El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado bajo el discurso de la descalificación y el amedrentamiento del presidente de la República en distintos momentos de la gestión en marcha.

Lejos de ponderar el desempeño del organismo en el proceso electoral de 2017-2018 y su contribución al clima de aceptación democrática del resultado que lo llevó al poder ejecutivo de la Unión, la primera actitud reveló la nunca superada realidad de los resultados desfavorables en los comicios de 2006 y de 2012. Sólo por el contexto, bajo la acción del Instituto Federal Electoral en otras diversas integraciones de su Consejo General y con otros responsables de presidirlo.

Lo anterior lleva a preguntarnos si las críticas son a la actuación de la institución o al diseño constitucional de la misma. ¿Es el señalamiento de responsabilidades específicas en su funcionamiento o el peso de la institución para la práctica de la democracia electoral en nuestro país?

No podemos olvidar los antecedentes del organismo nacional a cargo de la función estatal electoral y, para su despliegue, salvaguarda de los principios de certeza, legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad. Recordemos tres etapas de la construcción de una institución con autonomía de los poderes y sujeta a la Constitución para organizar y llevar a cabo los comicios federales y -desde 2014- ejercer tareas vinculadas a los comicios locales:

(i) la extracción inicial de lo electoral de las responsabilidades administrativas exclusivas del Gobierno Federal; (ii) la sujeción de los asuntos electorales al control jurisdiccional, primero con el Tribunal Federal Electoral, y luego del Poder Judicial de la Federación con el arribo al mismo de esa materia; y (iii) el retiro definitivo de la Secretaría de Gobernación de la función electoral.

Un tránsito profundo, pero relativamente breve; en menos de una década se fue de la Comisión Federal Electoral a cargo de los secretarios de Gobernación que la encabezaron, al modelo del Instituto integrado por ciudadanos con voto paritario en su órgano superior de dirección. Un tránsito que, no sin algún tropiezo y distintas dificultades, ha logrado la afirmación de su autonomía y la alta expresión de confianza ciudadana de que disfruta (casi el 60% de la ciudadanía).

Cabe reconocer que, como institución donde son explicablemente visibles quienes han desempeñado o desempeñan el cargo de consejera o de consejero electoral, la raíz de esa confiabilidad está en dos pilares: el servicio profesional electoral y la ciudadanía que conforma las mesas directivas de casilla. Una estructura cuya naturaleza es la permanencia en el tiempo y otra cuya característica es la renovación en cada proceso, que requieren del liderazgo claro del Consejo General y de quien lo preside, así como de la Junta General Ejecutiva.

Y el liderazgo para que el INE cumpla a cabalidad sus funciones constitucionales y dé cauce a los actos que le competen, sujetos desde luego al control del Tribunal Electoral, es puesto a prueba innecesariamente cuando desde el programa informativo oficial del presidente de la República se pretende descalificar a la institución y se desafía el ejercicio de sus facultades.

Quizá la preocupación mayor de esa falta de prudencia política del Ejecutivo Federal está en el riesgo de la afectación grave al sistema electoral y a uno de sus objetivos principales: vulnerar la legitimidad de los comicios y, con ello, la legitimidad de quienes son electas o electos para desempeñar cargos de representación popular. En el fondo se percibe la confrontación de la legitimidad legal-racional emanada de comicios democráticos, contra la legitimidad carismática de un mandatario anclado en el populismo.

Como órgano colegiado cuya integración emana de votaciones escalonadas cada tres años del Pleno de la Cámara de Diputados, que requieren acuerdos de -al menos- las dos terceras partes de sus miembros, el Consejo General del INE es expresión de controles y equilibrios internos para fungir como responsable y garante del derecho al sufragio activo y pasivo.

Aunque el lenguaje sencillo y coloquial lo identifica como el árbitro de un partido de fútbol, ese símil para ilustrar su función mira sólo un aspecto de su responsabilidad: aplicar las reglas con imparcialidad y propiciar que el juego se dé sin más elementos que las cualidades y habilidades de los participantes en la cancha.

Pero hay mucho más; lo más evidente: organizar la liga y programar el torneo con base en disposiciones que lo vinculan. Un mal arbitraje no arruina por sí mismo una temporada, pero una liga regida por el capricho y la arbitrariedad puede arruinar la práctica del deporte mismo. Si el propietario de un equipo pretende imperar sobre la liga y colocar sus intereses por encima de los objetivos generales de organizarla, aquella no tendrá buen éxito.

Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Consejo General del INE, y las y los consejeros electorales del mismo son personas comprometidas con los valores y principios de la democracia electoral; el colegiado que conforman, el método deliberativo en sesiones públicas y la adopción de acuerdos por mayoría tienen implícita la fórmula para su funcionamiento equilibrado con base en la aplicación del orden jurídico.

Por supuesto que su desempeño es en el campo de un elemento político esencial: los procesos para el acceso a cargos de elección popular; de acceso al ejercicio del poder público. Y claro que su designación por la Cámara de Diputados reflejó la confianza amplia requerida en el espectro de los partidos ahí articulados como grupos parlamentarios.

Sin embargo, la mayoría necesaria para tomar decisiones es el resultado de generar la convicción sobre lo pertinente y lo procedente con base en las facultades del órgano, como al establecer lineamientos para la asignación de las diputaciones de representación proporcional para evitar la sobrerrepresentación que distorsiona la expresión real de la voluntad popular en la integración de la Cámara de Diputados.

Cuando desde la presidencia de la República se ataca al INE y cuando desde la dirigencia formal del Movimiento de Regeneración Nacional (MRN) se pide su extinción, el ataque a la institución entraña riesgos para los derechos políticos ciudadanos que custodia.

La pretensión de pelear con el INE y minarlo no puede dejar de apreciarse no sólo con base en la elección para renovar la Cámara de Diputados; están en puerta la consulta popular del capricho presidencial y la posible petición ciudadana de la revocación de su mandato, figura aún sin la ley reglamentaria que debe expedirse y que a falta de ella obligará al Consejo General a adoptar la normatividad indispensable.

Los liderazgos carismáticos no impulsan ni custodian derechos, los conculcan; su ampliación y cuidado es la razón de ser de las instituciones.