La promesa de que la minería sería el nuevo motor de la economía de Guerrero, se desvanece paulatinamente. Las poblaciones aledañas afirman que están siendo objeto de mayores perjuicios, mientras que las empresas reclaman la ausencia del Estado de derecho. Tal fue el debate que surgió durante la inauguración de la XXXIV Convención Internacional Minera el pasado 19 de octubre en Acapulco.
Enrique Margalef Vergara, presidente del Clúster Minero de Guerrero, afirmó que las cuatro empresas mineras (minas de Campo Morado, Capela, Peñoles-Media Luna y Los Filos) que operan en el estado han tenido “trabas” para mantener de manera continua sus operaciones. “Entre esas generamos alrededor de cuatro mil empleos directos, y 10 mil indirectos y lo que más nos importa es que trabajamos por una derrama económica muy importante alrededor de 6 mil millones de pesos al año en el estado, entre cuotas al IMSS, servicios públicos, empleos a trabajadores” argumentó en su reclamo.
Margalef Vergara agregó que la minería ha sido la industria de mayor crecimiento en los últimos 10 años a pesar de los retos que se han tenido, porque las cuatro empresas en los últimos años han tenido “trabas” para mantener de manera continua sus operaciones, sin precisarla, pero muy probablemente se refirió a las protestas de ejidatarios donde se asientan las minas que reclaman el incumplimiento de compromisos firmados cuando convinieron rentar sus terrenos.
“Hemos invertido más de 2 mil millones de dólares en el estado y queremos seguir haciendo y el interés es trabajar de la mano para mantener ese crecimiento para que haya mayor derrama económica”, remató.
Sergio Almazán Esqueda, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), lamentó las decisiones del gobierno federal como la desaparición de la Subsecretaría de Minas, la suspensión de concesiones mineras, la disolución del Fondo Minero y la posibilidad de reservar para el Estado el litio y otros metales esenciales para la transición energética, “afecta la competitividad, el empleo y desalienta las inversiones en el sector minero de México”.
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En su momento, Evelyn Salgado Pineda señaló que tiene muy claro el potencial minero de Guerrero, el cual, enfatizó, debe realizarse desde la sustentabilidad, el compromiso irrestricto con el medio ambiente, así como con el bienestar y la paz social de los pueblos. Dada la importancia que la minería tiene para la entidad, anunció el fortalecimiento del Consejo de Minería del estatal, del cual indicó que “debe ser una instancia de diálogo y coordinación permanente entre los empresarios mineros y el gobierno del estado, que sirva para impulsar las acciones conjuntas a favor tanto de las empresas como de las comunidades”. Señaló que a través de este Consejo se va a impulsar la inclusión laboral para fortalecer la especialización y capacitación de la mano de obra guerrerense, lo que se traducirá en empleos mejor remunerados que generen bienestar a las familias.
En declaraciones posteriores al acto de la firma de convenio de intención para la inversión, industrialización y desarrollo económico del estado de Guerrero, Julián Urióstegui Carbajal, el presidente del Clúster Minero de Guerrero, manifestó que están emocionados luego de escuchar decir a Evelyn Salgado que trabajará de la mano con ellos. Señaló que eso es bueno porque “somos un sector industrial de muchísimo aporte al estado, nosotros trabajamos para el crecimiento del estado”.
Si con anterioridad a la pandemia, las empresas mineras denunciaron en diferentes ocasiones que les asedian el crimen organizado y algunos liderazgos locales que buscan beneficios personales, impactando negativamente a la producción, durante el periodo de confinamiento de la pandemia se les consideró empresas de actividad no esencial y la meta de producción se vio afectada.
No obstante, en el primer bimestre del 2021 se anunció el arranque de al menos seis proyectos mineros multimillonarios en México, la industria busca la reactivación luego de la parálisis de 2020 provocada por la pandemia de Covid-19, en la que, según datos oficiales, la inversión de las empresas del sector sufrió un desplome de 50 por ciento para ubicarse en su peor nivel en 13 años.
Se trata de proyectos de exploración de oro, cobre, plata, zinc y litio en Guerrero, Chihuahua, Sonora, Durango y Zacatecas, encabezados por firmas como Fresnillo, Torex Gold, Chesapeake Gold, Southern Copper y Bacanora Lithium, de acuerdo con información de las firmas.
El proyecto más importante es el de Media Luna, Guerrero, en manos de otra minera canadiense llamada Torex Gold, la cual pretende invertir 496 millones de dólares para comenzar con la extracción de oro a partir de 2024. Hace unos días la compañía confirmó la inversión a tres años, y aseguró que será la mayor en territorio guerrerense en materia de minería.
Guerrero es hoy el segundo Estado que más oro produce en México, el octavo mayor productor del mundo. Cuando las mineras empezaron sus operaciones en el Estado, la onza de oro rondaba los 650 dólares; este año se mantiene por encima de los 1,800. El mineral ha sido un refugio de estabilidad en los mercados internacionales durante la crisis de 2008 o ahora en la pandemia.
En Guerrero existen cuatro zonas de minerales metálicos ricas en oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, mercurio, antimonio y tungsteno, de las que sólo se encuentran en explotación Taxco y Mezcala. Existen también tres regiones con potencial no metálico en barito, fluorespato, grafito, cuarzo, calcita, dolomita, puzol, toba, mármol, yeso, amatista, caliza, granito y titanio, así como cobalto, níquel, cromo, potasio y sal. Estas riquezas se extienden sobre el 38% del territorio guerrerense.
En opinión del clúster minero, esa actividad en Guerrero contribuye en la economía de la región de manera importante, ya que tres empresas mineras generan una derrama económica de más de dos mil millones de pesos en la compra de productos y servicios beneficiando a 273 negocios en el estado.
Grupos ambientalistas estiman que los daños al medio ambiente y a la salud de los que habitan las comunidades aledañas duplica el monto de los supuestos beneficios.