El pasado 28 de octubre de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó, por unanimidad de votos, un acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Dichos lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre del propio 2020.
La emisión de estos Lineamientos era una obligación legal para el INE; y constan de ocho capítulos que en su conjunto conforman un sólido documento jurídico que debe servir como guía para que los partidos políticos logren efectivamente la protección de las mujeres directa o indirectamente vinculadas con los partidos políticos, independientemente del carácter con que lo hagan (dirigentes, representantes, militantes o afiliadas, simpatizantes, precandidatas, candidatas, etc.).
En los lineamientos es posible destacar, entre otras, las siguientes obligaciones para los partidos políticos: a) la obligación de dar atención a las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género; b) la obligación de promover, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres en sus documentos básicos, tal como lo establece la Ley General de Partidos Políticos; c) implementar acciones especificas para erradicar la violencia política, como la creación de campañas con enfoque de género y capacitación a la estructura partidista en temas de prevención, atención y erradicación de la violencia política por razón de género; y d) garantizar que las mujeres cuenten con al menos el 40 por ciento del financiamiento público de las campañas e igual acceso a los tiempos de radio y televisión, lo que promoverá una igualdad sustantiva en el ejercicio de sus derechos más allá de la paridad en las postulaciones.
Sin embargo, y a propósito de la designación como precandidato del partido MORENA a gobernador de Guerrero de Felix Salgado Macedonio; quiero destacar el apartado denominado 3 de 3 contra la violencia pues este capítulo fue resultado de la acción conjunta de legisladoras federales, locales y regidoras de todos los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos y ciudadanas de todo el país y de las y los Consejeros Electorales del INE, que lograron la inclusión de este mecanismo para velar por la implementación de la propuesta 3 de 3 contra la violencia. Estos lineamientos 3 de 3 contra la violencia pretenden elevar el nivel de las y los candidatos, proponen nuevos estándares de ética y responsabilidad política e institucional. En suma, la 3 de 3 contra la violencia pretende impedir que los agresores lleguen al poder.
El 3 de 3 contra la violencia es un lineamiento electoral, obligatorio para los estados, que sin embargo al día de hoy no necesariamente es legislación en todos los estados; consistente en que los partidos políticos nacionales y locales no postulen a quienes han sido condenados o sancionados por: 1) violencia familiar o doméstica, 2) delitos en contra de la libertad sexual, o la intimidad corporal, así como 3) no estar registrado como deudor de una pensión alimentaria. La 3 de 3 contra la violencia se implementará con la presentación de buena fe y bajo protesta de decir verdad en un formato que las personas que aspiren a un cargo de elección popular deberán presentar a los partidos políticos para que ellos realicen las postulaciones ante las autoridades electorales.
El tema del 3 de 3 no tiene que ver solamente con las autoridades sino con los partidos políticos, con la vida misma de los partidos políticos, con su compromiso con las mujeres y con la erradicación de la violencia política por razón de género. Sin embargo, y justo a unos meses de la elección más grande de México (habrá más de 21,000 cargos de elección popular en disputa lo que sin duda representa un gran desafío), con la aprobación de estos lineamientos y su publicación en el Diario Oficial; desde ahora estamos viendo uno de los grandes obstáculos para que las mujeres puedan participar: la violencia.
Por un lado por la violencia política y por el otro la violencia cotidiana (estructural), que se refleja desde ya en los espacios políticos. El caso más emblemático hasta este momento es precisamente el de la designación del presunto agresor sexual Felix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, por el partido MORENA. Felix Salgado Macedonio fue acusado por violencia sexual por cinco mujeres. Todas ellas lo identifican como su agresor sexual y sin embargo MORENA ha decidido ignorar todas las voces de las mujeres que lo acusan.
Lo que resulta creíble es que MORENA no haya encontrado otro candidato o candidata que no sea señalado como agresor o violentador sexual para contender por la gubernaturas de Guerrero. Quienes dirigen el partido a nivel nacional y diversos funcionarios públicos de alto nivel han señalado que Salgado Macedonio no ha sido condenado por delito alguno, que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia, y que sus derechos político electorales tienen plena vigencia.
