Entre otros, al menos tres componentes han conducido a la tensión presente en nuestro Federalismo, que se puede identificar por las diferencias ya muy expuestas entre el inquilino de Palacio Nacional y los gobernadores de la Alianza Federalista:

(i) la voluntad del Ejecutivo Federal de concentrar las decisiones sin considerar el parecer de las entidades federativas, como en el desmantelamiento del Seguro Popular y el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar;

(ii) el desdén reiterado del mandatario ejecutivo federal a dialogar y construir entendimientos y acuerdos con los ejecutivos locales que han buscado espacios para hacerlo, como ocurrió en la LIX reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en San Luis Potosí en agosto último, donde el primero optó por no hacer uso de la palabra al culminar las participaciones de los ejecutivos locales; y

(iii) la reticencia absoluta del presidente Andrés Manuel López Obrador a concertar con el orden de gobierno estadual las acciones necesarias para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria del SARS-CoV2 en las sociedades y procesos económicos y sociales de las partes integrantes de la Federación, como lo prueba la ausencia de medidas convenidas para ello.

Si bien el debate de la Nación entre la forma federal y la forma unitaria de la organización estatal quedó superado desde el siglo XIX, sí constituyen ámbitos abiertos y en recurrente valoración los que atañen a la deliberación pública sobre el tipo de federalismo que debemos seguir y consolidar, la distribución de competencias y el acceso a los recursos que permitan atender las funciones asumidas y las formas de colaboración y cooperación entre los distintos órdenes de gobierno. Es parte de una dinámica natural en la complejidad de los asuntos que ocupan a la pluralidad de esferas y responsabilidades.

Preocupa y debe ocupar a los responsables de la gobernabilidad del país la confrontación presente entre el Ejecutivo Federal y la Alianza Federalista, cuyo catalizador primario es el dinero público disponible para el ejercicio fiscal del 2021, conforme a la estimación de los ingresos federales participables a las entidades federativas en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año entrante. Recordando una frase de la tradición del Filósofo de Güemez: el dinero no es la felicidad, sobre todo si es poco.

Es evidente que la recesión económica en la cual estábamos por la incertidumbre generada durante el primer año del entonces nuevo gobierno, afectaría la recaudación; y aún más evidente que las medidas de mitigación y contención de la pandemia en este 2020 —sin la adopción de acuerdos o políticas de carácter nacional— traerían consigo la pérdida de empleos y el cierre de negocios y empresas, así como un impacto negativo en los ingresos públicos.

Si la pandemia es mundial y la emergencia sanitaria y sus repercusiones sociales y económicas son nacionales, parecería muy obvio que las decisiones para superar una y otra requieren enfoques y compromisos, respectivamente, mundial y nacional. Sin embargo, el contraste es notorio.

Así como hacia el exterior se impulsa y defiende el acceso a los beneficios de la investigación científica y al desarrollo de la ansiada vacuna para nuestro país, como parte de un compromiso internacional presidido por la equidad; hacia el interior se busca asegurar los recursos para financiar los programas prioritarios de la administración federal, sin contemplar una distribución equitativa de la disminución de la recaudación entre la Federación y las entidades federativas.

Desafortunadamente la ausencia de la política en la conducción de las relaciones del Gobierno Federal con los gobernadores de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas ha escalado las diferencias hacia una mayor tensión y de esa tensión hacia la confrontación, que además se potencia por el propósito de confundir que emana del programa matutino de noticias y declaraciones presidenciales.

El planteamiento de los gobernadores de la Alianza Federalista fue claro: abrir el diálogo para revisar la propuesta de PEF 2021, a fin de reconocer problemas y necesidades locales, con el señalamiento de que una respuesta negativa llevaría a la necesidad de valorar si permanecer o no en el convenio de coordinación fiscal.

No hay veracidad en afirmar que pretenden abandonar la Federación que conformamos, sino el pacto fiscal sobre las fuentes de tributación y la distribución de los ingresos correspondientes. Está en los discursos de los mandatarios locales del lunes 26 de este octubre: revisar la distribución de recursos derivados de las contribuciones sujetas a la coordinación fiscal con la Federación, o asumir competencias fiscales para que la recaudación de las contribuciones —hoy federales— sea local.

En una sociedad plural y compleja como la nuestra, una de las funciones de la política es encontrar las coincidencias posibles y el terreno para el acuerdo constructivo. Es lamentable que en la presidencia de la República se piense que esa actuación no es deseable y hasta indigna.

Los gobernadores que solicitan reunirse con el Ejecutivo Federal para tratar un asunto que a éste compete, representan al pueblo de esas entidades federativas. Su legitimidad democrática está sustentada en la voluntad popular, al igual que la de Ejecutivo de la Unión. Salvo por una actitud de jactancia propia del absolutismo monárquico, ¿cómo se explica el rechazo dialogar y reunirse con ellos?

Cuando Andrés Manuel López Obrador declara: “No, no hay materia, los atiende el secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura”, no hace sino renunciar a la política como medio para resolver conflictos, concertar acuerdos y construir compromisos en beneficio de la armonía social. No pensaba mucho en la investidura cuando perforaba y luego ofreciera disculpas al otrora cabeza del Cártel de Sinaloa.

Los retos y los amagos también se escalan; dice el Ejecutivo Federal que lo democrático es que consulten al pueblo y surge la respuesta: haremos la consulta. Más tensión en un escenario de por sí complejo. ¿Consultas a modo, como la que puso fin a la construcción de aeropuerto para la zona metropolitana del Valle de México en Texcoco? ¿Consultas constitucionales que no podrían efectuarse sino hasta 2022? ¿Consultas prohibidas por la Ley Suprema, por ser materia de ingresos y gasto público? Parecen fuegos de artificio muy onerosos.

No está en duda la forma federal, sino presente el reproche al centralismo del Ejecutivo de la Unión. Lo que sí está en duda es la coordinación fiscal por los estragos de la pandemia en la economía del país y las finanzas públicas. Lo que sí está en duda son los instrumentos de la política para resolver las diferencias entre las entidades federativas y la Federación.

No se gobierna, se impone. No se hace política, se destruye. Así no se sirve al pueblo.