El fracaso de la Consulta Popular exhibe por enésima vez, la conducta demagógica del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ahora es en relación el tema de la impunidad.
Quizá el tema central de la candidatura de AMLO fue la lucha contra “la mafia del poder”, la impunidad con la que actuó y su ofrecimiento de poner fin a la misma.
Durante su campaña, en la parte final, AMLO comenzó a cambiar radicalmente. Planteó su política de “punto final”; descartó la “venganza” y en la práctica ofreció a Enrique Peña Nieto no procesarlo y mucho menos encarcelarlo.
Para muchos se trató de un pacto entre ambos, AMLO y Peña Nieto.
En cualquier caso, sí el presidente realmente pretendiese procesar a los expresidentes del pasado reciente que están vivos: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, excluyendo sin razón a Luis Echeverría Álvarez, bastaba con denunciarlos ante la Fiscalía General e iniciar los procesos correspondientes.
No lo hizo y seguramente no la hará.
Bien sea porque no tiene integradas las acusaciones precisas y las pruebas correspondientes o más bien porque no hay “borracho que trague lumbre”.
Optó por echarle la “bolita” al “pueblo”.
La Suprema Corte cambió radicalmente la pregunta que les envió AMLO y redactó un texto tan cantinflesco que nadie lo entiende, aunque es claramente una maniobra para anular cualquier acción legal contra los mismos ex presidentes y sobre todo deja fuera a las Fuerzas Armadas. En su primera pregunta, AMLO nombraba específicamente a los indiciados: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.
La Consulta Popular no hubiese tendido ninguna consecuencia de orden penal, aún en el caso de haber obtenido el 40 por ciento para tener efectos “vinculatorios”, es decir obligatorios.
Simplemente porque no había ni sujetos, la pregunta decía:
“Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes que se apeguen al marco constitucional legal para emprender un proceso de esclarecimiento (no habla de proceso penal, solamente de esclarecimiento) de las decisiones políticas (cuáles) tomadas en los años pasados por los actores políticos (tautológico y abstracto) encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. No se precisa qué tipo de decisiones políticas, ¿se incluyen reformas legales y constitucionales? ¿decretos? ¿obras públicas, como la línea 12 del metro? Cuales ¿Todas y ninguna? Jamás se mencionan actos de represión como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y demás hechos criminales cometidos durante la llamada guerra sucia; tampoco ninguna de las masacres como Acteal, Tlatlaya, entre muchas otras o las desapariciones de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala durante un gobierno municipal del PRD, un gobernador y un presidente priistas. En casi todos estos hechos de barbarie, participaron elementos de las Fuerzas Armadas, que no se incluyen en la famosa pregunta de la Consulta Popular.
Por supuesto las masacres de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 y la de San Cosme el 10 de junio de 1971, están totalmente fuera de los casos a “esclarecer” establecidos en la pregunta multicitada.
Mucho ruido y pocas nueces. Una estafa.
Ante los resultados la reacción del presidente, es totalmente delirante.
Decir que los conservadores, sus intelectuales orgánicos, sus periódicos y todo aquel que lo critique son enemigos de la “democracia”, porque ésta Consulta es un primer paso para convertir en “hábito” la “democracia directa y participativa”, independientemente del número de participantes, es muy significativo.
El presidente se considera la “voz del pueblo”.
Aunque hayan concurrido solamente un porcentaje menor al 7 por ciento de los electores y un 93 por ciento le haya dado la espalda a la llamada Consulta Popular, el presidente afirma: fue un éxito. Además, celebra que por el sí a la pregunta cantinflesca, haya votado más del 97 por ciento, lo que indica sus tentaciones totalitarias tipo Hitler, Mussolini, Stalin, Castro y Maduro.
Algunas víctimas de las políticas de barbarie, específicamente los familiares de desaparecidos forzosamente, por el Estado y sus agentes, es decir los militares y las policías, consideran satisfactorio haber conseguido involucrar a 6 o 7 millones de votantes en la Consulta, frente a los pocos que se movilizaban anteriormente por su legítima causa. Esa postura es entendible emocionalmente. Pero es muy equivocada.
Para taparle el ojo al macho, el gobierno y sus seguidores o empleados, han “filtrado” la probable creación de una Comisión de la Verdad.
Al mismo tiempo el presidente no se cansa de elogiar a las Fuerzas Armadas, reitera que les tiene plena confianza porque “son pueblo uniformado”, con ello está poniendo los límites al “esclarecimiento” y la “verdad”. En ningún caso admitirá responsabilidad de las fuerzas armadas en los crímenes cometidos en el pasado y mucho menos en el presente.
No se requiere mayor suspicacia, para adelantar que una Comisión de la Verdad promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, será el parto de los montes.
Todo ese barullo evita, proponer acciones muy precisas, no tan estridentes pero muy eficaces, como la apertura de los archivos de la Secretaría de la Defensa y el resto de las fuerzas armadas, así como el del entonces Departamento del Distrito Federal, con ello se protege a los autores de esos crímenes de lesa humanidad.
El ruido de Consultas populares fallidas solamente sirve para mantener la impunidad, aparentando una voluntad de justicia y esclarecimiento, predeterminada, a una vaga declaración o informe de una Comisión de la Verdad que nacería maniatada, por los límites que le impone el presidente de no tocar a las Fuerzas Armadas.
No es posible tener una política de eterna vuelta a la noria, sin partir de lo avanzado en esta materia de combate a la impunidad.
Es conveniente evitar los 2 polos ante el tema de la justicia y contra la impunidad.
Uno de ellos, no tan absurdo, es la imposibilidad de alcanzar la justicia en el marco de las leyes actuales y con los jueces del sistema. Esa postura aparentemente radical se convierte en actitud pasiva. El otro polo es el candor de considerar cualquier maniobra gubernamental, como portadora de una vía para poner fin a la impunidad. Esta posición la tienen muchos de los que se confundieron con la Consulta Popular como camino para lograr ese objetivo.
Tampoco lo será mediante una Comisión de la Verdad con límites, para no sancionar a las Fuerzas Armadas.
Ayudaría examinar la experiencia de la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, cuyas siglas se prestaron a todo tipo de mofas.
Mediante esa figura se logró sentenciar a Luis Echeverría por el delito de Genocidio por el que estuvo 847 días en prisión domiciliaria y finalmente fue amparado por un juez, lo cual dejó un precedente negativo y opacó la importancia de su calidad de reo del delito de genocidio.
Ahora es momento de no repetir errores y aprender de lo construido en varias decenas de años de lucha contra la impunidad.
Lo contrario nos puede volver a llevar a la frustración de mucho ruido y pocas nueces.