Con la jornada del Día del Maestro de este año culminó la cuarta parte del período de gobierno conferido en 2018 a Andrés Manuel López Obrador. Para unos será poco y para otros mucho. Es tiempo transcurrido y por transcurrir que marca la posibilidad de apreciar los propósitos y los ofrecimientos, la ruta para la concreción y el horizonte de las posibilidades, en una gestión que ha debido enfrentar la imprevista pandemia del SARS CoV2 (Covid-19) y todas sus implicaciones.

Se planteó una transformación de la vida nacional con aspiraciones de mandato fáctico derivado del triunfo de una revolución, cuando la encomienda es el resultado de la voluntad democrática en una elección clara, pero dividida en más de un sentido. No es mandato -por escribirlo así- revolucionario, sino democrático. La derrota ocurrió en las urnas y no por las armas. Por eso llama la atención que el Ejecutivo recurra a la exclusión de quienes no simpatizan con él para investirlos de reaccionarios y actores de una derrota moral permanente.

Sin duda que el país requiere cambios. Hay logros, pero también rezagos; hay avances, pero también incumplimientos. La opinión sobre la necesidad de hacerlos es prácticamente unánime y esa consideración representa una parte relevante de la síntesis de la percepción nacional sobre nuestra realidad en 2018. Pero la identificación de esa necesidad por la gran mayoría de las personas no implica compartir todos los objetivos, los énfasis y los medios para lograrlo.

No se identificó —tal vez— que la voluntad de cambio no era exclusiva de una formación partidaria o de quien la encabezaba, ni monopolio de un mandatario. Y se ha pretendido que el cambio es y será lo que contenga la idea, el planteamiento y la propaganda de la cuarta transformación. En esta consideración excluyente se ha anclado la premisa del desarrollo de las posturas que impulsan la escisión, la división e, incluso, la confrontación del Ejecutivo Federal y de la administración a su cargo con el resto del espectro político, económico y social, quienes consideran inadecuado, incorrecto o inviable el dominio de unos y la separación de otros.

La transformación basada en la división que pretende someter y la centralización de la gestión pública en la figura presidencial trajo sus consecuencias para la política: el asomo del hegemonismo y la voluntad de subordinar todo espacio de autonomía; la economía: el clima de desconfianza e incertidumbre, la falta de inversión, el debilitamiento de las finanzas públicas, la pérdida de empleos y la ausencia de crecimiento; y la sociedad: el asistencialismo en vez del desarrollo social, el aliento a la confrontación de grupos por razones económicas, sociales o morales, y el adormecimiento de las libertades.

La ruta parecía muy clara: confrontar y dividir a lo que resiste, y articular subsidiar a los simpatizantes actuales y potenciales, con miras al propósito electoral, pasando por el doble intento de aparecer en las boletas de los comicios del 2021 por la vía de la “ratificación” del mandato.

En el conjunto del escenario hay dos elementos adicionales: el disgusto social extendido por la percepción de hechos de corrupción en todo lo que antecede, salvo si se trata de personas convertidas a la doctrina de la transformación anunciada. El tema es de uso político a conveniencia: los resultados de los sondeos de opinión y la acusación al pasado con la impunidad al presente.

Y la apremiante situación del deterioro continuado de la seguridad pública, con no sólo la ausencia de un planteamiento estratégico susceptible de comprenderse por la sociedad, sino con angustiantes manifestaciones de la presencia territorial ostentosa de distintos grupos de la delincuencia organizada y la necesidad de fortalecer las instituciones policiales de la Federación y de las entidades federativas.

Se apreciaban la propuesta personal y el plan de ejecución con la aplicación de los recursos federales necesarios, y la administración tanto de los casos de corrupción como de la atención a los problemas de inseguridad pública. Sin embargo, la emergencia sanitaria vino a modificar de raíz las condiciones en las cuales transcurre la vida nacional; sus implicaciones y consecuencias no alcanzan a dimensionarse. Con gran insensibilidad, el mandatario ejecutivo federal señaló que la enfermedad le resultaba “como anillo al dedo”. Es decir, era justo lo que necesitaba. ¿Será cierto?

Más allá del exceso retórico dentro del abuso en el uso del micrófono, la magnitud de la pandemia del tejido social, el funcionamiento de la economía y en los procesos comunitarios más esenciales, como el de enseñanza-aprendizaje, tendrá consecuencias no previstas y de muy difícil solución para el proyecto gubernamental. Ante este escenario de atención, vemos algunas muestras de los ajustes presidenciales:

1. a) la manipulación de la información sobre la pandemia y la construcción de una percepción favorable sobre la gestión de la administración. Diversos especialistas lo han acreditado: sin pruebas masivas y con el uso de los datos para que las conclusiones deseadas no se diluyan, no hay conocimiento suficiente, ya no para la protección de algunas reputaciones, sino para prevenir y evitar pérdidas de vidas, e instalados en la manipulación, en la reactivación de las actividades económicas por el surgimiento de contagios innecesarios derivados de la falta de concertación y protocolos;
2. b) el abandono del objetivo de formar la Guardia Nacional como la institución civil federal a cargo de la seguridad pública en todo el país. Puede ser simulación o rectificación. Primero propuso una Guardia Nacional en el ámbito de las Fuerzas Armadas y se construyó el acuerdo para la reforma constitucional, pero la realidad de su aplicación revela una institución castrense y la subordinación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El acuerdo para la participación de las Fuerzas Armadas con mandato general y tareas específicas en funciones de seguridad pública, marca un riesgo para las libertades;
3. c) las determinaciones para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en el abastecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, en perjuicio del medio ambiente, de la participación de los particulares en la generación del fluido eléctrico con base en las energías solar y eólica y de la transición energética; y
4. d) la conculcación real del debate político en las Cámaras y la Comisión Permanente, privándose al país de la deliberación entre representantes populares de la pluralidad nacional en medio de una crisis sanitaria y en los albores de una crisis económico-social.

No sé si como anillo al dedo, pero los ajustes remarcan la voluntad de mantener el impulso de la concepción del Ejecutivo Federal para el país. Si en la antesala de la pandemia y su llegada no hubo diálogo, conciliación y acuerdos, no los habrá porvenir. Se afirmará la confrontación en un escenario de enorme deterioro de la economía y sus consecuencias, lo que permite presumir una mayor complejidad para mantener el proyecto.

En la decisión de mantener el enfrentamiento será más difícil sostener la viabilidad del proyecto. Podrán surgir la necesidad de encontrar culpables ante el fracaso, la renovada conveniencia de organizar el equilibrio de la pluralidad y el peligro de la prolongación de la confrontación. Un panorama muy complejo.