En tiempos de competencia político-electoral, las aspiraciones toman cauce y, a veces, las ambiciones se desatan. La lucha política es permanente. Se renueva de manera cotidiana y automática; ello corresponde a su naturaleza. Sin embargo, los procesos electorales y la normatividad que los rige marcan pautas, momentos y ritmos. Ante todo, que la ciudadanía conozca a quienes aspiran; reconozca sus méritos, cualidades y propuestas o falta de ello, y exprese su simpatía y su apoyo en el momento crucial de acudir a la casilla y definir el sentido del voto.

De las ambiciones humanas más básicas: poder, riqueza y prestigio y sus rutas fundamentales: la política, los negocios y la academia, la primera captura nuestra atención y mueve a la generación de opiniones por las características de darse en lo público y con reglas generales más o menos conocidas.

A la política nos adentramos porque está ante nosotros y nos envuelve. Unos para participar y actuar, otros para observar y concurrir o alejarse y unos más para enfrentar las consecuencias de la competencia por el ejercicio del poder público y el desempeño -en su caso- de las tareas encomendadas mediante el sufragio.

Esta temporada de elecciones nos ha traído la denuncia de un incidente en la disputa por la posibilidad de contender por la presidencia municipal de Monterrey, eje de la importante zona metropolitana de Nuevo León. Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha obtenido la candidatura de Movimiento Ciudadano para solicitar el voto de las y los regiomontanos, ha denunciado una concatenación de hechos y situaciones que permiten colegir un indebido obstáculo a su intención de contender con base en el “control” administrativo de la constancia de residir en esa ciudad durante -al menos- el año anterior a la jornada del 6 de junio entrante.

Sin demérito de cumplir con ese requisito por toda persona que aspire al registro de la candidatura para formar parte de un ayuntamiento en Nuevo León, vale recordar su razón de ser: afirmar el conocimiento que ha de tenerse del municipio en el cual se ejercerán funciones y cumplirán obligaciones; el conocimiento de esa sociedad y sus problemas; la percepción personal de la forma de ser y de sentir de quienes la conforman y de sus objetivos colectivos.

Quien aspira a gobernar el municipio debe estar vinculado al mismo por la voluntad de vivir en él y asumir el compromiso con los intereses generales de esa comunidad. Seguramente que sí, pero ¿sabía usted que Colosio Riojas fue electo diputado local de mayoría relativa al Congreso de Nuevo León en la jornada comicial de 2018 por el distrito 4 de esa entidad federativa, cuya demarcación está comprendida íntegramente dentro de los límites territoriales de Monterrey? Sus electores de entonces y ante quienes respondía primariamente de su gestión parlamentaria, son los vecinos de la ciudad a la cual aspira a gobernar.

Podrá decirse que el hecho de ser electo a la Legislatura local por ese distrito no es prueba de que ahí resida, pero es un elemento de vinculación y de conocimiento del municipio. Existen, desde luego, otros componentes que ayudan a acreditar el lugar de su residencia: la credencial de elector y el expediente que sustenta su emisión, y los lugares en los cuales realiza -y su familia- habitualmente ciertas actividades económicas y sociales en el marco de una comunidad.

Si bien la Ley Fundamental encomendó a los ayuntamientos llevar los registros catastrales y de las actividades económicas de sus habitantes -bases del certificado de residencia-, en la práctica estamos ante un registro de relevancia impositiva que es real y se actualiza, y otro registro de buena fe al cual las limitaciones presupuestales impiden destinarle los recursos necesarios para su elaboración y su actualización periódica. Ese registro de ciudadanas y ciudadanos residentes y su uso con intenciones políticas, es el fondo de la denuncia que hemos conocido.

Consciente de la realidad de las disputas políticas y los obstáculos administrativos al cumplimiento de los requisitos de tiempo mínimo de residencia en el municipio correspondiente, el legislador nuevoleonés previo en el artículo 144 de la Ley Electoral que si la autoridad municipal se niega a emitir la constancia de residencia del solicitante, la Comisión Estatal Electoral le ordenará que se pronuncie en un plazo perentorio de 24 horas, y si no se emite el pronunciamiento o hay una negativa infundada, la propia Comisión podrá acreditar la residencia mediante la recepción y valoración de pruebas idóneas.

Al final, el tiempo de residencia en un lugar es un asunto de prueba que puede resolverse ante la autoridad administrativa electoral y, en caso de controversia en esa instancia, ante los órganos jurisdiccionales local y federal. Sin embargo, esperemos no llegar a esos extremos ante la postulación de una persona que ha vivido desde su infancia en Monterrey y que allá ha hecho estudios, fundado y cuidado una familia, laborado profesionalmente y participado en política.

Cuando desde algún lado del tablero electoral no se desea que alguien compita y se convierta en un adversario, la explicación más inmediata por dilucidar es si el temor a ser superado lleva a esos arrebatos.

Cuando la burocracia implícita en la entrega de un documento sobre el cual la autoridad carece de elementos para pronunciarse, porque no tiene registros de residentes ni la actualización correspondiente y  lo convierte en obstáculo a una postulación, la inferencia de una intención política es inmediata.

Son conductas que preocupan profundamente por la convergencia de dos hechos: la autoridad municipal de Monterrey fue electa con base en la postulación del PRI y quien ha encabezado ese ayuntamiento por dos períodos es ahora la propuesta para la gubernatura del Estado, y el solicitante de la constancia es Luis Donaldo Colosio Riojas.

La conducta atribuida a los mandos real e informales de Monterrey me recuerda la lapidaria frase que el abogado Joseph Welch le espetó al entonces Senador Joe McCarthy en la audiencia donde éste abusaba verbalmente para destruir a uno de los adversarios jurídicos que defendían al Ejército de las acusaciones de infiltraciones comunistas: “¿No tiene usted sentido de la decencia?”

¿Personeros del PRI de Nuevo León van a descalificar, denostar, ofender y agredir a Colosio Riojas? Más allá de las legítimas aspiraciones y la competencia electoral, ¿no saben el significado profundo que tiene para muchas personas que integran nuestra sociedad su participación en política, con la definición libre de la opción que estime mejor?

¿Abrigan temores? La democracia exige apertura y lealtad a la sociedad para competir. Y, ante todo, nobleza obliga.

P.S. Aclaro potenciales conflictos de interés: el recuerdo de la esperanza que abría Luis Donaldo Colosio Murrieta y el afecto más allá del tiempo y la distancia por Nuevo León.