Este fin de semana se llevará a cabo la primera consulta popular llevada a cabo por el INE, misma que se caracterizará por ser costosa, tener baja expectativa de participación y abonar al encono social.
Es un ejercicio previsto en la Ley Federal de Consulta Popular, para el cual se instalarán 57 mil casillas y tendrá un costo de 528 millones de pesos.
Entre una pregunta confusa y la escasa promoción que se ha dado, el primer reto por superar será la participación ciudadana. Para que tenga efectos vinculantes en términos de lo que especifica la Ley, se requiere de la participación de al menos un 40 por ciento de la lista nominal, es decir alrededor de 37.5 millones de personas, por lo que probablemente nos enfrentamos a un ejercicio estéril.
Se convierte pues, en uno más de los gastos improductivos y desperdicios que se han realizado en la presente administración y que se suman a ejemplos como la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
Estos 528 millones de pesos podrían tener un destino completamente diferente, con mucho mayor valor agregado para la economía; para referencia en el ámbito del desarrollo económico, se trata de más de una tercera parte del presupuesto para 2021 del Programa de Microcréditos Bienestar de la Secretaría de Economía; o bien si de salud se refiere, es el 58 por ciento del Programa de Fortalecimiento a la atención médica del IMSS.
Es imprudente realizar una consulta cuya pregunta no construye; hasta ahora, la consulta ha generado polarización entre la población, un elemento que no ayuda en absoluto a la sociedad en el proceso de recuperación económica y tampoco a restablecer el ambiente de negocios que requiere México para el desarrollo de inversiones, generación de empleos y en general la mejora del aparato económico nacional.
Ciertamente, los esquemas de participación ciudadana a través de consultas, referéndums o plebiscitos son parte del espíritu democrático moderno en prácticamente todo el mundo, pero también lo es que las referencias en otros países han tenido que ver con decisiones que significan cambios en la vida de los votantes, como la independencia respecto de otro país (Cataluña o Escocia), el uso legal de alguna sustancia como el cannabis (California) o bien, probablemente el caso más famoso, el plebiscito en Reino Unido que derivó en el Brexit.
En ningún caso se ha puesto a consulta la aplicación de la ley y la justicia, si existen pruebas suficientes para fincar responsabilidades a actores políticos del pasado, debe entonces aplicarse la ley, no pretender que a través de una consulta popular validar y legitimar lo que por ley ya lo es; dicho de otra forma, la impartición de justicia no debiera estar sujeta a la decisión de la vox populi.
En el caso mexicano, se pone a votación la aplicación de la justicia desde la demagogia en su más profundo sentido de expresión, es decir, apelando a prejuicios, sentimientos de resentimiento y la genuina esperanza de millones de personas por un país mejor, con un claro objetivo de obtener simplemente un capital político.
Poner a consulta decisiones técnicas, que requieren de experiencia, pericia, conocimiento amplio del marco legal e institucional, no es una práctica democrática, de hecho, para ello es que mediante elecciones se definen a los actores políticos que habrán de tomar esas decisiones, porque la ciudadanía ya les ha confiado esa responsabilidad con su voto.
Esta consulta se convierte en un ejercicio para intentar legitimar de nueva cuenta la idea de que es el pueblo quien debe decidir, será un ejercicio que difícilmente tendrá alguna consecuencia directa sobre cualquier actor político del pasado, que además se convierte en un mecanismo que promueve la confrontación y la tensión política.
México requiere de una activa participación democrática, basada en la libertad, solidaridad, participación responsable, tolerancia, entre otros valores, este ejercicio está mucho más aproximado a la formación y maduración de ideas y conceptos en el imaginario colectivo, una estrategia que ha demostrado ser rentable en cualquier momento del tiempo para los actores políticos, pero con costos muy elevados para la sociedad y su futuro.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®