Hace algunos días, el presidente se volvió a lanzar en contra del gremio de las y los abogados, y digo se volvió a lanzar pues no es la primera vez que lo hace. Es incluso el gremio más vilipendiado por el presidente, sólo detrás del de los periodistas. Lo hizo impunemente, desde el púlpito de Palacio Nacional, con la imprudencia y virulencia  que le caracteriza y señaló sin empacho lo que textualmente transcribo a continuación: “Lo mismo los abogados, la misma estrategia, una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México, claro que son libres, pero ojalá vayan internalizando que eso es traición a la patria”.

Son tantas cosas las que me vienen a la mente cuando repito esta frase pero me gustaría empezar por evidenciar la farsa, la polarización y la mezquindad de la declaración. Empezaré por hablar de lo obvio, el derecho que tenemos como profesionistas al libre ejercicio de nuestra profesión y el derecho de toda persona a la defensa, en el más amplio sentido del término.

Todas las personas tenemos derecho a la defensa, sean nacionales o extranjeros, sean personas físicas o morales. El presidente sin embargo, parece entender que el libre ejercicio de la abogacía tiene como límite sus intereses personales, su plan de “transformación” pues cuando ve que sus intereses y proyectos se pueden ver afectados por la decisión de las y los gobernados de defenderse contra lo arbitrario acudiendo al Poder Judicial Federal, es precisamente entonces que las abogadas y abogados fundamentalmente quienes nos dedicamos al litigio, nos convertimos en demonios, en enemigos del pueblo, en opositores al régimen y a la llamada transformación; vaya en  “traidores a la patria”.

Teniendo un titular del Ejecutivo Federal como el que tenemos y en el poder legislativo una mayoría aplastante de Morena que se limita al más puro estilo de los años 70’s a aprobar sin reparo ni discusión alguna todo lo que el presidente ordena, el único contrapeso que tienen las y los gobernados para defender sus derechos frente a los actos arbitrarios de autoridad, frente a las omisiones, y frente a los actos inconstitucionales es acudir ante el poder judicial y pedir que intervenga.

Y así se ha hecho desde que arrancó este gobierno, ejemplos sobran y van desde la impugnación de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el inicio de obras en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya; hasta temas como el desabasto de medicamentos oncológicos, la falta de equipo básico para hombres y mujeres que están en la primera línea de atención del COVID-19; la cancelación del programa de estancias infantiles, la reducción presupuestal (y ahora desaparición) del programa de escuelas de tiempo completo y un amplio etcétera que en lo que va de este sexenio se han llevado ante los tribunales federales y en su mayor parte se ha obtenido un resultado favorable ya sea vía suspensiones en materia de amparo y en otros casos (como en el caso de los medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer menores de edad) incluso con sentencias definitivas que obligan a las autoridades a “corregir el rumbo”.

El camino sin embargo no ha sido fácil, las personas (físicas y morales) que se han atrevido a alzar la voz y a acudir ante los tribunales han sido amenazados, acosados y perseguidos (el fantasma omnipresente de la UIF aparece siempre y en todo momento), al igual que las y los abogados (fundamentalmente los litigantes), quienes también han sido amenazados, acosados y perseguidos.

Lamentablemente la actitud persecutoria contra el gremio de la abogacía va a seguir incrementándose puesto que es claro que el Presidente irá incrementando sus posturas absolutistas, centralistas y regresivas, como lo es la relacionada con la Ley de la Industria Eléctrica (a la cual me referí en este mismo espacio hace una semana).

Es claro que las y los gobernados ejercerán sus derechos constitucionales para defenderse en contra de estas medidas autoritarias, regresivas y claramente inconstitucionales; por que aunque el presidente parezca desconocerlo es su derecho. El derecho a la defensa. A juzgar por la actitud del presidente, su resistencia frente a todo aquel que se atreva a “oponérsele” aún si esto es por el ejercicio de los mecanismos de justicia constitucional con los que cuenta, su resistencia y animadversión aumentará. Es claro además que las y los gobernados estamos dispuestos a defendernos en contra de todo acto, omisión o norma general que afecte nuestra esfera jurídica.

