ACAPULCO, Gro.- La detención de José Ángel Casarrubias alias “El Mochomo”, constituyó una bocanada de aire a las expectativas de algunos sectores para aclarar la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, ocurrida en 26 y 27 de septiembre de 2014.
Unas horas antes, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que “ven con agrado que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara a un juez federal que emita 46 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de Guerrero por el caso de los estudiantes desaparecidos, así como la detención del Mochomo por poseer información que llevaría a saber dónde están los estudiantes. Era el líder del grupo criminal cuando ocurrieron los hechos”.
Sin embargo al cuestionarle sobre la posibilidad de que la lista de detenciones incluya a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador y de Iñaki Blanco, ex procurador comentó: “se están llevando a cabo las investigaciones, ellos han ido a declarar. Lo que vemos ahorita es que van avanzando los resultados por parte de la Fiscalía que lleva el caso Ayotzinapa.
En opinión de Iñaki Blanco, ex procurador de justicia en Guerrero, ahora el Ministerio Público se encuentra en aptitud de reencauzar la indagatoria y perfeccionarla y ejercer de nueva cuenta la acción haciendo valer hipótesis delictivas distintas como la desaparición forzada y la delincuencia organizada.
La línea de investigación que involucra al narcotráfico con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla Guerrero volvió a tomar vigencia en días recientes tanto con el atentado a Omar García Harfuch como con la detención José Ángel Casarrubias y la fuga de Tomás Zerón de Lucio.
El 29 de junio, la Fiscalía General de la República dijo que solicitó las 46 órdenes de aprehensión que giró un juez federal contra ex funcionarios de Guerrero, por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes.
Ese mismo días se hizo saber que en la semana anterior José Ángel ‘N’, ‘El Mochomo’, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, había sido aprehendido el 24 de junio en Metepec, Estado de México.
Las declaraciones que podría hacer “El Mochomo” son importantes pues dos presuntos integrantes de Guerreros Unidos aseguraron en un interrogatorio ante infantes de la Armada que fue él quien ordenó ejecutar a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según un informe incluido en la causa penal 100/2014, Osvaldo Ríos Sánchez, “El Gordo”, y su hermano Miguel Ángel, “El Pozol”, acusados de ser partícipes del crimen, confesaron a los marinos que los estudiantes fueron enterrados en una fosa localizada en Pueblo Viejo, entre Iguala y Cocula.
Además, los nombres de José Ángel Casarrubias, y de sus hermanos, Adán Zenén y Sidronio, líderes y fundadores de la organización criminal Guerreros Unidos, aparecen en las conversaciones en mensajes de texto que la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos (DEA) interceptó en 11 teléfonos móviles, realizadas horas después de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 y que siguieron hasta dos días después. “Hace unos días, (refirieron que) se encontraban arrepentidos de la muerte de los estudiantes y que ellos, junto con los del cártel, habían matado a los estudiantes, así como que participó en tales hechos los que denominaban policías bélicos y Guerreros Unidos”, se asienta en el oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/DF/CHIMAL/1610/2014.
Después del atentado a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el pasado 26 de junio, se difundió que aparece en una lista de contactos hallada a Sidronio Casarrubias, ubicado como líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, al que se involucra en el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Omar García Harfuch fue comisionado por la Policía Federal como coordinador estatal en Guerrero aunque, oficialmente fue retirado del cargo a principios del 2014.
A más de cinco años de los trágicos hechos que conmocionaron a México las investigaciones realizadas por comisiones de la verdad y por expertos internacionales, no han podido esclarecer lo que pasó realmente con los 43 estudiantes aquella noche en Iguala.
Los únicos antecedentes que permanecen es que la desaparición de los 43 normalistas ocurrió en el contexto de la disputa entre Los Rojos y Guerreros Unidos quienes mantenían una intensa lucha por controlar la producción de heroína en la Sierra de Guerrero.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ofreció hacer nuevas investigaciones y esclarecer lo ocurrido. Pero en el transcurso del 2019 varios personajes involucrados fueron puestos en libertad.
En lo que va de este año tuvieron lugar nuevas de detenciones de presumibles involucrados en el caso.
El 17 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Ciudad de México a Ezequiel Peña Cerda, expolicía federal por su presunta relación con la tortura del maestro Carlos Canto, encarcelado en octubre de 2014 por la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de esa manera se le obligó a que se declarara culpable por la desaparición de los estudiantes.
Otro de los detenidos en esa misma fecha es Isidro Junco, quien se desempeñaba como miembro de seguridad de la Cámara de Diputados en ese momento y también se investiga a Carlos Gómez Arrieta, quien cuando tuvo lugar la tragedia era comandante de la Policía Federal Ministerial.
Una semana más tarde, se obtuvo auto de formal prisión contra Ezequiel Peña Cerda, Ariel Agustín Castillo Reyes e Isidro Junco Barajas, por el delito de tortura.
El 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y aseguró que se trabaja conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con la FGR para avanzar en la investigación.