Con independencia de que quien escribe estas líneas está en desacuerdo respecto al momento para declarar el fin de la llamada “jornada nacional de sana distancia”, dado el aún alto índice de contagio del virus SARS-CoV-2 en nuestro país, lo cierto es que ha comenzado ya la denominada por las autoridades federales “nueva normalidad” y con ello surge la expectativa de la población por regresar a sus actividades cotidianas. Poco se ha hecho por dotar al ciudadano de un elemento que es fundamental en toda democracia y que se refiere a la claridad, a la seguridad y a la certeza, con respecto a las normas que le rigen. Así lo que inició como un auténtico caos normativo perece hoy imposible que termine con orden. A la fecha, no se ha podido dotar a la población de reglas claras que puedan cumplirse con facilidad en aras del beneficio colectivo, ni siquiera para el retorno de actividades no obstante que las autoridades contaron con más de tres meses (Desde el 27 de febrero de 2020) para diseñar el plan pertinente.

En esta ocasión, me centraré en el Poder Judicial y su todavía pendiente retorno, pero más que de su retorno de su aún ausencia. Ese aparato estatal que ante la crisis ha dejado abandonado al ciudadano, actuando por excepción y no por regla, sin accesibilidad y en las sombras, inmóvil, a la espera del dictado de rumbo por parte del Ejecutivo.

Pero no es que todo sea malo, por supuesto hay honrosas y muy claras excepciones a esta crítica. Y es que inclusive en este contexto de emergencia sanitaria, se ha dado una increíble y fructífera lluvia de procedimientos (de entre los que resalto los juicios de amparo) que, en el agregado, sin duda han contribuido a enriquecer nuestra vida democrática. De esta forma, haciendo honor a la tradición más loable del amparo mexicano, se han obtenido suspensiones que protegen a personal médico, en específico, ordenando a las autoridades sanitarias que les doten de Equipo de Protección Personal y capacitación. Éste constituye un ejemplo claro de la efectividad de este medio protección, salvaguardando lo más importante: la vida e integridad personal. De esta forma, las suspensiones han llovido, tanto provisionales como definitivas, así como sus confirmaciones en los recursos de queja y de revisión correspondientes. De ahí que, aún existiendo algunos matices que analizar en torno al cumplimiento, el amparo ha servido para proteger al personal médico. También se han promovido amparos por personas a las que se les ha negado la asistencia médica, así como el diagnóstico y pruebas, en cuyo caso también se activó el aparato institucional y funcionó adecuadamente mediante el otorgamiento de suspensiones.

Otro ejemplo de celebrarse es el de los juicios en los que personas en situación de vulnerabilidad han solicitado la protección de la Justicia Federal, en el marco de la epidemia. Así se ha continuado con la presentación de demandas de medicamentos esenciales, destacando el caso de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Esto también aplicable a quienes, ante una emergencia sanitaria, no tienen acceso a los servicios esenciales de sanidad, como el agua potable. Vaya incluso se promovieron amparos y se concedieron rápidas y contundentes suspensiones frente a la eventual aplicación de la llamada Guía Bioética, lo que llevó a la autoridad a su modificación.

Hablando de personas en situación de vulnerabilidad, lo que resultó lamentable fue el intento del Ejecutivo Federal y la mayoría en el Congreso por engañar a la sociedad con una supuesta Ley de Amnistía cuya protección nunca llegó. Antes se otorgaron beneficios de libertad anticipada, como marcaba la ley penal sin necesidad de dicha legislación. Por el contenido de los transitorios de la Ley aprobada, se sabía desde un inicio que no iba a poder hacerse efectiva en tiempo para utilizarse como vehículo de pre liberación para personas en riesgo ante esta epidemia. El Consejo de la Judicatura Federal inclusive dio el carácter de asunto urgente a las solicitudes de pre liberación y amnistía en el marco de la recientemente aprobada Ley de Amnistía. Sin embargo, esto quedó sujeto a la creación, por parte del Ejecutivo, de una Comisión para aprobar las solicitudes. Una promesa más de justicia social que ha sido incumplida desde Palacio Nacional.

