A pesar de que el gobierno del estado celebra la ubicación de Guerrero en el décimo lugar en cuanto a la estadística de homicidios, la violencia se mantiene como una amenaza y despliegue en sus diferentes formas, no solo es la criminal.
A lo largo del periodo de la campaña electoral, los hechos derivados de la actividad delincuencial se mantuvieron fuera del principal foco mediático, pero de ellos se desprenden ajustes de cuentas, territoriales e incluso intimidaciones sobre los liderazgos y autoridades de gobierno. Pero también se mantiene una tendencia creciente en otras formas de violencia que incluye la familiar.
Con corte a marzo de 2021, Guerrero reporta 272 asesinatos, así que tiene el décimo lugar en homicidios dolosos totales. Asimismo, su tasa por cada 100 mil habitantes es de 8.02, por lo que es diez en la lista.
Entre el 25 y el 27 de mayo, fueron asesinadas 13 personas en las colonias populares; los medios locales también reportaron balaceras, persecuciones y el hallazgo de un mensaje del crimen organizado en una manta.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que de enero a mayo se registraron 481 expedientes de homicidio doloso en Guerrero, en los cuales hubo 561 víctimas del delito.
Durante mayo, hubo 120 casos y 136 asesinatos o víctimas del delito, ahora el quinto mes es el de mayor incidencia en lo que va del año. En enero y febrero se reportaron 87 casos, en marzo 98, y en abril 89. El aumento de abril a mayo es 34.8 por ciento.
Otro dato que conviene tener en cuenta es que, del total de casos registrados en la entidad, 70 por ciento ocurrieron en seis municipios: 197 en Acapulco, 85 en Iguala, 26 en Chilpancingo, 15 en Zihuatanejo y 14 en Taxco.
Además, el 40.95 por ciento de la incidencia de homicidio doloso ocurrió en Acapulco y 17.67 por ciento Iguala. Estas dos demarcaciones acumulan más de la mitad de las investigaciones abiertas por el delito: 58.62 por ciento.
El 15 de junio, al menos seis personas murieron y dos más resultaron heridas tras una incursión armada de un grupo delincuencial en la comunidad de Corralejo, municipio de Taxco de Alarcón, en la zona norte de Guerrero.
Además, Julio César Coctecón, comisario de la comunidad de Acatempa, municipio de Tixtla, fue privado de la libertad por un comando que vestía ropas verde olivo, y posteriormente apareció descuartizado en el Barrio de EL Fortín.
El comisario municipal, formó parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), y apenas había salido del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chilpancingo el pasado enero, después de más de cuatro años de estar privado de su libertad.
Ese mismo día, en Iguala, tres personas fueron ejecutadas a balazos en distintos puntos, entre ellos el sobrino de Juan Adán Tabares, ex diputado local del PRD y ahora morenista. También, dos personas más fueron asesinadas en Taxco; otra en Cuajinicuilapa, municipio de la Costa Chica; tres en Acapulco; y un taxista en la carretera Chilapa-Hueycantenango, en la Montaña Baja de Guerrero.
Durante los primeros días de junio, en la página de Facebook Ejido Guajes Ayala, se compartieron transmisiones en vivo donde un grupo de mujeres piden ayuda porque han permanecido encerradas junto a sus hijos, sin ayuda ni alimento, durante varios días: “Los ataques están muy fuertes alrededor”.
Héctor Astudillo, gobernador del estado, aseguró que no han observado indicios de caminos cerrados ni de enfrentamientos en los poblados de Guajes de Ayala, El Pescado y Hacienda de Dolores.
El 12 de junio Javier Hernández Peñaloza, secretario ejidal de Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente de Guerrero, denunció que hasta el 5 de junio, de los 32 pueblos que conforman el ejido, en 27 de ellos la totalidad de sus habitantes tuvieron que huir por la violencia que se presenta en esa región y demandó a los gobiernos estatal y federal, que intervengan debido a que la población ya no cuenta con los alimentos básicos para alimentarse, siendo los niños los más perjudicados.
Pero también está la otra violencia, la activista María Reyna Aguilar aseguró que de 2017 a 2021 al menos 902 personas del sexo femenino fueron ultimadas y menos de 10 por ciento de estos crímenes se han investigado con protocolo de feminicidio, además de que solamente ha habido seis sentencias por este delito.
En junio de 2017, se emitió una alerta por violencia de género en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, José Azueta, Ayutla de los Libres, Coyuca de Catalán, Tlapa de Comonfort e Iguala; no obstante, las agresiones se incrementan.
Una de las consecuencias más visibles de la violencia es la disminución en la calidad de vida de la población. Las muertes violentas y los incidentes menores, que no necesariamente se traducen en daños físicos visibles, se han convertido en fuentes constantes de miedo y de desconfianza ante la incapacidad del sistema de protección y procuración de justicia para controlar y prevenir la violencia manifiesta.