Para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo
Refrán popular
Aunque la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, designó a Adela Piña Bernal para hacerse cargo de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) desde el 16 de este mes, hasta el 21 le dio posesión.
El cambio puede interpretarse de varias maneras, lo que es seguro es que era ya insostenible la posición de Francisco Cartas Cabrera en la jefatura. Le llovían críticas de todas las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de maestros de base, las más recurrentes fueron por la comisión de arbitrariedades, corrupción y malos tratos para los dirigentes. Tal vez esta última razón selló su salida de la SEP.
La Usicamm es el dispositivo burocrático que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diseñó para sustituir a la Coordinación General del Servicio Profesional Docente, una vez que reformó el artículo 3 de la Constitución, en mayo de 2019. Quizá valga la pena poner sobre el tapete los antecedentes.
La reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto instauró el Servicio Profesional Docente para regular el ingreso, promoción, reconocimiento y recompensas extras a los docentes con base en méritos. Fue la parte laboral de aquella reforma que provocó rechazo y movilizaciones constantes; institucionalizó en un ordenamiento diversas normas que regulaban la trayectoria profesional de los maestros.
El Servicio Profesional Docente destilaba un orden racional burocrático (a la usanza weberiana) donde el propósito fue “ordenar y limpiar” la tradición corporativa (que incluía la herencia y compraventa de plazas, licencias para comisionados, muertos que cobraban su quincena) que ejercían los fieles del SNTE, quienes habían colonizado el gobierno de la educación básica. Fue el aparejo que usaron los titulares de la SEP para “recuperar la rectoría de la educación”.
Si bien el gobierno de Peña Nieto no supo o no pudo comunicar los alcances de la profesionalización del magisterio por la vía del mérito, la propaganda de los opositores —con verdades a medias— tuvo mayores repercusiones en la perspectiva de los docentes: “reforma laboral, no educativa”, “evaluación punitiva”. Por ello, en la campaña por la presidencia, AMLO se montó sobre las demandas de los grupos más radicales y se comprometió a eliminar lo que él denominó la “mal llamada” reforma educativa.
Ya en el gobierno, hizo bastante para acabar con esa reforma —a costa de debilitar al sistema educativo mexicano— pero no del todo. Acaso no por convicción sino por requisitos del mando, conservó pilares institucionales de la reforma de Peña Nieto, como el Sistema de Información y Gestión Educativa y la centralización de la nómina deductiva.
Y, sí, sí satisfizo la exigencia de la CNTE de acabar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero lo sustituyó con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que no encuentra su rumbo. Y, para sostener el control del itinerario de los docentes, remplazó a la Coordinación General del Servicio Profesional Docente por la Usicamm.
Empero, en la norma prevaleció la racionalidad burocrática. No se acabó con la evaluación “punitiva” como señalaban los opositores, nada más se eliminaron los exámenes de desempeño docente. Continuaron las pruebas para admisión y reconocimiento, pero no como manda el artículo 3: “a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones… los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales”. No son públicos ni lo demás.
Sin embargo, en la práctica el neocorporativismo de las facciones del SNTE retomó la iniciativa y exigió basificar a los interinos, cuya mayoría fueron impuestos por los lideres de las facciones y hay sospechas —como lo apuntó Adela Piña Bernal en una entrevista— de corrupción y venta de plazas. Tal basificación fue producto de la negociación de corrientes del sindicato, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el presidente López Obrador, no con los titulares de la SEP, Moctezuma o Gómez Álvarez.
AMLO no acabó con la “mal llamada”, pero consiguió que regresaran prácticas deleznables. Desde marzo de este año, Alfonso Cepeda Salas y su grupo comenzaron a presionar a la maestra Delfina con el fin de tener espacios en la Usicamm, querían participar en el mando, enjuiciaban a Francisco Cartas y exigían su destitución.
No pienso que Cartas sea un santo, pero tampoco creo todos los sambenitos que le colgaron. Corrupción hay, pero buena parte de ella provienes de las mismas facciones del SNTE. La CNTE también quería que la SEP se deshiciera de Cartas, aunque sus intereses van más arriba.
El hilo se reventó, Cartas Cabrera se fue y llega Piña Bernal, normalista, militante de la sección 9 democrática, es decir de la CNTE, diputada federal por Morena y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hasta el 16 de junio.
Arriba al puesto con un discurso anticorrupción, pero eso ya no indica mucho, no hay nadie entre el funcionariado que no haya dicho lo mismo, el presidente en persona lo repite a cada rato. El riesgo, como apunta la interpretación más socorrida, consiste en que sea una posición para la CNTE; si es cierto, entonces la Usicamm ya se amoló.
Mas no me quedo con esa inferencia. No hay motivos para la alegría —la austeridad republicana impedirá cualquier progreso— pero tampoco hay que dejarse llevar por el pesimismo. Piña Bernal no se plegó a las demandas de la Coordinadora en la Cámara, tal vez no llegó por ella a la jefatura de la Usicamm, sino por su cercanía con AMLO. Y hay señales de que el presidente quiere deslindarse de la CNTE.
Acaso Peña Bernal sea la cuña del mismo palo.