser expedida con el auspicio público y presencial de la autoridad con mayor legitimidad en el país. Prueba de ello es que se haya pronunciado por una especie de súper secretario de relaciones exteriores que le entra a todo. Además, hay que decirlo, la declaratoria de “emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor” no tiene fundamento en ley. Parece un híbrido entre la acción extraordinaria que prevé a detalle la Ley General de Salud y la Declaratoria de Emergencia que dispone la Ley General de Protección Civil, pero lo cierto es que no es ni una ni la otra; es un invento. López Obrador no comprende que ante la crisis, la certeza jurídica es más importante que nunca.

Lo que resulta más extraño es su renuencia a llamar las cosas por su nombre, más aún viendo la forma en que otros países están enfrentando esta pandemia. En otras latitudes se han implementado estados de excepción, toques de queda, lo que en nuestro orden constitucional sería una suspensión de derechos. Por supuesto ello genera preocupación. Desde 1917, solo se ha activado el mecanismo previsto por el artículo 29 constitucional una vez, en 1942, durante la administración del ex presidente Manuel Ávila Camacho, cuando México entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Ante una medida de esta magnitud, sin duda surgiría la necesidad de reforzar la observación y el seguimiento del actuar político, no obstante lo cierto es que dichas figuras existen por algo. Porque como Administración Pública existe un recurso que le permitiría, sin violar la Constitución, establecer límites a ciertos derechos, verbigracia los de transito, trabajo, comercio u ocupación, a la educación, entre otros, con la aprobación de parte del Congreso (órgano de corte popular y democrático) y con la debida revisión judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debiendo limitar dicho régimen a una temporalidad y, de ser posible, a regiones específicas del territorio, todo esto con la finalidad de hacer frente, rápida y fácilmente a la situación. Sin embargo, se plantea esta figura como un instrumento necesariamente perjudicial y, en su lugar, se inventa Derecho, se crean instituciones por autoridades que no son competentes y se pone en mayor riesgo a la población.

No solo no se han aprobado los necesarios incentivos económicos y fiscales para que la economía resienta el impacto de esta pandemia en menor medida, sino que además se deja tanto a empresarios como a trabajadores sin un marco jurídico que permita definir si se está o no en el supuesto de la Ley Federal del Trabajo que permite al patrón, ante una emergencia sanitaria, pagar una cantidad menor por un mes, disposición que a su vez protege al trabajador con miras a salvaguardar su fuente de ingreso una vez que termine el aislamiento. Por el contrario, el pasado martes, la Secretaría de Salud ordena en una segunda acción extraordinaria, la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. A su vez, emite un listado arbitrario de actividades esenciales y ordena, sin sustento, que se preserven los empleos, con un pago íntegro del salario que percibe el personal subordinado, incluso formulando amenazas respecto a supuestas consecuencias legales administrativas y penales que, de nuevo, no están previstas en ley.

Para terminar de dibujar este panorama caótico institucional, en estas semanas, surgió un aparente federalismo, en este caso, agravando más la falta de armonía entre las disposiciones obligatorias. Hasta este momento, las acciones son claramente discordantes, no existe un solo estado que aplique las mismas.

La falta de gobernabilidad agrava la crisis, no solo de Salud sino también económica. Aunque al día de hoy, nadie sabe con certeza la magnitud que pueda tener ésta última, ello pasa a segundo plano frente a la garantía de la vida y la salud de los habitantes de nuestro país y desde luego en el mundo. La estructura institucional del orbe entero está a prueba. En México, aún faltan medidas de mitigación del impacto económico, para lo cual el Congreso de la Unión se torna indispensable. En este momento, el Poder Legislativo es el único órgano capaz de adecuar el marco legal para enfrentar esta adversidad. La Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública, que permitirán al Ejecutivo solicitar montos adicionales de financiamiento por una cantidad máxima de 180 mil 733 millones de pesos. No obstante, este dictamen aún no es aprobado por el Senado, ni mucho menos se ha publicado.

Por último, en estos tiempos de emergencia hay que vigilar que la implementación de medidas excepcionales no derive en actos de autoridad arbitrarios y violatorios de derechos. Aunado a ello, la crisis obliga a proteger más que nunca a quienes están en situación de vulnerabilidad y a estar alerta ante cualquier acto que pudiere considerarse discriminatorio. ¿Qué está esperando este Gobierno para dar certeza jurídica a sus ciudadanos? Espero no esté valorando alguna forma de lucrar políticamente con la tragedia, aunque sinceramente ¡lo dudo!.