Ya ha pasado antes, pero en quienes afirmaron no ser iguales y conducir los asuntos públicos en forma distinta, resulta asombroso presenciar la disolución de la responsabilidad política ante la tragedia del desprendimiento de una trabe de la Línea 12 del Metro de la capital del país el 4 de mayo en curso. No hay renuncias; no hay separación de sus cargos —siquiera— de personas responsables directa o jerárquicamente de ese servicio, para dar paso a las investigaciones.

Las decisiones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México no sólo no generan credibilidad, sino que anuncian el camino al uso político de lo ocurrido: las documentadas evidencias de la ausencia del proyecto ejecutivo y los cambios de trazo y sobrecostos en la gestión de Marcelo Ebrard en el órgano ejecutivo del gobierno de la ciudad, y el señalamiento de la “validación” y recepción de la obra en la gestión 2012-2018, sin asumir que a casi 30 meses de la responsabilidad propia el deber de brindar el servicio en condiciones de seguridad -como mínimo-, calidad y eficiencia, es un asunto que no puede eludirse.

Quienes actúan como portavoces de los gobiernos federal y de la capital del país piden e, incluso, recriminan que lo sucedido se politice y sea objeto de debate, con el señalamiento de que deben aguardarse los peritajes y los informes de quienes son especialistas en analizar y explicar las causas del hecho y, a partir de ello, dilucidar las responsabilidades inherentes.

¡Qué cómodo! Al contrario, lo que hace falta es la politización de lo sucedido —en este y otros asuntos —para que la sociedad realice la evaluación correspondiente a la calidad y la capacidad de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas. Politizar lo que sucede -por acción o por omisión- en los ámbitos depositarios del poder público es una cuestión obligada para la construcción de ciudadanía y para que ésta exija el respeto a sus derechos y los niveles mínimos de desempeño de las y los servidores públicos.

En realidad lo que hace falta es, precisamente, la politización de las cuestiones que en forma ordinaria o extraordinaria, enfrentan quienes integran nuestra comunidad y sus distintas expresiones de agrupación por territorio o por actividad material. Y, desde luego, no me refiero al oportunismo de azuzar, que no orientar o asesorar, a las víctimas o sus familiares sobre las acciones jurídicas y administrativas a su alcance, sino a motivar la reflexión puntual sobre las características y las cualidades o falta de ellas, de las personas a cargo de las funciones de las cuales penden los buenos o malos resultados que benefician o que perjudican a la población.

Los resultados de la acción gubernamental constituyen el elemento fundamental para apreciar y evaluar su desempeño. Es muy lamentable el suceso trágico y más aún sus consecuencias para las familias de quienes perdieron la vida o tienen lesiones de diversa índole; precisamente por ello resultaría reprochable e injusta la pretensión de encapsularlo por la autoridad políticamente responsable de asegurar las condiciones para que no ocurriera y esperar pacientemente a que se presente un informe de muy dudosa confiabilidad por la ausencia de una instancia independiente y técnicamente solvente e imparcial para establecer las responsabilidades que procedan.

La falla ocurrida en la Línea 12 es de tal dimensión y sus consecuencias de tal alcance, que el propio Ejecutivo Federal ha debido enfrentarse al desplome de su narrativa:

(i) la asignación de culpas y abusos en el pasado son para la corriente política que encabeza y recaen en colaboradores de su administración. No hay a quien reprocharle sin dañarse al mismo tiempo;

(ii) la presunción de la capacidad y de la eficiencia basada en la militancia ideológica ha sido contrastada contundentemente. No es lo mismo hablar que hacer;

(iii) la intolerancia a la corrupción y a quienes se han prestado a esas prácticas ha sido vulnerada, porque la secuencia de las decisiones adoptadas en la gestión 2006-2012 del gobierno de la capital del país ha dejado al descubierto una serie de inconsistencias e irregularidades graves, como construir sin la planeación indispensable, modificar las características de la obra con afanes distintos al interés público y realizar erogaciones gravosas para las finanzas públicas de la ciudad; y

(iv) la ausencia de procedimientos de verificación y mantenimiento oportuno e integral de las líneas del Metro y, particularmente, de la Línea 12. Falló el gobierno de la Ciudad de México a cargo de la Doctora Claudia Sheinbaum.

No sé si sea entendible, pero ahora resulta grave, aún para quien carece de templanza y prudencia, el exabrupto que perseguirá siempre al presidente Andrés Manuel López Obrador, otrora Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ante un simple cuestionamiento de por qué no acudió al sitio de la tragedia para solidarizarse con las víctimas, sus familiares y toda persona que sintió preocupación y angustia por lo sucedido, respondió con la vulgar expresión de “¡al carajo!”, para asumir que hacerlo sería un asunto de hipocresía y que no va con su forma de ejercer el cargo. La declaración equivale a los valiosos segundos que puede otorgar la alerta sísmica antes de que el suelo empiece a moverse.

¿A qué me refiero? El Ejecutivo Federal está peligrosamente fuera del control.

Domina la voluntad de los legisladores de su partido y aliados en el Congreso, sin miramiento a las violaciones constitucionales en lo que aprueba la mayoría por consigna; ofende a quienes integran el Pleno de la Suprema Corte y pretende imponerles presidente más allá del período para el cual fue electo el ministro Arturo Zaldívar; desconoce y viola los principios de imparcialidad y equidad a que está obligado en los procesos electorales y amenaza a las autoridades administrativas y judiciales en materia comicial; increpa a la Auditoría Superior de la Federación y ajusta y ejerce el gasto público con determinaciones incluso por encima de “su” mayoría en la Cámara de Diputados, con el pensamiento de que rendir cuentas es una formalidad que no lo vincula; y —tan sólo por cerrar la enunciación— transfiere funciones de la autoridad civil al Ejército y la Armada de México sin sustento constitucional, con consecuencias para los derechos de las personas, como la simulación de que la Guardia Nacional sea institución civil de seguridad pública, o con el riesgo de generar intereses de las Fuerzas Armadas ajenos a su misión y razón de ser.

La tragedia de la Línea 12 del Metro es motivo para la reflexión en ese contexto. El voto constituye el vehículo privilegiado para la activación de los contrapesos político-constitucionales necesarios en la Cámara de Diputados, en los gobiernos locales y en los congresos de las entidades federativas.

A reserva de exponerlo con la amplitud que merece: la elección del 6 de junio no es para definir al gobierno, eso será en 2024, sino para establecer el control que requiere el Ejecutivo en funciones; la votación no implica validar o avalar a alguna de las oposiciones en la disputa por la Cámara de Diputados, sino enviar un mensaje nítido al presidente López Obrador; y los comicios son una oportunidad singular para que las y los electores sin preferencia partidaria definida reclamen a la clase política las conductas que esperan en el cumplimiento de sus funciones.