Ante todo este concierto de desorden, arbitrariedad, crisis, desamparo y labor judicial, se emitieron los Acuerdos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Secretaría de Energía, con respecto al bloqueo de inicio de operaciones de las generadoras de energía fotovoltaica y eólica, así como la prioridad a fuentes no renovables. Ahí también, la Justicia Federal ha estado emitiendo protecciones cautelares. Temas como éste que se soltaron en plena emergencia sin importar el contexto económico y social. Como por ejemplo el relativo a las nuevas reglas sobre etiquetado frontal de alimentos y bebidas preenvasados. Ahora, probablemente vengan los juicios en contra del inicio de actividades de construcción en el proyecto del Tren Maya, así como los correspondientes a las actividades que están siendo afectadas por los recortes de hasta el 75% en la Administración Pública Federal.

Todo lo que he relacionado, permite vislumbrar que el amparo sin duda está cumpliendo su función; pero no alcanza, no es suficiente. Principalmente porque no se ha logrado el anhelo de acercarlo realmente a la población.

Pero en el amparo no se agotan las vías de protección de nuestro orden constitucional, sin entrar en detalles técnicos. También se han presentado controversias constitucionales con carácter de urgente, como por ejemplo la promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Decreto que reduce los tiempos fiscales a concesionarios de radio y televisión, si bien en dicho caso la Suprema Corte negó la suspensión.

En esta crisis los héroes judiciales son aquellos que integran los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de guardia, los Juzgados y Tribunales en materia penal y familiar, así como el personal de guardia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El resto de los órganos jurisdiccionales demostraron en los hechos que no son esenciales.

De ahí que en la anunciada reforma al poder judicial debe adicionarse un capítulo correspondiente al funcionamiento de estas instituciones en caso de emergencias sanitarias y desastres naturales. No puede haber solo justicia para “casos urgentes” por meses. Todo asunto que requiera revisión judicial debe ser atendido.

Durante estos meses de pandemia, aún los órganos jurisdiccionales de guardia, se han visto sumamente rebasados por la realidad. La interacción con los particulares y abogados es sumamente entorpecida por una falta de accesibilidad en sus sistemas informativos. Aún considerando los Acuerdos emitidos durante las últimas semanas. Los Tribunales Federales discuten y resuelven, sin embargo el justiciable no tiene acceso más que unas cuantas palabras que son utilizadas para clasificar los fallos en el portal electrónico. Ello aunado a que es sumamente complicado establecer comunicación con el personal de los juzgados y tribunales; ni hablar de formular alegatos verbales. Deberían habilitarse las audiencias por vía electrónica en todos los órganos jurisdiccionales del país, no solo en el Tribunal Electoral. Y es que el sistema sobre el cual están operando no está diseñado para esto. Las guardias funcionan, pero son por naturaleza excepcionales.

Ahora en la nueva normalidad el Poder Judicial debería retomar la mayoría de las funciones jurisdiccionales, no solo aquellas urgentes. Similar a lo que está haciendo la Suprema Corte, al haber implementado el uso del sistema electrónico para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica, además de la celebración de audiencias y comparecencias a distancia. Sin embargo, lo cierto es que el Máximo Tribunal no es accesible para la mayoría de los ciudadanos.

Todos los juzgados y tribunales del país deberían hacer los ajustes necesarios, cuanto antes, para mantenerse como un vehículo de solución de conflictos en la sociedad. Su legitimidad está en juego. Esto puede lograrse aún sin actividades presenciales, explotando al máximo los medios tecnológicos. Tal vez sea a partir de esto que por fin se dé un giro definitivo hacia la digitalización del ejercicio de la profesión jurídica. Este virus no dejará de ser una amenaza hasta que exista una vacuna y en un futuro podrán acontecer emergencias similares. Por ello es que necesitamos soluciones sostenibles y de largo plazo.