El arresto en Estados Unidos por posibles vínculos con el narcotráfico del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, no sólo nos toma por sorpresa a las y los ciudadanos por la virulencia con que se condujeron nuestros vecinos del norte, sino que de alguna manera puso al gabinete de seguridad federal en una situación bastante compleja, y los obliga a trabajar en la detección de otros elementos de las Fuerzas Armadas o incluso funcionarios de otras áreas que pudieran estar involucrados en las mismas investigaciones que llevaron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a ordenar la captura del general Cienfuegos.

Hasta la semana pasada, la “incorruptibilidad” del Ejército era una especie de mantra de la vida pública mexicana, una especie de mito fundacional de nuestro país. El Ejército Mexicano como ejemplo de orden, lealtad, disciplina y muchos valores que enaltecen el alma y el espíritu nacionalista una y mil veces. No obstante lo anterior, me atrevo a afirmar que cuando menos desde el sexenio de Felipe Calderón (cuando inició la desatinada y mal llamada “guerra contra el narcotráfico”) no hay nadie medianamente informado en México que no sepa de la corrupción, la violencia extrajudicial, la violación sistemática de derechos humanos y la colusión con el narcotráfico por parte de algunos miembros (desde luego no de todos) de las Fuerzas Armadas.

A propósito de esta detención, en este espacio realizaré algunas reflexiones en torno a las implicaciones que la misma tiene para el Estado Mexicano; todo partiendo de la convicción como abogada de que toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Por lo mismo no pretendo detenerme en las personas sino en las implicaciones que esta detención tiene para el Estado Mexicano a muchos niveles y que sin duda nos debería obligar a replantearnos de raíz cuando menos dos cosas: la primera el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas que no le corresponden (construcción de obras de infraestructura, seguridad ciudadana, puertos, aduanas, etcétera); y la segunda la política prohibicionista de combate a las drogas.

La detención del General Cienfuegos es una decisión inédita para la relación bilateral México-Estados Unidos, por el rango, por la forma, por la presunta fuente de información, por la investigación, y por un amplio etcétera. Vaya, no es siquiera comparable con la detención de Genaro García Luna que por ser un funcionario público era más bien un perfil sexenal o cuando menos afín a cierto grupo en el poder. La detención del general Cienfuegos sin embargo es un parteaguas en esta relación bilateral, no sólo por ser la primera vez que detienen a un miembro de las Fuerzas Armadas de tan alto rango; sino por ser el ejército una institución transexenal. Adicionalmente, se trata de una decisión sumamente agresiva por parte del Gobierno norteamericano. Es una decisión en la que no se atienden los canales diplomáticos, o como lo dijo el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador “investigan pero no informan”. Al respecto, las autoridades mexicanas solicitaron por la vía diplomática información al Departamento de Justicia y la DEA y si bien no hubo mucha, según el dicho del propio presidente se siente tranquilo pues las autoridades del vecino país del norte no manifestaron que estén investigando (cuando menos por el momento) a ningún otro ex secretario de estado o funcionario de alto rango militar miembro de las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que con la detención de un miembro de alto rango del ejercito mexicano se rompe el llamado estado de cosas (statu quo); es decir, la idea de que los militares son incorruptibles. El problema es grave, pues presuntamente el General Secretario estaba coludido con un traficante de poca monta. Y esto, además sacude completamente las bases del Estado Mexicano, lo debilita profundamente, desacredita también a sus autoridades. Es precisamente esto lo que nos debe obligar a reflexionar al interior de nuestro país respecto al rumbo que estamos siguiendo, respecto a la exacerbada militarización en que estamos inmersos cuando menos desde hace más de doce años.

De tal suerte que, si bien es cierto que las detenciones de altos funcionarios como Genaro García Luna y ahora del General Salvador Cienfuegos Zepeda son de relevancia nacional, no debemos concentrarnos únicamente en estos personajes. Debemos más bien enfocarnos en la construcción de un diálogo profundo en torno al absurdo régimen de prohibición y criminalización en materia de drogas, así como sobre las graves consecuencias del sistema de militarización en el que nos encontramos inmersos; pues se trata sin duda de una guerra incomprensible, estructurada (u orquestada) a partir de una “lógica” también incomprensible. En suma, la llamada guerra contra el narcotráfico es absurda, como absurda es la política prohibicionista en materia del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. Como país tendríamos ya que estar avanzando hacia la regulación del consumo y dejar atrás su criminalización. Esto debería estar en el interés prioritario del estado mexicano. No estamos hablando de un tema menor, o de un tema que se resuelva a través de una mera reforma administrativa o de justicia. Se trata de la necesidad de replantear y repensar desde cero la manera de hacer política frente al consumo de drogas.