Pero además las y los abogados y la sociedad civil organizada estamos dispuestos a unirnos y alzar la voz por el Estado de Derecho. Ya basta de autoritarismo y caprichos. Y si el presidente y sus huestes van a seguir por el camino del autoritarismo y la descalificación, quienes ejercemos la noble función de la abogacía nos dedicaremos a buscar acotar por la vía legal la sin razón y el autoritarismo del gobierno en turno. Y si para lograr esto es necesario judicializar toda medida arbitraria del actual gobierno y de su partido, así lo haremos.

Las virulentas declaraciones del ejecutivo federal, constituyen claramente un ataque frontal al ejercicio libre de la profesión, amen de ser desde luego una afirmación jurídicamente incorrecta, por cuanto hace al tipo penal de “traición a la patria”.“La representación legal de los particulares para combatir la reforma energética (como cualquier otro acto de autoridad que estimen violatorio de sus derechos) de ninguna manera puede implicar la realización de actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana, por ende, traición a la patria.

El ejercicio libre e independiente (esto es, sin injerencia del poder público) es uno de los principios fundamentales de nuestra profesión; y sobretodo garantiza el acceso a la justicia con base en el marco constitucional y legal vigente para todas y todos. Las abogadas y los abogados hemos vuelto a nuestro papel estelar entre los “espíritus malignos” que AMLO combate en su cruzada de purificación anti conservadurismo neoliberal y fifi (como él de manera reduccionista lo aborda cada mañanera a propósito de cualquier tema que le incomode, ya sea el ejercicio de un derecho o denuncias feministas); la cual desde luego no incluye a los Salgado Macedonio de nuestro país, para eso están las encuestas, el pueblo sabio y demás.

No estoy para nada sorprendida por las declaraciones del Presidente, vaya, son tantas y tan frecuentes las descalificaciones que contra diversas personas, grupos o colectivos emite desde Palacio Nacional, que a estas alturas ya nada me sorprende. A quienes pertenecemos al gremio de la abogacía, el presidente nos ha descalificado en distintos momentos de su gestión: primero amenazó con exhibir a los despachos que estaban detrás de los amparos contra la edificación del aeropuerto de Santa Lucía. Después advirtió que despachos legales domésticos y foráneos recibirían sanciones fiscales, para eso tiene a la UIF como una permanente amenaza frente a cualquiera que se atreva a oponerse (por las vías legales) a su proyecto de nación.

Tampoco le gustan los amparos promovidos por la arbitraria cancelación del programa de estancias infantiles, o para obtener medicamentos para los menores con cáncer, o insumos para las y los profesionistas de la salud que diariamente están en primera línea haciendo frente a la pandemia. Ahora, López Obrador ha dejado claro que los abogados que representen a empresas extranjeras, especialmente las que tengan entre sus clientes firmas que se vean afectadas por la reforma eléctrica serán considerados por su gobierno como “traidores a la patria”.

Como era previsible la abogacía mexicana, reprobó prácticamente al unísono las descalificaciones del presidente, pues lo dicho en estas líneas, se trata del cumplimiento de un deber profesional y del ejercicio del derecho a la defensa. En última instancia, el presidente parece no comprender que algún día (no muy lejano) puede llegar a necesitar de una abogada o abogado que lo defienda contra lo arbitrario, como ya lo han hecho antes.

Al final del día, me resulta sumamente difícil entender como es que las y los abogados que trabajan bajo las órdenes del Presidente de la República, aguantan, aguantan este tipo de descalificaciones sin sustento. Sería deseable que alzaran la voz y le dijeran en nombre de todas y todos los abogados que ¡así no va la cosa!. Se vale enojarse pero sin descalificar a todo un gremio por el ejercicio libre de la profesión.