Los organismos autónomos en México, son instituciones que están incluidos en la Constitución, al mismo nivel de los órganos soberanos del Estado; en otros casos proceden de leyes generales o federales; en lo general, cuentan con su propio esquema de gobernanza y; sus decisiones son susceptibles de ser revisadas por la autoridad que corresponda.
El debate sobre su existencia no es nuevo, en 2013, el actual Secretario de Salud, publicó en uno de los principales periódicos de circulación nacional un artículo intitulado “Autonomitis”, refiriendo una enfermedad nacional cuyo síntoma más notorio, según el autor, es “la pretensión de cercenar a los poderes del Estado facultadas sustantivas, para trasladarlas a organismos autónomos […] que garantizarán el cumplimiento de las obligaciones que los políticos no han podido, o no han querido cumplir”.
Casi una decena de años después, el titular del Ejecutivo ha anunciado una reforma para eliminar de la administración pública a los órganos autónomos, a partir de una revisión detallada de funciones, que según él mismo, se duplican o bien, pudieran ser absorbidas por dependencias federales, con una consecuente disminución de costos para el erario.
La operación de estos organismos, en buena medida se ha caracterizado por carácter técnico y científico, a cargo de funcionarios con varios años de experiencia en su ramo, en términos generales cumpliendo el objetivo para el que fueron creados.
Es sensato sostener que, centralizar el poder es por completo contrario al desarrollo económico, social y político de este país, se constituye en un riesgo de gobernanza bien conocido en México, la falta de rendición de cuentas y la baja calidad de la actividad gubernamental.
Aun así, varios han sido los argumentos exhibidos en contra de la existencia de los órganos autónomos, desde la descoordinación, el hecho de que su operación no sea precedida de estrictos procesos democráticos e incluso su costo operativo para el erario.
Este último argumento sobre el costo de operación de estos organismos es probablemente uno de los más débiles, en conjunto, el gasto presupuestado para 2021 de los órganos autónomos es cercano a 57 mil millones de pesos, lo que significa únicamente 1.2 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, en este año en el que debe considerarse especial debido al proceso electoral y que por tanto requirió un mayor presupuesto del INE.
Debe recordarse que los órganos autónomos no existen únicamente en México, por el contrario, en Estados Unidos, Europa y en toda América Latina, son parte de su historia social y económica. En Reino Unido son denominados como Non ministerial departments, en Francia existen las Autorité administrative indépendante y en Estados Unidos las Independente Agencies. Dicho de otra forma, la necesidad de su existencia ha sido probada en diferentes latitudes.
En México, desde la década de 1990 se han ido creando varios organismos con esta naturaleza y han sido parte importante de la alternancia democrática tal es el caso del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
En todos estos casos, la razón principal de su creación fue la desconfianza hacia el gobierno y la corrupción gubernamental, su nacimiento tuvo como objetivo dar certeza y credibilidad, a diferentes acciones que deben por fuerza realizarse en el ámbito gubernamental, como la generación de información, la protección de la eficiencia y competencia de los mercados, la medición de la eficiencia de los programas sociales o la organización y coordinación de los procesos electorales.
Casi irónicamente, el funcionamiento de los organismos autónomos en México ha sido en beneficio de la vida y participación democrática. Fue gracias a estas instituciones que la vida pública ha incorporado a su accionar certeza, transparencia, vigilancia y contrapesos a los actores económicos y políticos.
Ciertamente es perfectible su accionar, requieren atender sus debilidades, lo que demanda su fortalecimiento, dotarles de más herramientas legales y presupuestales, es decir, totalmente contrario a la idea de desaparecerlos o debilitarles.
No se puede ser juez y parte, los órganos autónomos existen justo con el propósito de ser terreno fértil para la innovación y mejora continua de las políticas públicas, a fin de ofrecer soluciones a problemáticas de tipo económico, social y democrático.
Más que nunca, México requiere órganos autónomos fuertes, sólidos, profesionales, capaces de distinguir y prever el rumbo de acciones tomadas por actores económicos o políticos en sentido contrario a lo que Constitución y las Leyes prevén.
El diálogo y participación democrática debe ser el pilar que guíe la construcción y fortaleza de la vida pública y actividad gubernamental en México, cualquier otra vía será un atentado a los avances indiscutibles que en la materia hemos tenido en las últimas dos décadas.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®