Ahora que ya se empezará lentamente a reabrir las actividades sociales, ya está en la atención de todo mundo los estragos que el necesario confinamiento está provocando en la economía y, en consecuencia, en la sociedad. Por supuesto, el signo que abarca al mundo en su conjunto es la incertidumbre. Nadie sabe hasta dónde va a llegar la crisis. La mayoría considera que podría ser tan grave como la que se inició en 1929 que es la más larga y profunda que ha vivido el capitalismo, y aún se teme que la actual podría ser peor, pues nunca se había vivido la parcial paralización y prácticamente simultánea de casi todas las economías del mundo.
Si bien la duración y la profundidad permanecen en la incertidumbre, lo que es seguro que ocurrirá es la crisis económica y también que afectará a todos los sectores. Ante la inminencia de esta gran crisis, los diferentes gobiernos del mundo han empezado a elaborar planes para reactivar la economía. En ese proceso, hay una determinación que, aunque no se mencione, es lo más importante. Esa determinación es que para definir el plan de recuperación o de atenuación de la crisis, primero hay que decidir qué sectores de la sociedad pagarán los mayores costos y cuáles recibirán una mayor protección frente a la caída de la economía. No es necesario aclarar que en las sucesivas crisis acontecidas en las últimas décadas, como la de 1994 o la de 2008, los gobiernos neoliberales (recuérdese, por ejemplo, el salvamento -el más cuantioso que ha existido en el mundo- instrumentado por el gobierno de Estados Unidos a favor de aseguradoras, financieras o automotrices) eligieron siempre proteger a las grandes empresas y dejar que los sectores populares pagarán los mayores costos.
En el caso de México, frente a la gran crisis que se avecina, la actual administración ha orientado su plan sobre cuatro ejes:
- Hacer hasta lo imposible para no aumentar la deuda
- Proteger fundamentalmente a los sectores vulnerables de la población y a los micros, pequeños y medianos empresarios.
- No emprender los rescates de grandes empresas, como el aplicado, por ejemplo, con el Fobaproa.
- No aumentar impuestos, ni recurrir a aumentos de precios como el gasolinazo, y para dinamizar la economía dar celeridad a los llamados megaproyectos como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el corredor transístmico o el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía.
Por supuesto, el plan ha provocado no sólo un enconado debate, sino una agresiva respuesta de las organizaciones empresariales. Por supuesto (se vería muy mal) nadie ha criticado que se proteja a los sectores vulnerables, pero fundamentalmente se argumenta que hay que proteger a los empresarios, porque ellos generan empleos. También, y no sólo los empresarios sino los diversos medios de comunicación, han insistido en que se contrate deuda para financiar un apoyo a las empresas y no sólo a los programas sociales.
Me parece importante señalar que, en efecto, debe evitarse a toda costa contratar nueva deuda, porque los saldos de la deuda pública han alcanzado niveles alarmantes, pues la deuda externa llega a 99 mil 835 millones de dólares y la interna alcanza los 6 billones (millones de millones) 695 mil 548 millones de pesos. Esta última cifra es aproximadamente lo que importa todo el gasto público en este año de 2020. Otro aspecto que hay que mencionar es que ante la caída sin precedentes del precio del petróleo, la estrategia es aumentar la capacidad de refinación con el fin de disminuir las importaciones de gasolina, que, como se sabe, son altísimas.
Independientemente de lo acertadas o no que sean las estrategias de los distintos países, lo único cierto es que los próximos meses estarán señoreados por la incertidumbre.