El escenario proyectado en el Plan Nacional de Desarrollo refiere a un país en 2024 sin pobreza extrema, una promesa que no sólo no podrá cumplirse, sino que tiene altas probabilidades de que, por el contrario, el número sea significativamente mayor a la lectura con la que se inició el sexenio.
En el documento presentado en 2019, a la letra dice: “El grueso de la población podrá consumir algo más que artículos de primera necesidad, como sucede ahora. Nadie padecerá hambre, la pobreza extrema habrá sido erradicada, no habrá individuos carentes de servicios médicos o de medicinas y los adultos mayores recibirán pensiones justas y podrán vivir sin estrecheces materiales”.
Ciertamente la pandemia de COVID-19 ha sido un suceso que superó las posibilidades y capacidades de muchos gobiernos en todo el mundo y derivó en una de las peores crisis económicas de la historia reciente; no obstante, esto no exime de la responsabilidad a los hacedores de política económica, que en todos los casos han tomado decisiones para abordar tanto la crisis como la recuperación.
Durante la presente administración, el grito de batalla ha sido “primero los pobres”, por lo cual se ha reconfigurado el destino del gasto público hacia el rubro de desarrollo social, con un componente amplio en transferencias en efectivo hacia sectores vulnerables, sin que esto haya tenido efecto significativo en el consumo, uno de los principales motores de la economía nacional, ni en la continuidad y posibilidad de seguir operando para varios cientos de miles de micro y pequeñas empresas.
Hoy los números refieren una tendencia que es por completo contraria a la esperada. En México hay 55.7 millones de personas en pobreza, 43.9% de la población, según las más recientes estimaciones de CONEVAL, esto es, 3.8 millones de personas más que lo registrado en 2018.
La misma institución estima en 2020 a 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema, 2.1 millones más que en 2018, esto es, se trata de personas que incluso haciendo uso de todo su ingreso disponible no pueden adquirir una canasta alimentaria, misma que en junio de este año tuvo un valor de 1,745 pesos mensuales por persona, sin considerar otros gastos adicionales.
Esto es, si se trata de transferencias, una familia de 4 personas en situación de pobreza extrema debiera recibir casi 7 mil pesos mensuales, sólo para cubrir sus necesidades alimenticias, lo que se convierte en imposible.
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Sacar de la pobreza extrema a casi 11 millones de personas en los siguientes tres años no será posible siguiendo este enfoque asistencialista, no sólo por el reducido efecto que ha mostrado sino por el alto costo de oportunidad respecto de rubros que sí pudieran impactar a la economía, como la seguridad, la educación, el desarrollo de infraestructura para la atracción de inversiones y proyectos productivos, entre otros.
El aumento en la pobreza está estrechamente ligado a la pérdida de empleos, la disminución de los ingresos en los hogares y la complejidad para recuperarlos, lo que ha mermado la capacidad de la sociedad de enfrentar una de las crisis más agresivas en varias decenas de años.
Aquella vieja máxima de no dar el pez, sino enseñar a pescar, sigue teniendo sentido, los mexicanos en situación de pobreza requieren condiciones para dotarse a sí mismos de medios para una vida autosostenible, es decir, contar con el capital humano necesario para ser productivos en sus propias comunidades.
Los incentivos a través de becas y transferencias pudieran estar generando un círculo perverso en la productividad y capacidad de los jóvenes a integrarse al sector productivo, ya sea a través del empleo o el auto empleo, lo que podría derivar en un mayor número de personas en esta situación en el corto plazo.
Prometer acabar con la pobreza en sólo unos años o peor aún, negar que existe, es un completo despropósito, implica desentenderse del problema más grave y añejo de la sociedad mexicana, la desigualdad y la incapacidad de los mexicanos más vulnerables de salir de la situación en la que se encuentran.
La recuperación económica sigue siendo lenta, las condiciones para desarrollar nuevos negocios, atraer inversiones y con ello generar empleos dignos y de calidad, que realmente permitan a los hogares un mejor nivel de vida, acceder a servicios de salud y ofrecer una mejor educación, simplemente no están ahí y sin un cambio drástico en la dirección de las políticas públicas actuales, no habrá forma de generarlas.
El autor es presidente de Consultores Internacionales, S.C.®