La semana pasada en los medios apareció una noticia que ha provocado reacciones que, aparte de ser diferentes, son contradictorias. No es para menos: está de por medio un ministro de la Suprema Corte y algo que es común en los gobiernos locales: otra violación grave a los derechos humanos. Entro en materia:
En SDPnoticias, correspondiente al 13 de octubre en curso, apareció la siguiente noticia:
“JAVIER LAYNEZ POTIZEK, ministro de la SCJN, está en libertad supervisada por conducir borracho.
“Javier Laynez Potizek, ministro de la SCJN, está en libertad supervisada por conducir borracho, pudo haber recibido una sentencia de uno a tres meses en prisión.
…
“Documentos en posesión SDPNoticias, señalan que Javier Laynez Potizek fue detenido la madrugada del 9 de octubre del 2021 por conducir borracho.
“La detención de Javier Laynez Potizek ocurrió en el cruce de la calle de Bravo y Calle 10, cuando el ministro de la SCJN conducía un vehículo Stratus modelo 2006 de color blanco”.
Según lo refiere la nota, lo anterior le sucedió al señor ministro en su natal Torreón, Coahuila. Fue conducido ante la autoridad competente y sancionado por incurrir en esa grave violación. Se acompañan a la nota periodística copia del acta levantada. El responsable, en su descargo, formuló un comunicado en el que, entre otras cosas, manifestó:
“No acostumbro a realizar aclaraciones o precisiones ante los medios de comunicación ni en las redes sociales. No obstante, permítanme con franqueza, humildad y con absoluta verdad, exponer lo ocurrido el 9 de octubre de 2021, en Torreón, Coahuila.
“1.-Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo.
…
“3.- A pesar de mi respetuosa y reiterada petición, a lo largo de todo este evento, nunca pude ver ni hablar con un médico, con una autoridad, con un juez, con un ministerio público ni mucho menos, con un representante de derechos humanos.
…”
El señor ministro Laynez, en su documento, alude a otras violaciones graves a sus derechos de parte de las autoridades locales.
Lo sucedido es doblemente grave. Si es cierto que el señor ministro iba en estado de ebriedad es algo muy delicado, tanto para él como para el Poder del que forma parte. Si ese incidente no es cierto y todo fue inventado por alguna autoridad local, habrá que reconocer que estamos ante una flagrante y grosera violación de derechos humanos. Es válido razonar: si eso le pasa a un servidor público que goza de inmunidad, qué estará pasando con aquellos que no gozan de ella, que son mortales y comunes y corrientes. A qué violaciones están expuestos los habitantes de Torreón ante conductas de tal naturaleza. Lo primero que se puede pensar es que en Coahuila no hay un estado de derecho.
Conviene formular algunas consideraciones respecto de dos de los supuestos que implica el incidente.
Primer supuesto: el señor ministro iba manejando en estado de ebriedad.
De ser cierto lo asentado por la policía de Torreón, estaríamos ante una violación grave; lo es desde el momento en que el presunto responsable es alguien encargado de ejercer la alta responsabilidad de juzgar y de hacerlo en última instancia
Es difícil ser juez. Dentro de este termino se alude a todo servidor público que tiene la alta responsabilidad de ejercer la función jurisdiccional, de decir el derecho, de resolver con fuerza vinculantica los conflictos que se presentan en la sociedad. Las leyes contienen prevenciones que tienden a garantizar su independencia; que su calidad profesional vaya acorde con el cargo; ponerlos a salvo de influencias indebidas provenientes de las partes y a garantizar la ejecución de sus sentencias y resoluciones.
El artículo 95 constitucional establece los requisitos mínimos que debe reunir quien aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien aspira a serlo, el presidente de la República que lo propone y el Senado, que elige a uno dentro de una terna que le es presentada, deben cuidar no solo cumplir formalmente con lo dispuesto por el precepto, es decir, de vigilar que reúna esos mínimos, deben ir más allá: buscar que quien llega al cargo sea idóneo para ocupar el cargo.
La ley no puede prever todo. Mucho se deja a la alta responsabilidad de los funcionarios judiciales. Lo no previsto por la ley está confiado al alto sentido de responsabilidad de los jueces. La sociedad espera que ellos no se pongan en una situación endeble tanto frente al poder del Estado como de los particulares. Todos esperemos que los jueces por sí respeten su investidura.
Cuando un juzgador, sin importar el nivel en que desempeña la función, en forma accidental o deliberada se pone en situación de riesgo, es decir, cuando por su conducta da lugar a que un particular o una autoridad, tenga información que lo comprometa, corre el riesgo de que sea chantajeado a fin de que dicte sus resoluciones en diverso sentido del que establece a Ley, incluso, a que no lo haga. Su proceder fuera de su sitial en la Corte, necesariamente incide de manera negativa en la función jurisdiccional que tiene encomendada.
El extremo anterior deriva en mayor trabajo para sus colegas que son parte del tribunal al que pertenece; hace que los proyectos, votos u opiniones que emite un ministro o magistrado cuestionado sean tomados o considerados con cierta desconfianza y analizados con mayor atención.
Si en un particular es una acción grave y reproblable manejar alcoholizado, en un impartidor de justicia llega al extremo de ser un peligro que incide en el desempeño de la función y en detrimento del servicio que tiene encomendado.
En cualquier país que vive en un estado de derecho, el que un ministro, magistrado o juez sea acusado de manejar en estado de ebriedad, es motivo para que el infractor renuncie al cargo y, para el caso de que por sí no lo haga, es causa para removerlo.
En el caso del supuesto infractor, se corre el riesgo de que, con el tiempo, alguien se acerque al señor ministro y le diga: “Tengo en mi poder una copia del expediente formado con motivo de su detención por manejar en estado de ebriedad. Se lo entrego para que usted lo destruya o haga de él lo que le parezca más conveniente. Aquí lo tiene. A propósito, señor ministro en su ponencia esta este asunto y tengo especial interés en él. Por ahí se lo encargo.”
Estos supuestos no debían presentarse, por eso, de ser cierta la noticia, sería peligroso que el señor ministro siga en su encargo.
Segundo supuesto: la autoridad local detuvo arbitrariamente al señor ministro
Todos estamos de acuerdo en que de haberse presentado los hechos como lo refiere el señor ministro Laynez y, desde luego su dicho debía merecer todo crédito, estamos ante una violación grave de sus derechos como ser humano y como ciudadano.
Frente a hechos como los referidos por el señor ministro Laynez, el que no se haya fincado ninguna responsabilidad a los involucrados, sea directa o indirectamente, denota un acto de injusticia grave.
Alguien dirá que eso pasa en Coahuila por cuanto a que esa entidad no es gobernada por alguien emanado de la 4T, sino que lo es por un emisario del pasado, que pertenece al PRI. En el actual momento, al parecer, la arbitrariedad e impunidad son patrimonio de todos los gobiernos locales, sin importar las siglas, colores o filiaciones partidistas.
A pesar de haber sido un incidente grave, de ahí no pasó. La opinión pública, sus colegas y la prensa con eso se dieron por satisfechos, nadie ha exigido ir más allá. Ahí quedó el incidente.
En México no existe un Estado de derecho. En todos los niveles impera la arbitrariedad, el abuso y el mal gobierno. La corrupción sigue haciendo de las suyas a pesar de las promesas reiteradas de AMLO, como líder y cabeza de la 4T. No hay un cambio y, al parecer, no lo habrá.
Lo grave es que en el caso ninguna comisión de derechos humanos se haya pronunciado respecto de la violación y de la sanción que deberían merecer los responsables.