Aunque es tarea importante del Estado ser un actor que promueva la competencia económica, ser un formador, moderador y regulador de precios puede ser una tarea además de compleja, ineficiente. Hace algunos días, se anunció que se está preparando la creación de una empresa pública, llamada Gas Bienestar, que tendrá como objetivo ofrecer gas L.P. “…a precios bajos, en las colonias…” generando competencia para empresas privadas.
Antes de conocer el plan de negocios y el funcionamiento de esta empresa, luce mucho más como una mala idea o al menos una difícilmente viable.
Probablemente lo grave en todo esto, no es que se pretenda desarrollar una política pública basada en un mal diagnóstico, sino el mensaje que ya en repetidas ocasiones se ha mostrado, si un mercado tiene un funcionamiento inadecuado, al menos desde la perspectiva del Ejecutivo, no se regula, se interviene.
Impulsar la competencia es siempre una tarea de los gobiernos, desarrollar políticas públicas que incentiven la creación de nuevos negocios, que promuevan la inversión y hagan eficiente la actividad económica deben ser objetivos fundamentales en cualquier administración.
El surgimiento de la idea está basado en la dinámica del precio del gas L.P. que ha tenido un incremento considerable en los últimos meses, con fuertes afectaciones al gasto familiar. En enero de este año, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el caso de los tanques estacionarios, el precio por litro era de 9.51 pesos, durante la primera semana de julio, en la ciudad de México rondaba los 15 pesos por litro. Si de los cilindros se trata, en enero, uno de 30 litros tenía un precio de venta de 532 pesos, en julio ha llegado a superar los 800 pesos.
Según datos de INEGI, procedentes del Censo de Población y Vivienda 2020, 84.6% de las viviendas utilizan gas para cocinar. De hecho, dos años antes, el mismo INEGI reveló a través de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares, que en 79% de las viviendas utilizan gas L.P.
También te pude interesar
Respecto del desarrollo de la empresa Gas Bienestar, no parece viable, considerando varios aspectos. En términos de la complejidad logística que supone, una empresa gasera requiere plantas de distribución, grandes cantidades de equipo de transporte, personal capacitado, cilindros y una larga lista de equipos y servicios especializados. La inversión para operar en toda la República sería de varios miles de millones de pesos, con un alto costo de oportunidad.
Esto, sin contar las barreras a la entrada del mercado, que más allá de las económicas, se trata de la defensa de los territorios con violencia, entre compañías gaseras, la inseguridad, el robo de equipos e incluso el famoso huachicol; es decir, venta de gas procedente de la ordeña de ductos o robo a empresas. Esto implicaría, quizás, una nueva tarea impuesta al Ejército Mexicano.
Ha quedado claro el papel que se ha buscado como rector en las diferentes aristas del sector energético, y más allá de si es o no posible consolidar una empresa gasera pública que incentive la competencia y genere precios justos, las preguntas son, cuál sería el impacto real en la economía de las familias y cuál será el costo para las ya deterioradas finanzas públicas.
Lo cierto es que el elevado precio del gas L.P en México no se debe estrictamente a la falta de competencia, se debe principalmente a los elevados precios internacionales de este commodity, referenciado principalmente al gas producido en Mont Belvieu, Texas, que a inicios de año se cotizaba en 0.75 dólares por galón y actualmente ronda 1.11 dólares por galón.
Hoy en México no hay forma natural de disminuir el precio del gas L.P. a menos que se desarrolle algún esquema de subsidios.
Este mensaje interventor genera incertidumbre, no abona a la recuperación económica y se refiere a un pasado fallido en el que el Estado intervenía activamente como moderador y regulador de los precios en los mercados. Ello podría tener consecuencias mucho más serias de lo que a priori puede imaginarse, principalmente en la generación de nuevas inversiones, en sectores completamente diferentes al energético pero que podrían trastocarse por decreto.
El autor es Presidente de Consultores Internacionales, S.C.®