Ciertamente el proyecto de reforma a las pensiones, cuya iniciativa habrá de presentarse al Congreso en los próximos días no es lo que quisiéramos muchos, pues lo peor de las reformas implantadas en sexenios pasados fue la privatización de los fondos y la posibilidad de que una parte sustantiva de ellos se jueguen en la Bolsa de Valores y, en consecuencia, sirvan para financiar a las empresas.

Esa privatización realizada con el surgimiento de las Afores y las Siefores, que determinan a su entender, o mejor dicho a su interés, a qué empresas le otorgan los financiamientos, sin que los trabajadores tengan voz ni voto, y ni siquiera se enteren, ha provocado que, de manera frecuente, se registren pérdidas millonarias, quiero decir de 30 mil, 50 mil, 80 mil millones o más, en los fondos de pensiones. La privatización, además, implicó un cambio estructural en el sistema, pues pasó de ser solidario y transgeneracional, esto es que las aportaciones de todos los trabajadores en activo conformaban el fondo del cual se tomaban los recursos para las pensiones, a convertirse en un sistema individual, en el que cada trabajador pensionado sólo recibe lo que tenga en su cuenta personal.

Es un hecho que el nuevo proyecto no modifica esa malhadada privatización. Sin embargo, es igualmente cierto que constituye un avance muy importante en las condiciones que deben cumplir los trabajadores para recibir una pensión y también en los montos de las mismas. Dos son las modificaciones más importantes. La primera, es que se cambia el requisito mínimo para ser acreedor a una pensión, de mil 250 semanas registradas en el Seguro Social, lo que equivale a 25 años de trabajo, a 750 semanas, o sea 15 años. Se trata de una disminución que favorece a miles de trabajadores, porque es un hecho que, dadas las condiciones de informalidad en el país, es difícil que un trabajador haya sido registrado todo el tiempo, aunque haya laborado 25 ó 30 años. Se calcula que el 60 por ciento de los trabajadores no pueden acceder a una pensión precisamente por no cumplir con las mil 250 semanas, de manera que la reducción del permitirá que miles cumplan con el requisito para obtener su pensión.

La otra modificación importante es que se aumentarán gradualmente a lo largo de los próximos 8 años las aportaciones patronales de la actual tasa de 5.15 al 13.78 por ciento calculada sobre el salario del trabajador. Este incremento de la aportación patronal se reflejará en la elevación del monto de las pensiones, según el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en un 40 por ciento en promedio, pues los trabajadores que perciben un salario mínimo tendrán un incremento de 103 por ciento, y los que ganan 5 salarios mínimos, uno de 54 por ciento.

En cuanto a las aportaciones del Estado, éstas sólo se concentrarán en los bajos ingresos, y por lo que corresponde a los trabajadores no se les modificará el monto de su actual aportación. Tampoco se cambia la edad de jubilación, aunque tanto empresarios, como otros sectores, habían insistido en que se pasara a 70 o al menos 65 años la edad de jubilación, pero afortunadamente en el proyecto de reforma se conserva en los 60 años.

En resumen, pues, está bien que haya una reducción en el número de semanas, y que se aumenten las aportaciones con el fin de que suba el monto de las pensiones, ya que no sólo eran raquíticas, sino estaban muy lejos de garantizar al menos la sobrevivencia. No es suficiente, sin embargo, porque los fondos de pensiones siguen privatizados, y este hecho es la explicación de que los empresarios hayan aceptado que ellos sean los que aporten para el aumento de las pensiones, ya que seguirán disponiendo, para financiar sus operaciones, de un porcentaje importante, más del 30 por ciento, de los fondos millonarios, que hoy ascienden a 4 billones, 300 mil millones. El negocio, pues, tiene un costo, las mayores aportaciones, pero finalmente les conviene. Esperemos que todavía durante esta administración haya otras reformas al sistema de pensiones.