En el Informe del Secretario General de la ONU, de 2004, sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, se definió al “Estado de derecho” como “un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.
En términos sencillos y coloquiales, este concepto implica que en un país las leyes deben ser observadas y cumplidas por todos, una característica que en México evidentemente no se consuma.
El ejercicio de hacer una medición del cumplimiento del Estado de Derecho, a nivel internacional ha sido ejecutado por The World Justice Project, a través del Índice de Estado de Derecho. En su versión más reciente, para 2020, México ocupó el lugar 104 de 126, en niveles similares a los de países como Madagascar, Mali, Turquía, Nigeria e Irán.
Si algo ha demostrado México, y su sociedad es la resiliencia, a pesar de las crisis económicas recurrentes, desastres naturales, pandemias, violencia, narcotráfico, entre una gran cantidad de variables, los mexicanos han sabido sobreponerse, salir adelante, crear oportunidades, nuevos negocios y formas de subsistencia y bienestar.
Es innegable que esta fortaleza está estrechamente ligada a graves problemas estructurales, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación y el acceso a la justicia. Ha sido en buena medida que estas fallas han esculpido la identidad de las personas en México.
Lo cierto es que, pese a la normalización de estos elementos, México se encuentra en un momento complejo, la falta de estado de derecho se ha convertido en una amenaza para quienes vivimos, trabajamos, estudiamos, invertimos y buscamos oportunidades en este país.
No ayuda en este proceso la exhibición de impunidad y corrupción que México da al mundo prácticamente a diario, los 31 candidatos asesinados en este proceso electoral, los 14 periodistas asesinados en 2020, la impunidad imposible de adjetivar, con sólo 1 por ciento de castigo a los delitos, esto último según datos de la Universidad de las Américas Puebla.
La pregunta es, ¿cómo la falta de derecho ha afectado a la actividad económica? El primer tercio de 2021 ha transcurrido con fuerte dinamismo para el sector exportador mexicano, la dinámica de los mercados en Estados Unidos, el rompimiento de las cadenas de suministro procedentes de Asia, a causa de la pandemia y de los conflictos comerciales, debieran ser elementos de atracción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para aprovechar las ventajas del T-MEC, la planta productiva, la experiencia y el talento mexicano.
Lo observado no corresponde con lo anterior y puede argumentarse que se trata de falta de certeza por parte de los inversionistas, que han preferido postergar sus decisiones o bien, elegir otras latitudes, antes que ponerse en riesgo.
La inversión privada en México ha dejado de fluir, en 2020 medida a través de la Formación Bruta de Capital Fijo, cayó 19.9 por ciento, una contracción que sólo es precedida por el registro de 1995, y que debe aclararse, inició su trayectoria negativa desde noviembre de 2018. La incertidumbre fue el principal causante de esta contracción, que incide directamente en el crecimiento y en la capacidad de recuperación de la economía.
Ha sido desde esa fecha que se han anunciado cambios, la cancelación del Aeropuerto fue la primera señal de que las reglas de juego habían cambiado, de que cualquier proyecto, incluso en un nivel de desarrollo o maduración puede ser cancelado o al menos modificado.
La inversión es uno de los principales motores del crecimiento y desarrollo económico, no hay forma de que un país avance sin ella. México requiere urgentemente ofrecer certeza a sus actores económicos. Desde garantizar seguridad física, jurídica y económica a toda la población, hasta garantizar reglas claras, que propicien la inversión y un ambiente empresarial económico.
El estado de derecho ofrece certidumbre, es la garantía de que las reglas de juego se cumplirán y prevalecerán que, si bien puede hacerse más rígidas, siempre será en beneficio y protección de los jugadores.
Éste es el gran reto del Estado Mexicano, uno que, a diferencia de otros, está a la mano y depende directamente de sus acciones y la eficiencia de éstas. Es a través del cumplimiento del estado de derecho que México tendrá la capacidad de promover y atraer más inversiones, generar desarrollo económico y social, contar con recursos para atender las fallas estructurales y mejorar el bienestar de la población y de las generaciones futuras.