La discusión hoy se concentra en los organismos constitucionales autónomos. Se cuestiona su rango y su relación con los otros poderes públicos. Observo que desde 1993 aumenta la creación de estas instituciones. En esa categoría podemos señalar al Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Fiscalía General de la República.
Las universidades públicas son distintas pues son creadas por una ley que les da el rol de autonomía. Pero se cuestionan las condicionantes que estos organismos ponen al funcionamiento de los otros poderes, sobre todo cuando hablamos de un gobierno que implementa un nuevo régimen político como el que impulsa actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los obstáculos son observables. Uno de ellos, que bloquea el objetivo de moderar las ganancias de las empresas que participan en la producción y comercialización de la energía eléctrica, pretendiendo desaparecer a la empresa estatal, Comisión Federal de Electricidad. Lo mismo sucede en el sector petrolero.
En el lado político, la actuación del INE pretende ser contrapeso del Poder Ejecutivo. Mi tesis es que el INE debe dedicarse sólo a organizar eficientemente elecciones.
Y hay algunas escuelas que justifican equivocadamente a estos organismos considerándolos con la jerarquía de los otros poderes públicos, que tienen la fuerza por ser elegidos por votación de la ciudadanía, aunque el Poder Judicial está sujeto a un procedimiento de integración de jueces, magistrados y ministros en forma indirecta con la participación de los otros poderes.
Hay también la idea de que algunos organismos como la Comisión federal de Competencia tiende a la ratificación del modelo neoliberal al actuar sobre un formato donde compiten entre sí los mismos actores empresariales poderosos que suelen caer en la formación de monopolios. Se excluyen otras formas de desenvolvimiento de agentes económicos propios de la economía local, los que nunca podrán entrar en competencia con los grandes consorcios que se empoderan y controlan procesos de producción y comercialización por 20, 30 o más años.
El Instituto de Transparencia y Protección de Datos parece haber sido creado precisamente para impedir que se realicen cambios al patrón de la economía neoliberal, constituyéndose como un espacio donde se da cauce a litigios que controlan la opción de imponer otros escenarios que permitan acceder a más personas en mejores sitios de progreso económico.
López Obrador ha planteado que su gobierno se sustenta en el ideal del Estado de bienestar. Ello no coexiste con una estructura que enriquece a los más ricos y desplaza al Estado en sus funciones de conducción de la sociedad.
Los actores que estuvieron en el poder tienden a defender las adecuaciones a la Constitución. PRI, PAN, PRD firmaron el Pacto por México, imponiendo el esquema neoliberal basado en la corrupción y por eso se oponen a la implantación del proyecto de la Cuarta Transformación.
@Bonifaz49