El tiempo político más reciente en los Estados Unidos de América y México se ha venido caracterizando por los fenómenos de la división y la confrontación emanados de sus respectivas conducciones gubernamentales. En ambas naciones se instalaron vertientes ubicadas en la gama de populismos que han venido a ofrecer propuestas, ante la decepción de las expectativas de la democracia liberal para las personas más vulnerables.

Una vecindad presidida por la asimetría y el propósito de hacer región en un mundo global en el cual la competencia se afirma como el cernidor del estancamiento, que es atraso, o del progreso hacia la generación de riqueza y su distribución equitativa.

Dos gobiernos que no han logrado -y uno ya sin tiempo para ello- permear la convicción de que hay capacidad para acometer las responsabilidades confiadas; la cuestión más evidente: el fracaso para hacer frente a la pandemia del virus SARS-CoV-2 en ambos lados de la frontera. El número y severidad de los contagios y las lamentables cifras de los decesos muestran, en comparación con la actuación de muchos otros países, el saldo lamentable de desdeñar el conocimiento científico por el interés político, y aún más el de corto plazo.

Es necesario recordar el preámbulo de 2016 y las imposiciones de 2019 y 2020, que marcan los referentes de la relación bilateral:

(i) la equivocación de invitar a Los Pinos al entonces candidato republicano que hacía campaña con una constante retórica de agresión a los mexicanos, a lo mexicano y a México, que el país apreció -mayoritariamente- como un agravio a la dignidad propia, en virtud de un pragmatismo que riñe con el principio básico del trato respetuoso entre los pueblos y sus gobiernos;

(ii) la sujeción de la política migratoria mexicana a los dictados de la Casa Blanca, precedida de la amenaza de establecer aranceles a las exportaciones mexicanas, que además ha sido ejecutada con la conversión de casi 30,000 elementos de la Guardia Nacional en policía preventiva y de reacción frente a los flujos de personas migrantes; y

(iii) la utilización del Ejecutivo de nuestro país como componente de la estrategia electoral de Donald J. Trump, en su intento por reelegirse.

Pinceladas de los acontecimientos y del contexto en el cual se produce -el 15 de octubre último- la detención en Los Ángeles, California, del General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), a quien se le imputaron presuntas responsabilidades de conspirar para fabricar, importar y distribuir narcóticos a los Estados Unidos y lavado de dinero por supuestos vínculos con el líder del cartel H-2, Juan Francisco Patrón Sánchez, con base en una investigación realizada por agentes de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) de ese país.

Poco más de un mes después -el 17 de noviembre actual- el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó a la Juez del Distrito Este de Nueva York, Carol B. Amon, que desestimara las acusaciones con las reservas de ley, en virtud de que el Estado estadounidense “ha determinado que pesan más las consideraciones sensibles e importantes de política exterior, que el interés gubernamental en proseguir la persecución del acusado…”

Por otro lado, en el comunicado conjunto del Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República se señaló que esta solicitud se basó en el “reconocimiento de la fuerte sociedad para la aplicación de la ley entre México y los Estados Unidos, y en el interés de demostrar un frente unido contra todas las formas de la criminalidad”, así como en la convicción “de que somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones.”

La solicitud y el comunicado permiten apreciar el fondo de lo que ha sucedido: preservar el valor de la colaboración estratégica entre ambas naciones, ponderándose -de un lado- la seguridad nacional y, del otro, el respeto a la soberanía.

En todo sentido, la detención del General Cienfuegos representa un acto inamistoso entre vecinos y socios: se realizaron investigaciones a un secretario de Estado y presuntamente se obtuvieron elementos para acreditar la comisión de ilícitos, por parte de agentes extranjeros, sin el conocimiento ni la autorización del Gobierno mexicano; se ocultó el resultado de esas indagatorias a las autoridades mexicanas, y se comprometió la vigencia de la confianza necesaria para llevar a cabo los esfuerzos de colaboración contra la delincuencia organizada.

Los países poderosos son reticentes a normar su conducta por el derecho internacional o, dicho de otra forma, cuando las normas internacionales de conducta -bilaterales o multilaterales- no coinciden con su propio orden jurídico, optan por violarlas o por no incorporarlas a su esfera de obligaciones entre Estados nacionales.

Nuestro vecino del norte es ejemplo de ello. No importan las normas sobre asistencia jurídica recíproca ante el interés propio, y tampoco mantener los compromisos adquiridos en temas globales ante la conveniencia propia, como en el caso del cambio climático.

La rectificación de lo actuado es el reconocimiento de que se vulneraron principios y normas por parte de los Estados Unidos de América, y también de que se puso en riesgo el clima de colaboración entre ambas naciones. Atropellar la soberanía mexicana implica potenciales riesgos para la seguridad nacional de ese país.

Esta corrección es pertinente, pero es apenas el primer paso para que estos hechos dejen lecciones positivas: ¿cómo se define y se garantiza que el personal del gobierno estadounidense que efectúa labores en nuestro país, no exceda el ámbito de lo que está autorizado para realizar? ¿Cómo se restaña el agravio causado al Ejército y las demás Fuerzas Armadas en nuestro país, y la afectación a la moral de sus integrantes? ¿Cómo lograr que hechos como éste no se repitan en el futuro?

La ruta se ha recompuesto. Si se violentaron las normas internacionales para integrar una investigación y hacer imputaciones, es obligación del Estado Mexicano actuar cabalmente conforme a la ley, para analizar los elementos ahora aportados por las autoridades estadounidenses. Es oportunidad para desvirtuar las imputaciones y acreditar la trayectoria del General Cienfuegos al servicio del Ejército y de la Nación mexicana.