Sin duda, un tema importante para las condiciones de vida de los trabajadores es el outsourcing o subcontratación. Aunque se trata de una forma que ya se practicaba en el país desde antes, podríamos decir que se reconoció legalmente en la Reforma Laboral impulsada por Felipe Calderón al final de su sexenio y ratificada en los inicios de la administración de Peña Nieto.

Como es sabido, la práctica consiste en que una empresa, en vez de contratar directamente a sus trabajadores, realiza una transacción comercial con las empresas “proveedoras” de personal, las cuales son las que establecen la relación laboral, y los trabajadores son enviados a la empresa solicitante, donde realizan sus tareas bajo el mando de ésta.

En otras palabras, se trata de una simulación, cuyo objetivo es eludir los derechos de los trabajadores, así como las obligaciones fiscales. La práctica extendida del outsourcing surge a partir de la crisis económica que se inicia en los setentas, ante la cual el gran capital internacional impulsa el proceso de globalización y las empresas adoptan nuevas formas de organización. Estos cambios crean nuevas necesidades, como la de establecer contratos temporales con trabajadores que no realicen las tareas habituales de las empresas. Aparecen entonces las proveedoras de personal. Hay que destacar, sin embargo, que esta provisión se justifica sólo para labores excepcionales, como, por ejemplo, la organización de una convención, la participación en una feria industrial, o las ventas de temporada.

Para oponerse a la prohibición del outsourcing, cuya iniciativa se discutiría en la Cámara de Diputados en diciembre y que ahora, gracias a un acuerdo con el presidente López Obrador, se pospuso hasta febrero, los empresarios han argumentado que se sancionen los abusos de este tipo de terciarización, pero que no se prohíba en general. Se trata de un argumento falaz, porque implica que los casos de abuso son los menos.

La verdad es que el abuso no es de unos cuantos empresarios, sino una práctica generalizada, en la que la subcontratación ha dejado a millones de trabajadores con pérdidas graves en derechos y prestaciones, pues el outsourcing significa menores pensiones o que de plano no se pueda acreditar el tiempo de trabajo requerido para obtenerlas. Afecta al fondo de vivienda, disminuye o anula las liquidaciones e indemnizaciones, desaparece la estabilidad laboral y por lo tanto, las compensaciones por antigüedad, igualmente se usa para eludir el reparto de utilidades, así como impide la organización sindical y los contratos colectivos.

Que no se trata de unas cuantas empresas abusivas como han argumentado las organizaciones empresariales, se prueba con la cifra mostrada por la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde, quien señaló, que se supone que hay un subregistro, pero que se sabe que al menos 4 millones 600 mil trabajadores están bajo este esquema de contratación. O sea que hay un abuso generalizado y no de unas cuantas empresas.

Por cierto, que en el afán de que sobreviva el outsourcing, se ha dicho que por ejemplo se justifica utilizar la subcontratación para la limpieza de las instalaciones, pero es evidente que ésta no es una tarea de excepción, sino una que toda empresa tiene que realizar todos los días y nada justifica que a estos trabajadores se les coarten sus derechos.

Ante este panorama, es evidente que la acción correcta es una prohibición general de la subcontratación y sólo permitirla para casos excepcionales, mediante autorización expresa de la Secretaría del Trabajo y con la inscripción en un padrón, como se estipula en el acuerdo firmado por los propios representantes empresariales, aunque siguen apostando a conseguir una ampliación en el debate que habrá de realizar la Cámara de Diputados.