Continuando con el compromiso establecido con los concesionarios de la radio y televisión a finales de 2019 para regresarles los tiempos fiscales, el Poder Ejecutivo publicó el 23 de abril de 2020 el Decreto por el que se modificaron los tiempos fiscales de radio y la televisión, con el fin de apoyar a esta industria. Mediante tal acuerdo normativo se realizó una contra reforma jurídica que debilitó los tiempos de comunicación de Estado al regalarles a los concesionarios de la radiodifusión una porción de éstos para que los utilizaran con fines empresariales.
Dicha contrarreforma comunicativa generó, entre otras, las siguientes seis consecuencias para la sociedad mexicana en diversos ámbitos:
1.- Pese a que el artículo 87 constitucional mandató que el presidente de la República debía mirar en todo por el bien y la prosperidad de la Unión; con la reducción de los tiempos fiscales a favor de los concesionarios de radio y televisión en la fase de crisis global del país, sucedió todo lo contrario, pues se dañó al Estado, a la sociedad y a distintos órganos que la integraban.
2.- La disminución de los tiempos fiscales fue una añeja pero latente demanda del empresariado de la radiodifusión desde la década de los 80 del siglo XX que sólo buscó anteponer sus criterios de rentabilidad comercial privada sobre las prioridades del interés público, incluso en medio del avance incontrolable de una pandemia de salud de dimensiones colosales en el país.
3.- El ajuste de los tiempos oficiales en la radiodifusión violó la garantía constitucional de los mexicanos a la comunicación, que incluye el derecho a la información acerca de los asuntos que trata o dirige el Estado y que son de interés público, pues se tendrán menos recursos para notificar a los ciudadanos sobre las acciones de la gobernabilidad en turno. Asimismo, acrecentó los niveles de desigualdad en el acceso a los medios electrónicos y limitó la expresión de la diversidad social, ideológica y étnica, que es una responsabilidad central del Estado.
4.- Lo más delicado de este capítulo sobre sobre el proyecto de comunicación social de la Cuarta Transformación, fue que el mismo gobierno propició la violación de un derecho constitucional fundamental: la garantía de comunicar o el derecho a saber de la sociedad mexicana a través de información de interés público vía los tiempos de Estado. Con este ejemplo gubernamental, ahora ¿cómo podrá demandar el Poder Ejecutivo que los ciudadanos no infrinjan las leyes, cuando el gobierno fue el principal quebrantador del orden jurídico?: el liderazgo gubernamental se construye con el ejemplo, y no con el abuso institucional.
5.- El compromiso presidencial de analizar y revisar los tiempos oficiales ocurrió en noviembre de 2019, durante la Sexagésima Semana Nacional de la Radio y la Televisión, que organiza cada año la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, lo cual coincidió con una crisis comunicacional y fuerte cuestionamiento por parte del poder mediático hacia las decisiones y declaraciones del gobierno federal en diversos temas de interés nacional. El anuncio de la firma del decreto volvió a ocurrir en abril de 2020 durante el epicentro de una estrategia de comunicación errática, con mensajes poco claros y contradictorios sobre cómo enfrentar la emergencia por el coronavirus y la crisis económico laboral derivada de la recesión de la economía nacional.
Incluso, lo más asombroso fue que siendo que tal acuerdo no estaba vinculado de ninguna forma con la profunda crisis nacional que encaraba el país, la notificación oficial de la implementación de dicha negociación entre el gobierno y concesionarios, fue incluido en el contenido del “Programa Emergente Para el Bienestar y el Empleo”, difundido por el presidente de la República el 5 de abril de 2020 desde Palacio Nacional. Así, el Ejecutivo expresó que “el tiempo fiscal, el tiempo oficial, dedicado a publicidad del gobierno se entregará a los medios de comunicación comerciales, porque en esta nueva etapa de la historia de México el gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda. Confía, además, en la inteligencia y la sensatez de nuestro pueblo”.
En este sentido, durante el vértice de la convulsión social por la crisis epidémica del Coronavirus, el proyecto de rescate financiero de los monopolios de la radiodifusión fue elevado por el gobierno de izquierda de la “Cuarta Transformación Histórica”, a nivel de prioridad nacional, por encima de otros severos apremios sociales en dicha coyuntura como era el rescate del colapso de la salud, la caída de la economía hogareña, el agudo avance del desempleo, la crisis alimentaria, el quebranto empresarial, etc.
6.- La reducción de los recursos comunicativos obligará a que el gobierno mine la austeridad republicana, piedra angular del “Nuevo proyecto de Nación” del Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA), pues para informar a la sociedad sobre los procesos de la gobernabilidad, el Estado nación tendrá que comprar más tiempo a las televisoras y las radiodifusoras privadas para realizar la “publicidad oficial”; lo cual abrirá nuevamente un preocupante capítulo de contubernio entre el poder mediático y el poder político que ha intentado superar la actual administración. Tal situación convertiría nuevamente al Estado en un financiador parcial de los medios comerciales privados, lo cual implicó regresar al viejo modelo de contubernio entre el poder político y el poder mediático, violentando todos los principios fundamentales de la Cuarta Transformación.
Con la implementación de dicha “contra reforma fifí”, se confirmó que en México a lo largo de la segunda década del siglo veintiuno, el poder mediático continuó mandando en el terreno de comunicación social y no el poder político. Por ello, al atender unilateralmente los reclamos del poder mediático monopólico por encima de los requerimientos sociales, el gobierno de la “izquierda juarista”, resquebrajó los principios básicos de la filosofía de Benito Juárez, guía ideológico del Poder Ejecutivo, quien en el ámbito de la gobernabilidad postuló que nada se lograría “por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. Sin embargo, en materia de tiempos fiscales de comunicación la dirigencia de la “Cuarta Transformación Histórica” se inclinó por imponer su “contra reforma comunicativa fifí” siguiendo la dinámica salvaje de “todo por la fuerza y la discrecionalidad y nada por la razón y la Ley”.