Corromper, según la Real Academia de la Lengua Española, es “sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”, ésta es una de las acepciones.
El impresionante triunfo electoral de AMLO y Morena, el 1 de julio de 2018, estuvo basado en la promesa del candidato de acabar con la corrupción, poner fin a “la mafia del poder”, poner fin al saqueo del PRIAN, “regresar al ejército a sus cuarteles”, poner fin a la “Guerra” de Calderón y establecer como principio gubernamental “primero los pobres”.
En estos 17 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más del 70 por ciento de los contratos para realizar obra pública, dar servicios o dotar de productos al Estado se han otorgado sin concurso, sin procesos de licitación.
Salvo algunos cuantos procesos contra altos funcionarios, de los gobiernos “neoliberales”, entre ellos el ex Director de PEMEX, Emilio Lozoya y Rosario Robles, ningún ex presidente está ni siquiera “indiciado”; de vez en vez el presidente usa la “mañanera” para divulgar versiones nacionales o extranjeras en torno a comportamientos delincuenciales de Felipe Calderón y muy tenuemente de Enrique Peña Nieto, casos que son como Judas de semana Santa con mucho ruido por fuera y huecos por dentro.
No sabemos si alguna vez, el gobierno actual va a proceder contra delitos cometidos por ex presidentes o se trata de una medida de chantaje que utiliza de vez en cuando para intimidarlos y además ganarse la simpatía popular en riesgo de descenso, debido a varios errores cometidos por el gobierno y especialmente los ocasionados por el manejo de la pandemia del Covid-19.
Mientras tanto han ocurrido varios “escándalos” por conflicto de intereses, enriquecimientos inexplicables, incumplimiento de presentación de bienes patrimoniales de miembros de su gabinete y varios casos de negocios en los que están involucrados altos funcionarios.
Ante todo ello el presidente repite: no somos iguales, se acabó la impunidad, la inmoralidad del neoliberalismo está muerta, ya no sigue mandando el dinero, mi gran fortaleza es mi moral no soy corrupto, nada por encima de la Ley…
En éstos últimos días se dieron a conocer contratos para ventiladores para enfermos de Covid-19, asignados al hijo de Manuel Bartlett que suman unos 162 millones de pesos, según datos de Compranet.
El actual director general de la Comisión Federal de Electricidad —ex Secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando fue asesinado Manuel Buendía y se produjo la “caída del sistema”; también fue Secretario de Educación con Carlos Salinas de Gortari sin el menor rubor de servirle al “innombrable” y luego fue gobernador de Puebla y ha sido senador— este señor habló en primera persona del singular y dijo “cumplimos con las normas en la venta de los ventiladores”
Antes de éste escándalo se vio envuelto en otro escándalo, derivado en el ocultamiento “parcial” de una inmensa fortuna con más de 20 propiedades de residencias valuadas mínimamente en más de 900 millones de pesos.
No tuvo sanción alguna. Tras varios meses de “investigación”, la Secretaría de la Función Pública, concluyó que esas propiedades las adquirió cuando no era servidor público y están bajo la propiedad de su compañera sentimental, con la que no tiene vínculo marital alguno ni siquiera de concubina. Acuñó una serie de “conceptos jurídicos” inéditos.
El caso más insolente es el de Ricardo Salinas Pliego, empresario, banquero y poderoso dueño de TV Azteca, hace un tiempo señalado por el propio AMLO como parte de la mafia del poder.
Es uno de los hombres más ricos del país. Su negocio más rentable y el más oprobioso, es el manejo de los depósitos de los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos, las llamadas remesas por las que cobra porcentajes muy altos. El porcentaje que sea es muy indignante. Se llama sencillamente esquilmar a trabajadores y a sus familias.
En semanas recientes la Secretaría de Educación Pública cuyo secretario Esteban Moctezuma era un alto funcionario de la Corporación Azteca, le adjudicó a la empresa Seguros Azteca un contrato de 969 millones de pesos por el “servicio de aseguramiento de bienes patrimoniales; carga y embarcaciones, semovientes y flora”.
Además tiene una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de nada más y nada menos que 14 mil millones de pesos.
Para colmo las Empresas de Salinas Pliego se negaron a acatar las disposiciones del Consejo de Salud que hace públicas el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell. Varios miles de trabajadores siguen laborando en sus diversas Tiendas Elektra y sus oficinas, en una de las cuales hubo contagios y un joven muerto por Covid-19 .
En Insurgentes Sur, una de sus Torres, alberga a varios miles de jóvenes, más de tres mil. Son una foco de contagio muy peligroso para todos los vecinos, especialmente para los que vivimos en la Unidad Habitacional Miguel Hidalgo Villa Olímpica, unas mil familias, además de un centenar de trabajadores y una población flotante de varios miles.
No solamente se niega a acatar las medidas sanitarias, sino que con la arrogancia de ser amigo del presidente, ha sido capaz de sugerir u ordenar, aparentemente a las autoridades de la Alcaldía de Tlalpan, invadir los terrenos de la Villa Olímpica y quitar una manta de los vecinos que le exigía cesar las labores en la Torre de Elektra.
El ejercicio de la libertad de expresión atropellado por la soberbia de un oligarca como Salinas Pliego, es un acto de corrupción derivado de los nexos entre éste banquero y el presidente López Obrador.
Existen muchos otros casos de políticos y/o empresarios protegidos por el presidente.
Ese es el caso del gobernador Bonilla, de Baja California, que pretende violentar la voluntad ciudadana que votó para que fuese gobernador por un periodo de 2 años y el amigo del presidente, pretende quedarse gobernando 5 años. En éstos días deberá resolver el litigio la Suprema Corte de Justicia.
Puede ocurrir cualquier cosa, dado que la propia Suprema Corte ha sido invadida por actos de intromisión del presidente de la república, tanto en el nombramiento de su presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de ministros, como es el caso de Jazmín Esquivel Mossa esposa del empresario favorito de AMLO, José María Rioboó que construyó el Segundo Piso.
Muchos súper delegados federales, cargo inventado por el presidente López Obrador para hacer contrapeso a los gobernadores, son sus amigos, el que generó más polémica fue el de Jalisco, quien tuvo que renunciar, el empresario farmacéutico Carlos Lomelí.
La lista de casos similares es interminable.
Ostentarse como moralmente incapaz de corrupción ha sido una eficaz arma de promoción que lo llevó a ganar con inmensa mayoría la presidencia, pero no es una patente de corso eterna.