Ninguna novedad representa que desde el púlpito presidencial, al calor del programa matutino de propaganda gubernamental del presidente de la República, las ideas y propuestas sean escasas y las ocurrencias y los arrebatos sean muchos y frecuentes. Se ha confundido la improvisación con la transparencia y el abuso de la palabra con el derecho a la información.

En las postrimerías del año pasado y el fin de semana anterior, con motivo de la obra del Tren Transístmico, el Ejecutivo Federal ha relanzado algo que parece más que una ocurrencia; es un desafío al futuro y una ruta de riesgo político para el país.

Se trata de la administración de algunas de las obras emblemáticas de la gestión 2018-2024. El 20 de diciembre último, se planteó que el Ejército administrara tres tramos del Tren Maya y los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque en el sureste y de Santa Lucía para la zona metropolitana de la capital de la República; y el 19 del actual se apuntó la intención de “entregar a la Secretaría de Marina y a los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca” la administración de la obra del tren que atravesará el Istmo de Tehuantepec y los tramos adicionales de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, así como los parques industriales por desarrollarse.

Aparto la consideración hecha para que los gobiernos locales por cuyo territorio cruzará esta vía férrea participen en la entidad pública que se creará para administrarla; es elemento positivo de integración y desarrollo regional, sujeto a las responsabilidades que se establezcan entre la Federación y esos estados de la Unión.

Mayor reflexión inmediata merece el señalamiento de la participación del Ejército y la Armada de México en la recepción de esos bienes públicos futuros a título de asignación de esa parte del patrimonio nacional, para su administración y disposición de los ingresos públicos que se generen, los cuales, en el caso de las obras que podrían estar a cargo del primero de esos cuerpos armados, tendrían como destino el fortalecimiento del sistema de pensiones de quienes han servido en la milicia.

Saltan dos consideraciones inmediatas, muy expuestas al transitar el tercer año de la presente administración federal: (i) si no corresponde a la naturaleza y funciones constitucionales de la Fuerza Armada permanente la planeación, contratación y construcción de las obras civiles en cuestión (la función se reduce a opinar sobre las implicaciones de esas obras para la seguridad nacional), ¿acaso si le corresponderá realizar la gestión cotidiana para su funcionamiento y servicio adecuados? Se estima clara la respuesta negativa; y

(ii) ¿es jurídicamente factible -aunque el imperio de la ley se soslaye un día sí y otro también- que los ingresos de la administración de esas obras se destinen al objeto del gasto específico y no a la Tesorería de la Federación para su disposición general en la totalidad de los egresos estimados? La veta cínica podrá señalar que la ley puede modificarse y establecer las excepciones necesarias para hacer posible el deseo presidencial. Sin embargo, la ruta de asignar ingresos para los ámbitos que los captan en la administración centralizada resalta como un contrasentido.

Ahora bien, esas dos cuestiones languidecen ante el verdadero problema que plantea el “ingenioso” esquema presidencial, porque la auténtica pretensión es peligrosamente política, tratándose de la Fuerza Armada permanente de nuestro país; en el fondo, el propósito es erigir al Ejército y la Armada en defensores -por interés propio en los ingresos para el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas- de esas obras representativas de las decisiones del actual presidente de la República.

Aunque ya se había dibujado en las declaraciones del año pasado, las de este mes son nítidas: el objetivo es que los proyectos en cuestión permanezcan en el ámbito público en el futuro, sobre la base de desincentivar cualquier otro esquema de nuevos gobiernos para no enfrentar la negativa de la Fuerza Armada permanente a ver disminuidas esas fuentes de ingresos directos.

Si usted abriga dudas sobre este planteamiento, distintos medios nacionales recogieron las declaraciones de Rogelio Jiménez Pons, Director General de FONATUR y coordinador del proyecto del Tren Maya en el disfuncional sector público federal en turno, en las cuales afirmó que: “Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado, nosotros vamos a tratar que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice”.

Punto y aparte de continuar con la desnaturalización de las funciones de Ejército y la Armada, al señor Jiménez no le parece que una administración civil de los bienes públicos conduzca al beneficio del mayor número de mexicanos. Quizás debería ingresar a la milicia o renunciar. O, en otra forma, ¿se atiende al mayor número de mexicanos mediante el otorgamiento de esta fuente de financiamiento para las pensiones del personal de las Fuerzas Armadas? Pienso que no.

Aunque no es lo ideal, tampoco ha sido inusual establecer recursos fiscales para sustentar los sistemas pensionarios, específicamente en razón de la insuficiencia de las proyecciones con las cuales se diseñaron. Puede ser un problema, pero el objeto de plantear que los ingresos de la administración de esas obras sean para ese fin, encierra la conversión del Ejército y la Armada en compromisarios de la visión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Establecer esos objetivos políticos para los integrantes de las Fuerzas Armadas en el futuro es incorrecto. Las Fuerzas Armadas deben -ante todo- mantener su lealtad a las instituciones, no a las personas, y a los principios que inspiran a aquéllas, no a las decisiones adoptadas por las segundas.

No es acorde a nuestro régimen constitucional que los institutos armados asuman funciones propias de la autoridad civil sin mediar una razón que lo justifique y con base en el sustento adecuado, pero de mayor gravedad es pretender erigirlos en custodios de una visión única del desarrollo nacional.

¿Si un gobierno electo democráticamente decide por los cauces legales que la administración de esas obras corresponde a otra autoridad o incluso constituir aportaciones para conformar nuevas sociedades o concesionarlas a particulares, se asumiría como una afrenta a las Fuerzas Armadas? Es un riesgo en el cual no cabe incurrir. La actual gestión del gobierno federal ha asignado al Ejército y la Armada tareas que no les corresponden, pero uno y otra no se han conducido por el deber de precisar lo que les compete y lo que no.

¿Lealtad a las instituciones o a la persona? ¿Ejército del pueblo o del caudillo? Tensiones que requieren solución.

Apenas el 9 de febrero último en la ceremonia de CVIII aniversario de la Marcha de la Lealtad, el General Secretario Luis Cresencio Sandoval González expresó ante el Ejecutivo Federal: “Reconocemos que…el gobierno que usted encabeza ha…permitido que se hayan sentado las bases de la transformación y que se siga avanzando firmemente para consolidarla”; así como que “…seguiremos respaldando las políticas que ha impulsado su gobierno en aras del bienestar y el progreso.”

Pero también señaló que “…las Fuerzas Armadas mexicanas se mantendrán leales al pueblo de México y a todas las instituciones nacionales”, y también que “esto exige cumplir lo que establece la Constitución política, las leyes y reglamentos castrenses… (y) a ser íntegros y adoptar un comportamiento correcto, acorde con las normas que dictan la disciplina, el honor y el deber…”

¿Se le dirá que no al Ejecutivo Federal? La lealtad a las instituciones y sus principios así lo sustentan.