El rechazo a la Guerra de Calderón, continuada por Peña Nieto, que produjo cientos de miles de muertes y decenas de miles de desaparecidos, fue un factor fundamental para la victoria de Andrés Manuel López Obrador, porque prometió regresar al ejército a sus cuarteles.

El Decreto presidencial publicado el lunes 11 de mayo 2020, de un plumazo da un viraje contra el compromiso de detener dicha guerra:

“Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” desde ahora y hasta el 24 de marzo de 2024.

Es una traición a más de 30 millones de ciudadanos.

Por más que sus lambiscones quieran tapar el sol con un dedo, éste decreto es una decisión de graves consecuencias para el país.

Además es una grosera violación a lo establecido en el  el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que entró en vigor el 26 de marzo de 2019, que fue introducido para conseguir la unanimidad que aprobó las correspondientes reformas constitucionales.

Unanimidad conseguida por medio de comprometerse, a que el mando de la Guardia Nacional sería  civil. Lo que algunos señalamos como una burda trampa.  Que  se demostró al poner al frente de la recién creada Guardia Nacional a un militar en retiro.

Ahora queda  más claro que nunca, que esa “unanimidad”, la obtuvo el presidente recurriendo a una maniobra muy similar a las “mayorías” conseguidas mediante el Mensalao en Brasil, en una palabra , por medio de la compra de los votos de diputados y senadores de los supuestos partidos opositores.

Traición a sus electores y compra de diputados y senadores, para  imponer una peligrosa militarización que fracasó y resultó funesta para México.

La cuestión de darle tanta fuerza a los militares, en un momento tan crítico, no puede  examinarse únicamente ante el tema del incremento de la violencia. Por si mismo, una expresión más de la política de fracasos del presidente. Debe verse vinculada a cada aspecto del conjunto de una tendencia, crecientemente  orientada a construir un poder omnímodo para el presidente.

En ésta  semana se produjo una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia. Rechazó  de manera unánime la maniobra ubicada en Baja California, que fue una especie de “ensayo” para calibrar las posibilidades de  hacer posible, la reelección o ampliación del periodo en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

La Suprema Corte de Justicia consideró como “un verdadero fraude a la Constitución”,  la pretensión de Jaime Bonilla Valdez, quien mediante el soborno a los  Diputados Locales, de filiación diferente a Morena, obtuvo la “aprobación” de una reforma  para  convertir  una elección por dos años en su ampliación a cinco años.

Desde que surgió esa maquinación que violaba los principios de certeza electoral, el presidente evadió definirse con claridad contra ese fraude, por lo tanto dejó correr la posibilidad de que esa aberrante alteración de la voluntad ciudadana, se pudiese colocar como un “antecedente” para hacer lo mismo en el plano federal.

En gran medida esa puede ser la intención, aparentemente ingenua y “democrática” , de la “revocación”  para el mandato presidencial.

La trama es muy siniestra. Sí el “pueblo”,  lo “ratifica” en  2022 o antes si logra hacer coincidir esa “consulta para revocarlo”  con las elecciones  intermedias del año próximo;  no debe descartarse que  el presidente considere que: “acorde  con la  soberanía popular” proponga los cambios Constitucionales  y/o legales para “acatar” ese “mandato popular”. Lo que puede significar, en los hechos, una ampliación de su gestión.

Todas éstas especulaciones no tendrían ninguna base, en un medio político  de respeto a las incipientes  prácticas republicanas y democráticas, pero ante los reiterados actos de concentración del poder en el presidente, que hemos  padecido durante éstos 17 meses y medio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, es una variable  que no debe descartarse.

Todo éste complicado proceso decadente, está ocurriendo en un marco planetario de quiebra de muchas tradiciones, instituciones y hábitos de los humanos, derivados de la inesperada pandemia del Covid-19.

Ante  ésta crisis hemos  visto como el presidente  dio  vuelcos  extremos,  de su postura inicial del 4 de marzo “Hay que abrazase, no pasa nada”, a la tristemente célebre expresión del  2 de abril de “nos vino como anillo al dedo” y su admisión  el 12 de mayo “les confieso que hace mes y medio recibí un informe en el sentido que teníamos que tomar decisiones de urgencia… pasamos momentos difíciles, porque no había estructura para enfrentar la pandemia”.

Todo ese comportamiento, no debe separarse de sus aparentes delirios, en torno a las cuestiones vinculadas a la dañina política expresada en la recesión económica. Como sus posturas de sustituir conceptos como Producto Interno Bruto, por  un ambiguo término  Bienestar y su confusión en relación a los términos  Desarrollo  y Crecimiento  además de la demagógica “teoría “ de la Economía Moral.

Un Jefe de Estado y de Gobierno, con carencias  evidentes para afrontar los retos “normales” y no se diga los inesperados, ha venido desarrollando un “discurso”  para  evadir la realidad.

Esa conducta, puede estar detrás de éste viraje reciente, expresado en el decreto para darle a las fuerzas armadas el papel de policía, que tanto dijo combatir durante los  sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Las encuestas y consultas, en torno a la calificación del presidente, ofrecen resultados muy antagónicos . Unas reportan tendencias de creciente descenso, hay otras que  lo siguen manteniendo en un alto nivel de aceptación.

En cualquier caso, el presidente ha optado por una política de polarización, donde  como él mismo lo ha dicho, palabras más o menos: quién no está conmigo, está contra mi.

Si bien es cierto que mantiene nexos de concesiones  inmensas a grandes capitales, como los contratos a Salinas Pliego incluso a Slim y otros grandes empresarios o poderosos capitales,  antes ubicados y denostados como la “mafia del poder”; en su demagogia cotidiana  se pone la máscara de “primero los pobres” y de lucha contra los “conservadores“ y entre ellos los empresarios, a niveles demenciales como los ataques a los médicos.

Esa  “estrategia” está  generando una  imagen de presidente solitario, enfrentado a los “conservadores”, que  promueven sus  estrategas, ante lo cual  se requiere de “movilizar al pueblo” para frenar  los intentos “golpistas”.

Es en el conjunto de ese abigarrado escenario donde hay que  examinar su sistemática política de seducción a los militares.