La tragedia enluta a la capital de la República. Al desplomarse un tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro entre las estaciones de Los Olivos y Tezonco la noche del 3 de mayo en curso, el uso de ese servicio público implicó el fallecimiento -hasta ahora- de 24 personas y lesiones de diferente gravedad para 79 habitantes de la ciudad.
El riesgo de que se produzca un accidente en este tipo de medios de transporte es algo presente y puede preverse para aminorarlo al máximo. Puede haber errores humanos, fallas mecánicas en los trenes, condiciones climatológicas extremas e incluso fenómenos de la naturaleza -como los terremotos- que ocasionen la alteración del servicio e incluso hechos que afecten la integridad física y psicológica de las personas usuarias, e incluso la pérdida de vidas.
Sin embargo, lo ocurrido ahora escapa, al menos de primera mano, a esas cuestiones. Lo que se ha observado de las imágenes de la tragedia y sus antecedentes inmediatos es la falla en la función del punto de unión de la trabe con la columna de sustentación. Lo que debería resistir el peso durante el paso de los trenes de cada convoy no lo soportó y se colapsó.
Lo que materialmente debía comportarse en cierta forma, no lo hizo y parte de la estructura se desplomó con el peso de los trenes a su paso. Por elementales razones de responsabilidad ante quienes perdieron la vida o resultaron lesionados y sus familiares, es indispensable investigar con todo rigor la o las causas de lo ocurrido y saber dónde radican las deficiencias que las explican, porqué surgieron y no se detectaron o corrigieron y, desde luego, quiénes tenían atribuciones para prevenirlas, solucionarlas y, en última instancia, evitarlas.
Nunca es buen tiempo para hacer frente a este tipo de sucesos, pero la polarización y la exclusión políticas propiciadas cotidianamente por el Ejecutivo de la Unión y las campañas electorales en marcha no contribuyen al análisis sereno y objetivo, así como al planteamiento de cursos de acción que logren la credibilidad de la ciudadanía. La desconfianza en la autoridad gubernamental de la Ciudad de México para rendir cuentas de lo sucedido es una realidad humana.
Hay quien podrá desconfiar de la transparencia de la investigación y de sus resultados, en el contexto de no perjudicar con ellos al movimiento político al cual se pertenece; y hay quien podrá desconfiar en la imparcialidad del informe que se presentará y sus conclusiones, por las diferencias en el origen político de cada quien, pero identidad en las ambiciones al interior del grupo gobernante con aspiraciones hegemónicas.
La Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, ha expuesto que además de la investigación que compete realizar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre los decesos y lesiones que se produjeron, misma que habrá de incluir las opiniones de los peritos en torno a las causas del desprendimiento de la estructura y el hilo de las responsabilidades, se contratará a la empresa noruega DNV GL para efectuar un peritaje externo. Una medida obligada y otra necesaria, pero ambas bajo el manto de la desconfianza, por su vinculación a quien propuso y sacó adelante el nombramiento de su titular, Ernestina Godoy, o de prestadora de un servicio a quien determinó la contratación.
Puede argumentarse que las obligaciones constitucionales y los deberes técnicos y profesionales, en uno y otro caso, son el antídoto eficaz para el escepticismo. Es válido, pero no convincente ante los precedentes en la propia capital del país de la frase atribuida a Benito Juárez: “a los amigos: justicia y gracia; a los enemigos: justicia a secas”.
Esta desconfianza en la transparencia e imparcialidad de la autoridad se potencia, además, por la complejidad de las aristas y componentes profesionales implícitos en la realización de los peritajes que se requieren. En otras palabras, a mayores elementos de investigación y análisis, también mayores espacios para diluir y ocultar la verdad de las causas de la falla en la estructura y su desprendimiento fatal.
El prestigiado y polifacético Ing. Sergio Alcocer, miembro del Instituto de Ingeniería de la UNAM, ha apuntado algunas fases del estudio a detalle que se requiere efectuar: el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la Línea 12 y en particular del tramo donde ocurrió el siniestro. Hay que recorrer la obra en reversa de lo sucedido: ¿tenía la supervisión y el mantenimiento preventivo y correctivo adecuados?, ¿funcionaba en forma normal y de acuerdo al desgaste natural de los materiales?, ¿eran los materiales acordes a las calidades y características necesarias y aquéllos fueron utilizados y colocados correctamente? y ¿resolvía la concepción y propuesta de edificación los problemas que enfrentaría en las exigencias del funcionamiento cotidiano?
Una simple enunciación del espectro de la labor pericial permite colegir la dimensión de la tarea. A ello habrá que agregar, sólo como elemento de coyuntura, que en la actual gestión gubernamental de la Ciudad de México han ocurrido ya tres incidentes graves en el funcionamiento del Metro: el choque de trenes de la Línea 1 el 10 de marzo del año pasado; el incendio en el Centro de Control del 9 de enero de este año, y ahora el desplome en la Línea 12.
Estos hechos, pasados bajo el cristal de la política de austeridad decretada en Palacio Nacional, están de alguna forma relacionados con lo que ha ocurrido en el presupuesto anual del Sistema; este año asciende a poco más de 15 mil millones de pesos, reflejándose una caída de más de 4 mil millones de pesos con respecto al 2018. Es dable preguntarnos si la reducción del presupuesto en más del 20 por ciento en menos de tres años ha afectado las tareas de mantenimiento.
A la falta de credibilidad se agrega la duda sobre la necesaria inversión en el mantenimiento oportuno e indispensable de las doce líneas.
¿Estarían dispuestas las fuerzas políticas de la Ciudad de México a ensayar algo nuevo basado en la construcción de acuerdos para que la investigación de lo ocurrido sea a fondo y con resultados fidedignos? ¿Estaría dispuesta la Jefa de Gobierno a ir a la realización de un diagnóstico a profundidad de la situación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que sustentara un programa de inversión y funcionamiento adecuado de largo aliento?
La Constitución Política de la Ciudad de México contempla la conformación de comisiones en el Congreso local para investigar el funcionamiento y la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública (artículo 29, apartado B, inciso o).
Una comisión de esta naturaleza, basada en un acuerdo que precise la participación técnico profesional del Colegio de Ingenieros Civiles de México y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, como ejemplos de objetividad sustentada en el conocimiento, que pueden enriquecerse y complementarse con la participación de otras instituciones, y que establezca una hoja de ruta y un calendario de trabajos, podría aportar un informe confiable sobre las causas y los probables responsables de lo ocurrido, así como un diagnóstico y un conjunto de reflexiones y propuestas para el adecuado funcionamiento del Metro y sus necesidades para la próxima década.
Aclarar y deslindar responsabilidades en un horizonte más amplio de compromisos con una ciudad eminentemente plural y diversa.