En memoria de don Fernando Zertuche Muñoz,
hombre íntegro, culto y generoso.
Se ha dicho muchas veces y con razón, que las instancias gubernamentales no tienen responsabilidad en el surgimiento y arribo a nuestro país del virus SARS-CoV2, causante de la covid-19, pero sí en el establecimiento, aplicación y resultados de las determinaciones para hacer frente a la emergencia sanitaria.
El nuevo coronavirus sorprendió al mundo y obligó a la adopción de medidas por demás extraordinarias en virtud de la seriedad de la afectación a la salud, la facilidad exponencial de su contagio y, desde luego, la ausencia de vacunas para atemperar su letalidad y de medicamentos específicos para su tratamiento.
Estos elementos condujeron a las políticas de disminución e incluso suspensión de las actividades que implicaran la convivencia física entre las personas: el confinamiento y, cuando mucho, la sana distancia con el uso del cubrebocas. Y, en el campo de la investigación científica, al desarrollo de las vacunas.
En retrospectiva a las primeras manifestaciones del nuevo virus en enero de 2020 y los hechos que sustentan la declaratoria de la emergencia sanitaria en marzo del año pasado en nuestro país, vale rescatar la complejidad de tomar decisiones y actuar con base en el desconocimiento de cómo se comportaría el agente patógeno.
No obstante desconocer el virus y carecerse de medios idóneos para prevenir sus peores consecuencias o para sanar a quienes fueran contagiados, los escenarios de la duración de la emergencia corrían de la mano del optimismo razonable: prevenir contagios, evitar la saturación y crisis de los servicios médicos y hospitalarios y esperar los resultados de la ciencia para lograr los antídotos para prevenir y para combatir.
En ese período de la protección y preservación de la salud con medidas extremas de permanencia en casa y diferimiento al máximo posible de actividades que naturalmente nos ponen en contacto con otras personas, los saldos más negativos se produjeron en la educación presencial, la producción e intercambio de bienes y servicios y los procesos de socialización y culturización que presuponen la concurrencia grupal e incluso masiva.
La ciencia hizo su parte y sobre la base de la emergencia para la salud mundial, las autoridades sanitarias de mayor experiencia y reconocimiento en el planeta dieron el banderazo para que las vacunas se produjeran y se iniciara su aplicación. Es, desde luego, la base que sustenta la posibilidad de superar las medidas de contención y reanudar las actividades que se han adaptado a su realización telemática o que debieron suspenderse del todo.
A pesar de ello, cabe ser humildes y volver a reconocer que sabemos muy poco del virus y que la emergencia no se ha superado. Los avances son indudables, pero también que el riesgo para la población está presente y que la alerta no ha concluido. Sólo una prueba: por el tiempo transcurrido y los millones de huéspedes del virus, éste ha mutado y han aparecido nuevas cepas más agresivas y posiblemente más resistentes a las previsiones de las vacunas diseñadas contra la primera cepa.
Como para la ciudadanía de nuestro país quedó muy acreditado a lo largo de la gestión del gobierno de Vicente Fox Quesada, el voluntarismo no es ruta cierta para alcanzar los resultados que se pensaron.
Tampoco lo han sido la negación a reconocer el valor de las recomendaciones de la ciencia, la simulación, la autocomplacencia, la insensibilidad y la ineficacia de la administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador, no exenta de su propio voluntarismo.
Preocupa con relación a la atención integral de la pandemia, pero en particular con respecto a la reanudación de la presencia de la población estudiantil en las instituciones de enseñanza-aprendizaje.
Dijo el Ejecutivo en su programa informativo, cuando ya había elementos sobre la llamada tercera ola de contagios (promedio de 7,951 diarios en lo que va de julio): “Hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero ya tenemos más vacunación y, por lo mismo, hay menos riesgo de contagios y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir, de modo que el reinicio de clases se va a dar.” Es decir, ya lo decidió por sí y ante sí.
¿Son convincentes los antecedentes de la actuación de la administración federal para dar este paso? ¿Existen condiciones materiales para reanudar clases presenciales sin poner en riesgo la salud de millones de personas en edad escolar? ¿Cuáles son los elementos que le permitirían sostener que el riesgo de contagios es menor?
La cuestión es que en este tema la actuación del presidente y de la administración ha sido muy deficiente: tardanza en reconocer la emergencia sanitaria y adoptar las medidas necesarias para prevenir los contagios; ignorancia o desdén a reconocer los beneficios del uso generalizado y obligatorio del cubrebocas; negativa a la realización de pruebas masivas para detectar oportunamente a quienes podían contagiar y la expansión del virus para atemperar las afectaciones; rechazo a personas posiblemente contagiadas en los hospitales públicos para afirmar en los medios que la capacidad de aquéllos no sería rebasada; afirmación reiterada de haber dominado la pandemia, cuando no podía siquiera garantizarse al personal de las instituciones de salud el material necesario para realizar sus labores con el menor riesgo de contagio; absurda “predicción” de escenarios de personas que podrían fallecer, que ha sido rebasada en 300 por ciento con las cifras oficiales; pertinaz disposición para no reconocer el posible número real de personas fallecidas por la covid-19, a la luz de la cifra de elevación de decesos estadísticamente esperado sin la pandemia; y negativa a proporcionar información sobre las condiciones de la adquisición de las vacunas, entre las fallas más evidentes.
No son buenas cartas de presentación para otorgar confianza. Y cabe agregar dos más: (i) la incapacidad para establecer y ejecutar el programa de vacunación. Es claro que su realización depende del suministro de las vacunas, pero aquél debía partir de lo contratado y exigible con márgenes razonables por la emergencia, y de los ajustes necesarios de su puesta en marcha. Sin embargo, hay metas incumplidas y metas revisadas que podrán incumplirse porque se actúa sobre la base de no rendir cuentas.
Y (ii) el reconocimiento del propio Ejecutivo Federal de que durante la suspensión de las clases presenciales los planteles de las escuelas públicas se abandonaron y en ellas ocurrieron actos vandálicos que las deterioraron. ¿Nadie estaba atento de la condición de esos bienes públicos? La falla e irresponsabilidad fueron -entonces- sistémicas en la Secretaría de Educación Pública.
En la pandemia, el Ejecutivo que se jactó de haberla domado ha dado, más que nada, palos de ciego.
Si el conocimiento del virus y su comportamiento es todavía incompleto y los pronósticos previos sobre el eventual retorno a ciertas actividades han fallado; si la vacunación es la solución anhelada, pero avanza a pasos que no se rigen por el inicio del calendario escolar; si la población estudiantil estaría en riesgo de contagiarse, aunque su capacidad de recuperación sea mayor; si el invento del semáforo epidemiológico tiene que ajustarse para disminuir los requisitos que lo establecerían en el color verde y que su permanencia por un número mínimo de semanas sustentaría el regreso a las clases presenciales; y si las grandes instituciones educativas, como la UNAM, no aportan su opinión independiente y objetiva sobre la pertinencia y los cómos del regreso a las clases presenciales, dar otro palo de ciego con cargo a la salud de las y los estudiantes es una falta elemental de ética pública.
Frivolidad. Tantos problemas y un par de millonarios inmaduros van al espacio sin más razón que la capacidad económica y ningún otro propósito que su diversión.