En las próximas elecciones podrían definirse el futuro de toda una generación de mexicanos, así de importante será la participación de cada uno de los ciudadanos.
El contexto económico en el que se desarrollarán las siguientes elecciones parece ser de difícil lectura para el electorado, luego de la caída del PIB más profunda en 100 años (-8.5% en 2020) a causa principalmente de la pandemia de COVID-19 que ha dejado cerca de 225 mil personas muertas, ahora México se enfrenta a una de las peores crisis de empleo en los últimos años, tanto por la escasez como por su precarización (empleo informal y subempleo las principales características) lo que ha llevado a 50 millones de personas a enfrentarse a la denominada pobreza laboral, es decir, no tienen posibilidad cubrir el costo de una canasta básica, a lo que deben agregarse presiones inflacionarias, que seguramente perdurarán el resto del año, al menos.
La discusión entre el electorado se suele reducir a determinar de quién es la responsabilidad, de quienes dejaron en malas condiciones al país o de quienes actualmente lo dirigen y lo emporaron. La reflexión deberá ser mucho más profunda, los ciudadanos tendrán la oportunidad de manifestar su voluntad política, que sin lugar a duda tendrá impacto en diferentes aspectos de la cotidianidad presente y futura. Son más de 3,500 cargos públicos los que se eligen, entre ellos 500 diputados federales y 15 gubernaturas y con ello, el futuro de la agenda legislativa, del desarrollo de proyectos nacionales y locales de alta envergadura, e incluso el funcionamiento del andamiaje constitucional, institucional y económico.
No es exagerado argumentar que las elecciones del próximo 6 de junio serán de gran trascendencia para el futuro de nuestro país. Los resultados determinarán en buena medida la agenda nacional, no sólo de los próximos tres años, sino de un horizonte de largo plazo. De los resultados de la elección se desprenderán una serie de acciones que podrían derivar en cambios drásticos para el aparato económico y social de México.
Si el grupo político del presidente se hace de un mayor poder político, derivado de ganar la mayoría calificada en el congreso y de las gubernaturas, más allá de planteamientos calamitosos sobre el surgimiento de un régimen tiránico, de la posibilidad de la reelección o de la extensión de mandato presidencial, sería un elemento que cohesione aún más el poder y siente las bases de su accionar para los siguientes años.
No puede descartarse que esto permita plantear una reforma fiscal y hacendaria, encaminada a que en el corto plazo permita hacerse de mayores recursos al gobierno, sin que ello necesariamente considere un aumento de la base tributaria, es decir, esté enfocada en empresas y salariados formales a través de cambios al Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La agenda continuaría encaminada a desarrollar los proyectos de infraestructura y con el enfoque de transferencias económicas a grupos sociales vulnerables, sin que se observe en ello un efecto multiplicador y de crecimiento del mercado interno.
La concentración de poder político y la falta de contrapesos, podrían derivar en acciones radicales principalmente en el sector energético, esta vez, podría concretarse el objetivo de cancelar la participación de la inversión privada nacional y extrajera, lo que sin duda, podría ser un duro golpe para las aspiraciones de crecimiento y recuperación económica en los años siguientes. Si el mensaje pudiera interpretarse como sólo el primer paso de varios que se realizarían en otros sectores de la economía, la posibilidad de salidas de capitales, cancelación de inversiones e incluso desinversiones y con ello desajustes cambiarios, es alta.
Es sensato suponer la agenda legislativa además esté enfocada en el desvanecimiento de los organismos autónomos que han sido hasta ahora uno de los principales contrapesos a las decisiones gubernamentales.
Como se puede apreciar, son cambios que en un análisis objetivo, tendrán repercusiones en el futuro de económico y social de México, que podrían retrasar la recuperación y que afectarían en el mediano y largo plazo la imagen de México como destino de inversión. Debe decirse, esta posibilidad sería viable principalmente en un contexto de baja participación electoral. Es decir, si es la robusta estructura de los partidos políticos la que mayormente ejerce su voto, seguramente dará la victoria electoral al grupo del presidente.
Por el contrario, si la mayoría de los ciudadanos sale a ejercer su derecho al voto, lo más probable es que haya una división del poder político. Mientras mayor participación electoral por parte de los ciudadanos haya, el llamado voto útil, los de genuina preferencia electoral por candidatos de oposición e incluso el voto de castigo, tendrán mayor peso y podrían llevar a una división y de alguna manera desconcentración del poder político.
Los pilones en la balanza podrían impulsar el equilibrio, se esperaría que la oposición tome un papel mucho más participativo, profesional y de diálogo constante con el grupo del presidente. Los cambios constitucionales, para materializar las instrucciones del mandatario no debieran ser una posibilidad real, sin estudios legales, económicos y técnicos previos.
Es por lo que resulta importante ejercer el voto. Votar no sólo es un derecho, es también una obligación ciudadana, de no hacerlo poco se podrá reclamar posteriormente.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®