En México el 92 por ciento de los delitos queda impune, hay 217,969 presos de los cuales 92,821 están en prisión sin sentencia, el 42.5 por ciento, según Paola Zavala subdirectora del Centro Cultural Universitario Tlatelolco CCUT y presidenta de OCUPA (Organización Comunitaria por la Paz); el número de delitos que requieren prisión oficiosa se triplico a raíz de la reforma constitucional de 2019, también según la misma investigadora.
Un país con tal sistema penal y judicial es terreno fértil para la arbitrariedad.
Luchar en contra de la utilización de la “justicia” para castigar a los opositores no es una cuestión pasajera o acomodada para protestar cuando se utiliza contra opositores de una corriente y aplaudirla cuando se usa contra los adversarios.
El 27 de marzo de 2005 publiqué en Milenio Diario “La oposición al desafuero de AMLO rebasa sus intereses personales, los del propio PRD e incluso los de la clase política en su conjunto. Es la expresión al día de hoy de la defensa de los espacios y avances democráticos conquistados a lo largo de un complejo, contradictorio y lento proceso de transición”.
Añadí, “los alcances y las limitaciones del gobierno de Vicente Fox pueden quedar definitivamente marcados como una grave regresión antidemocrática y autoritaria si se impide con el desafuero o bajo cualquier otra maniobra legaloide inhabilitar a AMLO”.
En la época del autoritarismo del partido de Estado se practicó de manera recurrente el encarcelar al inicio de casi todos los gobiernos del PRI o sus antecesores a una figura pública importante, un “pez gordo” acusado de delitos reales o inventados, cito de memoria los casos de Félix Barra, Alfredo Ríos Camarena, Jorge Díaz Serrano, Joaquín Hernández Galicia la Quina, Raúl Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo encarcelada al inicio del gobierno de Peña Nieto y liberada con AMLO como presidente electo y Rosario Robles desde el inicio de éste sexenio.
No necesariamente los casos anteriores fueron resultado de procesos “justos” y castigo a los ladrones o corruptos, aunque pudiese haber casos de desvío de fondos, de corrupción abierta o de otros delitos, la causa de esos encarcelamientos fue política.
Actualmente hay varios casos de personajes procesados en torno al affaire Odebrech y la reforma energética, el más significativo es el de Emilio Lozoya quien actúa bajo el criterio de oportunidad, figura jurídica del Código Nacional de Procedimientos Penales que permite la suspensión temporal o definitiva de la acción penal contra un presunto responsable a cambio de que éste ofrezca datos y pruebas eficaces que permitan enjuiciar a personas de mayor jerarquía que la suya o que hayan cometido delitos más graves que los del acusado, por eso permanece en su residencia desde hace más de un año en que llegó de España extraditado.
En esa condición ha señalado a unos 17 políticos implicados en el caso Odebrecht o la reforma energética, entre ellos los ex presidentes Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto, varios senadores, gobernadores y diputados panistas, algún ex director de Pemex y ahora al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés y el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, hasta ahora solamente ha sido encarcelado Jorge Luis Lavalle Maury.
Aunque el presidente ha declarado no ser vengativo y estar por el “punto final” ante los ex presidentes, al mismo tiempo de manera contradictoria ha dicho “la casa se barre de arriba para abajo” e incluso promovió la “consulta” del 1º de agosto que fracasó rotundamente, aunque él no votó y dijo que no estaba por procesar a los cuatro ex presidentes vivos, con la extraña excepción de Luis Echeverría quien reapareció públicamente al vacunarse en terrenos de la UNAM, de donde salió repudiado por los estudiantes el 14 de marzo de 1975. Esta vacunación pudo haber sido deliberadamente planeada o tolerada, por los gobiernos federal y el de la CDMX, para reivindicar a Echeverría, quien estuvo en prisión domiciliaria durante 847 días como reo del delito de genocidio, desde el 29 de noviembre de 2006 hasta el 26 de marzo de 2009, cuando obtuvo un amparo que dejó impunes las matanzas del 2 de octubre y el 10 de junio.
Mientras se realiza esta cacería de brujas contra políticos del viejo régimen, se omite realizar investigación alguna en contra de los políticos actuales o familiares del mismo presidente.
Es probable que a muchos ciudadanos les simpatice la idea de “procesar y encarcelar” a los corruptos y ladrones, sin que reparen en la propia historia de ese tipo de procesos en el pasado y la actual impunidad contra los políticos del gobierno de AMLO y sus parientes y allegados.
Una cacería de brujas contra los opositores, disfrazada de persecución a los corruptos, sería un paso más hacia la restauración del presidencialismo imperial en su versión actual de autócrata.
La fiscalía general es parte del gobierno y su actuación ha sido muy parcial.
El poder judicial ha demostrado una sumisión al presidente, incluso el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea retrasó su rechazo a prorrogar su mandato, varios meses.
Algunos ministros son muy cercanos al presidente.
En 2005 cuando Vicente Fox promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador votaron en la Cámara de Diputados, erigida en Tribunal 360 a favor, 127 en contra y 2 abstenciones. A pesar de esa mayoría inquisidora contra AMLO y orientada a impedir su candidatura a la presidencia, el rechazo de varios centenares de miles se expresó en la gran manifestación contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador el 24 de abril de 2005 y Fox tuvo que destituir al procurador y retirar los cargos e incluso hizo la faramalla de que una diputada del PAN pagara la multa, esa misma señora después se convirtió en seguidora de AMLO.
Es muy grave que se use la “justicia” para anular a los opositores, como está ocurriendo en Nicaragua y ha ocurrido en Venezuela.
Un sistema tan arbitrario como el poder judicial actual, puede ser convertido en Tribunal Inquisidor contra los disidentes.
La defensa de la libertad y los derechos de los ciudadanos contra el poder, es una condición básica para garantizar la solución pacífica de los conflictos, en una sociedad tan desigual e injusta como la que padecemos en México, que lejos de atenuarse durante estos casi tres años de gobierno de AMLO, se ha incrementado el número de pobres, ha crecido el desempleo y se han recortado muchos programas de cultura, ciencia y salud.
Sumarse a la cacería de brujas tendrá un costo muy alto para los que procedan así, olvidando toda la historia de la lucha contra la prisión política con la que se castigó a los opositores del autoritarismo.