Todo lo anterior es cierto. Como también es cierto que un enorme porcentaje de las denuncias por violencia contra las mujeres, incluidas las denuncias por delitos de índole sexual, no se les da un adecuado seguimiento y no derivan en castigos, debido a la muy elevada tasa de impunidad que existe en nuestro país.
De tal suerte que justificar la nominación de Salgado Macedonio como precandidato a gobernador de Guerrero en la falta de sentencia condenatoria es revictimizante y ofensivo para todas las mujeres de nuestro país. Lo que MORENA no ha entendido es que a partir de la aprobación de los lineamientos 3 de 3 contra la violencia, no solamente se trata de que una persona tenga una denuncia totalmente integrada a una carpeta de investigación por el delito de violación (o algún otro delito sexual), se trata también de la responsabilidad social y el compromiso del partido político que le presta su plataforma a un agresor para ser su vehículo, para ser su medio y permitirle participar en la contienda electoral.
No se espera que los lineamientos transformen de inmediato conductas arraigadas, sin embargo, se trata de un ejercicio que dará visibilidad y relieve al tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, ni más ni menos que en el ámbito político-electoral, de cara a las elecciones de este 2021. Por tal motivo es escandaloso que MORENA pretenda imponer a un presunto agresor sexual al frente del ejecutivo local en Guerrero.
La 3 de 3 no se va a implementar de manera adecuada ni va a funcionar si los partidos políticos encubren o dejan pasar estas situaciones, como lo que sucede en Guerrero. En nuestro país mucho se ha avanzado, cuando menos formalmente, en materia de erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, incluida desde luego la violencia política por razón de género; pero es evidente que no basta con modificaciones formales, expedición de leyes, con aprobación de lineamientos, sino que esto tiene que ver con personas, con vocación y compromiso, con estructuras y partidos políticos en específico, con pactos cupulares de impunidad y la insistencia en simular que se cumple con la ley; como lo esta haciendo MORENA con la impresentable postulación de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.
Por supuesto que los lineamientos 3 de 3 y la eventual legislación que se emita, están lejos de ser en si mismos suficientes para enfrentar el gravísimo problema de las variadas modalidades de violencia en contra de las mujeres, incluso en el terreno de la política. Las distintas medidas tienen que ser parte de una estrategia más ambiciosa que, idealmente, deberían liderar los propios partidos políticos, porque las demandas no son nuevas.
Así por ejemplo, desde 2018, los partidos firmaron una declaración de adhesión a la campaña de “He for she” promovida por la ONU, con la cual se obligaron a: promover los derechos de las mujeres en sus plataformas políticas; capacitar a sus candidatos en materia de no discriminación; garantizar la paridad de género en sus órganos directivos; impulsar mecanismos de prevención frente a la violencia dentro de sus organizaciones y a verificar que en las campañas electorales, las mujeres tuvieran acceso a recursos en igualdad con los hombres. Todo esto esta además hoy de alguna manera incorporado en los lineamientos aprobados por el INE. Sin embargo, no basta con que se repliquen estas medidas o se expidan lineamientos; sino que es necesario que verdaderamente se traduzcan en compromisos desde las cúpulas de los partidos.
La violencia política en contra de las mujeres por razón de género es sólo una parte de la violencia que vivimos las mujeres en nuestro país. Y sin duda es claro que nuestros país y en específico nuestras mujeres (incluyendo desde luego a las niñas y jóvenes) no merece que personas que violenten a las mujeres ocupen cargos públicos en los que se escuden para no hacer frente a sus responsabilidades y continúen violentado impunemente y desde el poder a las mujeres. Es hora de poner fin a la violencia contra las mujeres en México, por ello que se escuche fuerte y claro ¡Ningún agresor en el poder!