Que una de las expresiones más vibrantes del sistema democrático es la jornada comicial porque implica la actuación específica del soberano -del pueblo del Estado- para definir quiénes asumirán responsabilidades públicas. Las y los ciudadanos toman el poder al ejercer el sufragio activo y determinar a quién otorgan su confianza. Su periodicidad cierta en el tiempo, es también un recordatorio de la continuidad de la lucha política.

Parece exagerado, pero la elección comienza al día siguiente de la jornada comicial. Mientras más sólida sea la posición alcanzada -llámese coalición, partido, candidata o candidato-, mejor será el punto de partida para la próxima cita con las urnas, mayor la capacidad para actuar y, sobre todo, mayor la responsabilidad.

A cinco semanas de la jornada de votación se percibe un ambiente dinámico, en fluctuación y, en el mejor de los sentidos, de incertidumbre democrática. La concurrencia de los comicios locales diversos y la renovación de la Cámara de Diputados es el elemento preponderante para acentuar la influencia de las políticas municipales y de las entidades federativas en el resultado de la votación federal.

La presidencia de la República no está en la contienda ni el Ejecutivo Federal es candidato, pero él y el movimiento que encabeza propician e insisten en figurar como uno de los polos de la competencia. Aunque el objetivo es más amplio, la denostación injustificada que hace del INE y el desafío a que cumpla con la función estatal electoral que tiene encomendada, obedecen en buena parte al afán por influir en la decisión de cada elector.

Es mucho lo que está en juego; para los partidarios y simpatizantes del Ejecutivo de la Unión, la viabilidad de impulsar sus propuestas con base en los mandatos para desempeñar las funciones específicas que deciden los votos; y para quienes piensan distinto y han decidido participar a favor de una opción no sólo diferente, sino contraria a la alianza MRN-PT-PVEM, la posibilidad de articular contrapesos adecuados y sólidos a la voluntad hegemónica de Andrés Manuel López Obrador. Pero la definición está en quienes no se han ubicado en uno u otro extremo: el más importante porcentaje de la ciudadanía independiente o sin simpatía declarada por las ofertas presentes.

Los ya muy próximos comicios tienen antecedentes importantes en un tiempo relativamente breve. Luego de inclinarse la mayoría popular por diferentes opciones en los tiempos de la competencia electoral equitativa y la alternancia en el poder, una porción verdaderamente amplia del pueblo -y que cruzó todos los haces del espectro político- afirmó la idea de la necesidad de cambio en el contenido y la forma de dirigir los asuntos políticos. Ahí hay identidad nacional amplia.

En efecto, la mayoría de las personas votaron con la convicción de impulsar el cambio. Mandato otorgado democráticamente para ser ejercido de esa forma y por los cauces constitucionales. Sin profundizar ahora en la voluntad y acción excluyentes del mandatario electo en 2018, en el ejercicio del cargo la realidad reporta dos fallas del método y la falta de resultados.

La primera inconsistencia del método es pretender que el cambio puede lograrse sin acuerdos amplios acordes a la pluralidad de nuestra sociedad, a través de la amalgama entre lo que pervive y lo que se transforma y acorde al horizonte de tiempo del mandato recibido. El período de gobierno es limitado. No se puede cambiar sin hoja de ruta, prioridades ordenadas ni todo, salvo que la pretensión sea cambiar ese límite.

La segunda, cada vez más evidente, es soslayar el orden jurídico que vincula y limita el ejercicio de sus facultades. Los ejemplos son abundantes: las consultas simuladas para justificar decisiones ruinosas; la modificación de leyes en contra de lo previsto en la Constitución en materia de delitos fiscales, de compra de material para la salud, de energías limpias o de registro de teléfonos móviles, sólo en enunciación mínima; y la confrontación indebida con el Poder Judicial, el INE, otros organismos con autonomía de los poderes del Estado y cualquier interlocutor de la sociedad que discrepe y pueda trascender.

La ausencia de resultados positivos de 29 meses de gestión es muy reveladora de la incapacidad para gobernar. Se habla, pero no se convence. Se dice, pero mal se hace. En los grandes asuntos de preocupación para la mayoría de la población, el saldo es negativo:

(i) la inseguridad que se encuentra en niveles alarmantes, como lo muestran el reporte del Departamento de Estado de los EUA al Capitolio sobre el dominio de más de la tercera parte del territorio de nuestro país por grupos de la delincuencia organizada, y el informe mundial sobre las ciudades con mayor incidencia de homicidios por cada cien mil habitantes, donde 7 de los primeros diez lugares corresponden a municipios mexicanos;

(ii) la actividad económica muestra una caída pronunciada y constante, antes de la emergencia sanitaria y, sobre todo, la pérdida de empleos. El clima de incertidumbre para la inversión y la ausencia de medios gubernamentales para generar y sustentar la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, afecta el nivel de vida de cientos de miles de familias;

(iii) la pandemia puede seguirse en reversa por el errático comportamiento del Gobierno Federal que, más que otro componente, ha puesto en claro la incapacidad para contener los contagios, atender a quienes contrajeron la covid-19, establecer y seguir un plan de vacunación real y evitar el deceso de más de 215 mil personas, sin contar los fallecimientos por esa causa hoy no reconocidos, pero que han ocurrido debido a esa desastrosa gestión -en manos de un simulador- de la emergencia sanitaria;

(iv) el combate a la corrupción ha sido un recurso de propaganda con acciones intermitentes y ausencia de casos sólidos y procesos significativos en marcha. En cambio, hechos de corrupción como los recursos recibidos por su hermano Pío, presuntamente para las actividades del entonces dirigente del MRN y luego candidato presidencial, no se investigan realmente y quedan en la impunidad;

(v) la legítima reclamación de las mujeres por el estado de cosas que conculca el respeto elemental a su derecho a una vida libre de violencia de todo género y la ausencia de compromiso y solidaridad presidenciales que, sin embargo, se presentan envueltas en efectos de uso mediático que, en realidad, no engañan a quienes están agraviadas; y

(vi) el contraste entre el establecimiento de programas de subsidios directos a personas vulnerables (adultos mayores, con discapacidad o jóvenes estudiantes), con la posibilidad arbitraria de incrementarlos a voluntad, y el deterioro del nivel de vida de amplios sectores de la población por la rectoría económica incapaz de reconocer la realidad de la globalización de los fenómenos productivos y los múltiples esfuerzos de emprendimiento sin apoyos institucionales.

En el método del ejercicio de la función dominan el voluntarismo y el incumplimiento de la Constitución (la intención de culminar el fraude en marcha para que el presidente de la Corte siga en el cargo es ya demasiado obvia). En la acción de gobierno resaltan la aspiración de dominar la narrativa y la ausencia de resultados.

Es demasiado lo que se juega en las urnas el 6 de junio: la pluralidad política y los contrapesos democráticos emanados de la voluntad popular.

Ya asomaron las falacias de gran peligro: el mandato de la transformación unilateral no es revisable y sólo puede tener un portaestandarte: el iluminado de Palacio Nacional y, desde luego, ese objetivo no repara en los textos del deber ser constitucional, porque su origen no le compite en legitimidad. El otro postulado -el siguiente- es más peligroso: si la transformación no cabe por el cauce constitucional porque hay pluralidad, peor para la Norma Suprema; es hora de establecer el orden jurídico que excluya los valores y los principios que le estorban.