A principios de abril pasado feneció el mandato de cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con la culminación del período de desempeño de Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco Baños y Benito Nacif, quienes aportaron conocimiento y talento al funcionamiento de ese órgano.

El proceso para la elección de quienes habrán de tomar esa responsabilidad con el voto –al menos– de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados se interrumpió por la suspensión de las actividades parlamentarias a raíz de la emergencia sanitaria y está próximo a concluir con la sesión extraordinaria convocada para ello el 22 de julio en curso.

La posibilidad de construir los acuerdos entre la pluralidad política representada en esa Cámara para sustentar las designaciones no en la mayoría calificada aludida, sino en el consenso –en el sentido gramatical del consentimiento de todas las personas que componen una corporación–, representa un gran reto para la auténtica convivencia democrática en los años por venir.

En momentos políticos en los cuales la polarización se erige como una de las características de este tiempo entre quienes impulsan la propuesta que triunfó en la elección de 2018 y quienes postulan ideas distintas y enfrentan la exclusión como planteamiento gubernamental, es primordial afirmar la solidez del órgano a cargo de la organización y desarrollo de los comicios con criterios estrictos de independencia, imparcialidad, autonomía, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad.

A este razonamiento evidente se agrega otro: la crisis del sistema de partidos, que no es privativa de nuestro país, como lo atestigua la decepción con el resultado de las gestiones gubernamentales derivadas de partidos democráticos que no lograron alcanzar las metas de desarrollo y bienestar que postularon, y el surgimiento de distintas propuestas populistas.

Por diversas causas, los componentes de nuestro sistema de partidos enfrentan un escenario complejo: desconfianza de las y los ciudadanos; reproche por la asignación de recursos públicos para el cumplimiento de sus funciones; desvinculación con causas ciudadanas de amplio y novedoso espectro, y dificultades para postular propuestas susceptibles de realización que superen el mero contraste reactivo con la opción en el gobierno.

Incluso el propio partido del Gobierno Federal da muestras de crisis; no es el partido en el poder, sino el instrumento que creó el hoy Ejecutivo Federal para alcanzar el poder y se mantiene como un movimiento en el cual se convive para ese objetivo en torno a las distintas oportunidades electorales.

Ante un escenario político polarizado y la crisis del sistema de partidos, la función de elegir a quienes se integrarán por nueve años al Consejo General del INE debe asumirse con una auténtica y profunda visión de Estado.

Es simple pretender apreciar al Consejo General como un ámbito donde los partidos –conforme a la fuerza de cada momento– logran presencias a su gusto. Es la simpleza de las cuotas sobre el equilibrio orgánico. Y es ingenuo intentar asumir que en política las personas que buscan servir como autoridad electoral carecen de ideas y convicciones que nos acerquen con los distancie de quienes encarnan la legítima aspiración de ser favorecidos con el voto popular. Esa ingenuidad de encontrar las personas sin pensamiento político.

Para eludir esa simpleza o esa ingenuidad contamos con diseño orgánico y controles sobre el desempeño; en síntesis, órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia en el INE, un órgano superior de dirección -el Consejo General- colegiado con renovación escalonada, un servicio profesional electoral y sujeción de los actos de esas autoridades al imperio de la Constitución y la ley, con un tribunal dotado de las competencias necesarias.

No se arribó a esa institucionalidad sin una importante y decantada trayectoria para reconocer el pluralismo político en la Nación: la verdadera cuarta transformación que hoy quiere soslayarse. Trayecto que arranca en 1977, avanza en 1989 y se consolida en 1996, al saldarse una deuda muy postergada con el origen del compromiso democrático de la Revolución Mexicana.

Así, el INE, como lo fue el Instituto Federal Electoral, particularmente a partir de 1996, se consolida como órgano del Estado Mexicano con una encomienda toral: asegurar la realización de elecciones auténticas, libres y competidas en condiciones de equidad y sin la injerencia indebida de los poderes constituidos o de los poderes fácticos.

Para la integración de un órgano del Estado es indispensable el compromiso con la visión de Estado. Ese es el reto que enfrentará la Cámara de Diputados en unos días. Colocarse más allá del punto de vista de partidos; ubicarse por encima del criterio de los intereses del gobierno o de los partidos en los cuales militan los integrantes de esa Cámara; situarse en el mirador del interés público más amplio, del interés del Estado, del interés del buen funcionamiento de un órgano que, apegado a los principios que lo rigen, garantiza que los procesos a su cargo salvaguarden el derecho político soberano de cada ciudadana o ciudadano a decidir en condiciones de libertad su voto, su opinión en una consulta nacional, si inicia una ley o si revoca un mandato.

Cuando las oposiciones representadas en la Comisión Permanente votaron favorablemente la convocatoria a la sesión extraordinaria en la cual habrán de elegirse dos consejeras y dos consejeros del INE, hicieron gala de una actitud de Estado.

Toca ahora a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados promover y articular el consenso sobre los perfiles idóneos de cada una de las cuatro quintetas que habrán recibido del comité técnico de evaluación.

Era otro método, pero no debe repetirse el error de la elección de consejeros de 2003 con base en un acuerdo que cumplió con la formalidad de la mayoría calificada, pero olvidó la significación del consenso de las fuerzas partidarias para legitimar la autoridad del órgano al cual se sujetan en la competencia por los votos. Se minó la credibilidad del IFE que había presidido José Woldenberg. No cabe vulnerar la confiabilidad del INE encabezado por Lorenzo Córdova.

La mejor prueba del funcionamiento de ese órgano es el desarrollo y el resultado del proceso electoral del 2017-2018. En los comicios hay emociones e incluso pasión. Suceden cosas y para encauzarlas la institución debe ser leal al compromiso con el Estado y la Constitución que lo sustenta.

Los partidos transitan y los gobiernos terminan. Mejor pensar en el Estado.