No soy jurista, pero a fe mía que la Cuarta Transformación es mucho más que palabrería y concentración de recursos económicos y políticos bajo el control del presidente López Obrador. Con reformas constitucionales, promulgación de leyes y decretos se construye un andamiaje para sustentar un régimen autoritario.

Hoy, para fines prácticos, el Poder Legislativo es un apéndice del Ejecutivo, claro con el aguante de lo que queda de los partidos políticos de oposición; la Suprema Corte colonizada en parte y la eliminación de órganos autónomos o sustituidos por instituciones subordinadas —como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación— configuran lo que viene para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y el Instituto Nacional Electoral y, tal vez, para las universidades autónomas.

El concepto de república imperial que acuñó Enrique Krauze bajo la inspiración de las obras de Daniel Cosío Villegas, plasma un régimen unipersonal donde las facultades metaconstitucionales que ejercía el presidente en la era del PRI conjugaba la figura del líder carismático con una racionalidad burocrática piramidal. En la cúspide un hombre fuerte. El sistema se fue con la apertura económica y la transición a la democracia electoral.

Todo apunta a que hay un espíritu refundacional de aquel régimen. Hay un hombre fuerte en la presidencia que busca institucionalizar su hacer con un proyecto político — personalista— que implica un ejercicio vertical del poder, una política de masas que desdeña instituciones formales y órganos de autoridad. Arnaldo Córdova apuntó que era una forma de gobierno populista; atención no usaba el vocablo populista en términos peyorativos.

David Dyzenhaus, un profesor de leyes y filosofía de la Universidad de Toronto, muestra que hay una base intelectual robusta para apuntalar la política del hombre fuerte (Lawyer for the Strong Man/Abogado del hombre fuerte, en Aeon, 12 de junio). El populismo no sólo es una forma de hacer política de chivo en cristalería; existe una corriente teórica que justifica esa forma de gobierno: “Dentro de esa tradición, se destaca un pensador: el abogado constitucionalista conservador alemán y teórico político, Carl Schmitt (1888-1985)”.

Hoy su nombre se acerca a un lugar común ya que durante un tiempo fue el asesor legal del régimen nazi. Sin embargo, antes de su conversión al nazismo había sistematizado cómo podrían desarrollarse estrategias populistas en la esfera legal/constitucional. En The Concept of the Political (1932), “afirmó que lo fundamental para ‘lo político’ es la distinción entre amigo y enemigo, quién está en la comunidad política y quién está fuera.”

Cito dos pasajes de Dyzenhaus para levantar mi punto: “En el período de Weimar, durante el cual una república desvencijada gobernó la Alemania de entreguerras de 1918 a 1933, Schmitt tomó como un hecho básico que la democracia era el único principio de legitimidad capaz de obtener el apoyo de las masas. Entonces, para este supremo antiliberal, el desafío era reinterpretar la democracia en términos autoritarios”.

“Su identificación con el nazismo oscurece el argumento de Schmitt, expresado en términos constitucionales; concluye que el jefe del ejecutivo es el verdadero ‘guardián de la constitución’ y, por lo tanto, la máxima autoridad legal. Este argumento es el componente más significativo de la lógica schmitteana. Es importante entenderlo porque la política de los hombres fuertes de la actualidad a menudo generan críticas como si fuera un asalto al Estado de derecho. Sin embargo, su consejero jurídico y los jueces que nominan para las cortes entienden su enfoque de la ley, uno que reúne cada vez más poder para el líder, como se requiere constitucionalmente, no intencionalmente contra la ley” (traducción libre).

Con reformas constitucionales, nuevas leyes y decretos, se avecina una configuración legal que fundamentará el “conmigo o contra mí”, los “de adentro y los de afuera”. Y, por sobre ello, nada de autonomía “Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades”.

Tal vez eso explique el activismo del presidente López Obrador para la elección de 2021. Pienso que quiere agrandar su mayoría en la Cámara de Diputados e intentar más cambios a la Constitución. No que desaparezca el precepto de que México es una república democrática y representativa (artículo 40), sólo afirmar la preeminencia del Poder Ejecutivo, una interpretación de la democracia y representatividad en términos autoritarios.

Por ello los ataques con cierta alevosía contra instituciones autónomas y no autónomas que no enlazan con su proyecto personal. Por ejemplo, en la iniciativa de reforma al artículo 3º que el presidente envió al Congreso el 12 de diciembre de 2018, no apareció la fracción VII, la que consagra de la autonomía universitaria. Ante el reclamo unánime de rectores, profesores e intelectuales, el gobierno argumentó que fue una errata. Pero no la modificó, los diputados de oposición hicieron la tarea, reestablecieron la cláusula.

A lo largo de 2019 el presidente enjuició a universidades y rectores —por sus ingresos y títulos— y decantó su deseo de gobernar sobre ellas. El 12 de marzo del año pasado asentó: “Hay universidades con influencia política, incluso vinculadas a partidos y las comisiones de educación en el Congreso manejadas por representantes de universidades, diputados o senadores, pero al mismo tiempo ex rectores o integrantes de grupos que manejan universidades y que tienen mucha capacidad de gestión y obtienen muchos fondos para las universidades. Pero la queja es que ese dinero no se aplica bien”.

Cierto, muchas autoridades de universidades caen en excesos y hay corrupción. Pero la Cuarta Transformación no busca arreglar lo que funciona mal, sino eliminar el régimen de autonomía.

En el decreto del 2 de abril de este año, el presidente ordenó la reducción del 75 por ciento del ramo 3000 para organismos descentralizados y desconcentrados y puso en reserva un porcentaje del subsidio a las universidades públicas. Tras protestas dio marcha atrás, pero el decreto continúa vigente.

Aunque la pandemia, la violencia criminal —que aumenta días con día— y el mal desempeño del gobierno en la economía han debilitado la credibilidad del presidente, quiere escalar usando los programas sociales y darle la vuelta al Congreso para manejar el Presupuesto de Egresos de la Federación a su voluntad.

Si lo logra, tendrá un veta para el control vertical de las arcas del gobierno federal, renacerá la república imperial. No será en contra de la ley, sino apoyándose en la letra que el hombre fuerte dicta y sus fieles aprueban. Pienso que en las universidades públicas ya pusieron sus barbas a remojar.