El asesinato de Moisés Brito Bautista, El Bandam, el jefe de sicarios de la organización delictiva Guerreros Unidos, ocurrido la noche del 2 de agosto en Cuernavaca, Morelos, suma complicaciones al esclarecimiento de lo ocurrido con los ataques y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Sin embargo, la única constante en las diferentes versiones, es que los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos quedaron atrapados en una confrontación entre bandas del crimen organizado.
Jorge Zuriel de los Santos Barrila, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que en la sesión de la Mesa de Coordinación el fiscal de Guerrero, confirmó que la noche del lunes en Cuernavaca, Morelos, “fue ultimado Moisés el Bandam, considerado como uno de los objetivos prioritarios en Guerrero y presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos que incide en el municipio de Iguala”.
La ejecución de Bandam se da a ocho días de la muerte a causa de Covid-19 del líder y fundador de Guerreros Unidos, Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, quien se encontraba preso en el penal del Altiplano, desde abril de 2014, y se informó que padecía diabetes e hipertensión.
Moisés Brito es identificado como lugarteniente del cartel La Bandera, escisión de Guerreros Unidos, célula que está bajo el mando de Jesús Brito, El Marranero y Juan Carlos Flores Ascencio, La Beba, líder de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, según se ha denunciado en innumerables lonas colocadas en distintos momentos en Iguala y municipios vecinos.
El 1 de mayo también se dio a conocer la detención de otro líder de esta organización criminal, Héctor El Colín, quien fue detenido por autoridades federales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos
Policías, militares y sicarios detuvieron a los 43 de Ayotzinapa, revela testigo
De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer por Reforma, los normalistas fueron asesinados y sus restos desaparecidos en un crematorio; se revela que fueron alrededor de 80 personas muertas.
En lo que va de este año, en dos ocasiones se han mencionado de las declaraciones hecha por un testigo protegido identificado como “Juan”, presunto líder de Guerreros Unidos asegurando que Militares, policías del estado de Guerrero e integrantes del crimen organizado trabajaron juntos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Un grupo de los estudiantes habría sido detenido por militares e interrogado en el 27 Batallón de Infantería para indagar si pertenecían a un grupo criminal rival, luego fueron entregados a miembros del crimen organizado para su desaparición; algunos de los jóvenes fueron devueltos sin vida, de acuerdo con esta versión.
El capitán José Martínez Crespo fue señalado por “Juan” como operador de la detención de los normalistas, quien incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital, refiere la misma versión consignada por el diario mexicano.
El testimonio del líder del grupo criminal involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa señala que aquella noche de septiembre de 2014 hubo más personas muertas, las cuales supuestamente pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, una agrupación rival. En total señaló que 70 u 80 personas murieron en esos hechos.
El declarante explicó ante las autoridades que Guerreros Unidos, auxiliado por militares y policías, buscaba a sicarios del grupo de Onésimo, jefe de un cártel rival que les adeudaba dinero.
La narrativa de “Juan”, refiere que una vez que los estudiantes fueron cremados en unos servicios funerarios sus restos fueron dispersados en las afueras de Iguala y otra parte fue entregada a un agente de la policía ministerial de Guerrero con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones.
El punto permanente es que los sicarios rivales se mezclaron entre los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos” quienes habían ido a tomar algunos camiones para dirigirse a Ciudad de México en el marco de la marcha de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968.
En 2018, después de analizar los casos de 63 detenidos presuntamente implicados en la desaparición de los 43, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas concluyó que en al menos 34 casos los detenidos habían sido torturados.
Las organizaciones representantes de las familias de los estudiantes normalistas –Centro Prodh, Tlachinollan, Serapaz y Fundar– lamentaron la publicación de partes del expediente y exigieron que “antes de intentar cerrar la investigación, se agoten todas las líneas de investigación con base en pruebas y no solamente en declaraciones”, como recomendó el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI).
También consideraron que en tanto no sea esclarecido el paradero de todas las víctimas y sancionados todos los responsables, el caso no puede darse por cerrado, y que la evidencia reunida hasta ahora confirma que en la red criminal involucrada en el caso participaban no solo policías municipales, sino también funcionarios estatales y federales, incluyendo entre estos últimos a policías federales y militares
A su vez, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, que encabeza Alejandro Encinas, informó que se presentará una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la FGR por la filtración de la información.
Por otro lado, están las búsquedas en terreno. A la fecha se han realizado más de 20 rastreos de posibles fosas clandestinas. Los investigadores han encontrado restos de cuerpos y en algún caso se han mandado fragmentos de hueso a un laboratorio en Innsbruck, en Austria.