En curso la etapa posterior a la jornada electoral, transitamos del punto de la legitimidad de origen con base en la votación que confiere la responsabilidad de la representación popular, a la cotidianeidad en la legitimidad del desempeño y la anhelada legitimidad de los resultados.

Legitimidades que tienen sus tiempos: campañas con períodos precisos y una duración porcentual siempre menor a la décima parte del mandato; período de ejercicio razonable para llevar a cabo la plataforma electoral propuesta, acorde al resultado electoral y el mensaje de las urnas, y largo trayecto —de una generación mínimo— para el escrutinio de la gestión y la evaluación ciudadana.

La postulación y la campaña son el medio, pero el cargo y la gestión de los intereses públicos consecuentes son el objetivo. En la campaña se busca el compromiso esperanzador y se tiran cohetes; en el cargo se debe cumplir con la entrega cotidiana y se recogen varas.

De las votaciones al inicio de las funciones de la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados vale asomarnos, desde tres miradores, a lo que sigue o puede seguir.

Primero, el impacto de los resultados comiciales en el Ejecutivo Federal y su programa gubernamental, sobre todo ante la pertinaz insistencia de ubicarse como eje de la decisión de las y los votantes, aunque no figuraba en la boleta ni —claro— pudiera hacer campaña; aunque la hizo en violación flagrante a la Constitución y la ley, y fue sancionado, aunque con las limitaciones políticas y jurídicas para tocar al jefe del Estado.

Más que revisar la cuenta del dato objetivo de la disminución del voto para el MRN (casi 21 millones en 2018 a 16.75 millones en 2021), o el retroceso en los triunfos de mayoría relativa con su votación (220 en 2018 a 186 en 2021), o la más evidente diferencia entre la aprobación de la gestión presidencial (60 por ciento) y la votación a favor del MRN-PT-PVEM (42.7 por ciento), cabe detenernos en el talante del mandatario ejecutivo federal.

Observamos la declaratoria fingida de felicidad y a unos días de distancia la reclamación a las clases medias mexicanas por sufragar libremente en forma distinta al deseo presidencial. Muy rápido identificó el segmento de nuestra sociedad que se pronunció por el contrapeso, por reprochar la dirección política a su cargo y el estado de cosas imperante.

Es, paradójicamente, un mensaje muy claro: sí a la dependencia de las transferencias directas de recursos a las personas menos favorecidas y al dogma del presidente benefactor, y no a la construcción de ciudadanía con conciencia de sus derechos y las distintas formas de ejercerlos. Es la contradicción entre ver al pueblo como súbdito o verlo como soberano. El Ejecutivo Federal reprocha y desdeña al ciudadano que ejerce la soberanía, ¿por qué?, ¿acaso sentirá que le pertenece o que sólo él puede representarla? Sí, en algunas funciones sí la representa, pero no en el ejercicio ciudadano universal de votar en libertad y formar la voluntad colectiva del pueblo.

Segundo, la traducción del resultado electoral y el mensaje que implica para la integración de los órganos de dirección política y de dirección parlamentaria de la Cámara de Diputados y, con esa base, para su funcionamiento. A partir de la información dada a conocer por el INE de los resultados finales de los cómputos distritales y la proyección para la asignación de las diputaciones de representación proporcional, MRN alcanzaría 197 curules, PT 40 y PVEM 44; por su parte, PAN obtendría 112, PRI 71, PRD 13 y MC 23.

Hay dos decisiones en el horizonte, que darán sustento a si la voluntad del partido oficial es convivir democráticamente en la pluralidad o buscar construir una mayoría artificial e imponerse donde el voto popular no lo ha colocado.

Así las cosas, de acuerdo a lo previsto por la Ley Orgánica del Congreso, y dado que ningún futuro grupo parlamentario tiene, por sí mismo, la mayoría absoluta (251 curules), la presidencia de la Junta de Coordinación Política deberá recaer rotativamente, con base en el acuerdo inicial de la Junta, en los coordinadores de los tres grupos con el mayor número de diputaciones: MRN, PAN y PRI. En la Legislatura que culminará en agosto entrante, a partir de las desafiliaciones de sus grupos de quiénes habían sido electos por el PES (33), el PT (16), el PRD (6) y el PVEM (5), MNR conformó la mayoría absoluta y monopolizó la presidencia de la Junta.

Ahora el grupo de la mayoría relativa requiere 54 incorporaciones. La operación política es similar a la de 2018, pero —de todos modos— es mayor y la situación política ha cambiado en tres años. La interrogante obvia: ¿a cambio de que estarán dispuestos el PT y el PVEM a ceder 25 y 29 diputaciones —por ejemplo— para que MRN presida la Junta los tres años de la Legislatura? Y la interrogante que aspira a que se haga política —u otro tipo de política—, ¿estará dispuesto el régimen y su partido a la convivencia y a compartir las responsabilidades en congruencia con el mensaje de las urnas?

Y la voluntad de honrar las disposiciones legales para qué —con el voto de las dos terceras partes del Pleno— la presidencia de la Mesa Directiva rote durante los tres años de la Legislatura entre representantes populares electos con base en la postulación de los grupos con mayor número de integrantes (MRN, PAN y PRI). Quizás por el tropiezo que pudo darse para el segundo año del actual Legislatura al haberse articulado la tentación de reelegir como presidente al Diputado Porfirio Muñoz Ledo, esta cuestión no presente mayores dudas, pero el amago ya ocurrió.

La titularidad de la presidencia de la Junta y de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados debe atender lealmente el sentido de la votación nacional. Aunque la ley puede reformarse con la mayoría absoluta, no hay ingenuidad ni condiciones para que se convoquen sesiones extraordinarias de las Cámaras en las que pudiera plantearse y votarse. La cuestión es cómo honrar mejor la voluntad ciudadana.

Y tercero, las oposiciones al gobierno federal tienen un reto formidable: pasar de la coalición electoral al desarrollo de la coalición parlamentaria. Vale ir de una alianza articulada por el impulso ciudadano para conformar un contrapeso a la voluntad de concentrar poder del Ejecutivo de la Unión, a la más amplia identificación de coincidencias, convergencias, acuerdos y compromisos para delinear, construir, presentar y proponer un planteamiento alternativo de acciones públicas y ejercicio del poder para la Nación.

Un ejercicio que implique el trabajo al interior de cada formación partidaria, el trabajo entre los suscriptores de la coalición y el trabajo con otras fuerzas y organizaciones políticas para ampliar la red y enriquecer los acuerdos en lo fundamental. ¿Cuáles son los grandes acuerdos nacionales que trascienden las diferencias? ¿Cuál es el hilo conductor afín del pensamiento político para hacer una propuesta de unidad que pondere y piense en el interés nacional de una sociedad plural y diversa, con un rezago grave de desigualdad social?

Es pasar de resistir y oponer a construir y proponer. Es tiempo de la política. ¿Convivencia o confrontación? ¿Resistencia o propuesta?