En víspera del proceso electoral 2020-2021, se dan actos anticipados de campaña por actores de relevancia en el escenario político nacional. Es el caso de los gobernadores panistas en los estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Yucatán, Baja California Sur, Quintana Roo y Tamaulipas.
Su posición es adecuar la forma en que se distribuyen los recursos federales y su inconformidad por no tener, supuestamente, apoyo federal en el trato del coronavirus.
Las erogaciones están en la Ley de Egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados cada año en los ramos 28, “participaciones a entidades federativas y municipios”; y el 33, denominado “aportaciones federales para entidades federativas”. Su base está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Coordinación Fiscal.
Los criterios de equidad buscan el fortalecimiento del pacto federal. La fórmula incluye el número de habitantes de cada estado. Contempla el producto interno per cápita y en caso de no existir este dato se toma el Producto Interno Bruto estatal que se divide con la proyección de población que a mitad de año exista.
Más de 759 mil millones de pesos se distribuyen para infraestructura, educación, salud, asistencia social, seguridad pública cuyo destino concreto son los territorios de los estados. Aquí se integra la aportación directa que se da a las entidades estatales por 48 mil millones.
En el ramo 33 es significativa la aportación a esos estados panistas. Además, hay otros programas que aterrizan en esas demarcaciones como el de indígenas dado que todos esas entidades en poder del PAN cuentan con esta población. Lo mismo se puede señalar respecto a recursos orientados al programa de equidad de género. Así que las inconformidades de los gobernadores panistas no tienen razón de ser salvo por sus matices propagandísticos con miras en la elección del 2021.
Precisamente porque cada entidad federativa plantea que debe reconocerse su aportación a la Federación en el presupuesto, existen mecanismos institucionales como los convenios de coordinación, la reunión nacional de funcionarios fiscales en donde están representados los estados y un instituto que estudia las tendencias en la economía y evolución en la captación de ingresos y en los egresos. Por eso, el presidente López Obrador no ve con seriedad la posición de los gobernadores panistas en esta cuestión.
Se debe actuar con prudencia en virtud de un pacto federal que equilibra criterios de todos los gobernadores. Es decir, hay un sistema que puede perfeccionarse pero que ahora sirve para mantener solidez en las bases del federalismo mexicano que propende a fortalecer a la nación en su conjunto.
Por lo que hace al escaso apoyo que dicen los gobernadores panistas han recibido del gobierno federal para enfrentar la pandemia observamos que, hasta ahora, la conducción del presidente López Obrador sobre este asunto tan complicado va mostrando sus resultados nacionales en etapas que ahora ya nos señalan caminos hacia el restablecimiento de la actividad económica y social así como un aceptable control de la epidemia que habrá de acompañarnos hasta que se pueda encontrar la vacuna que neutralice su expansión y los riesgos a la salud.
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