Darle vueltas a la noria es una conducta de los políticos ante cualquier fenómeno, incluyendo el tema tremendo de la impunidad.
Los derechos humanos son una invención del neoliberalismo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, no debería extrañarnos su gran desprecio al tema de hacer justicia para los familiares de las víctimas de desaparición y muerte de sus familiares.
El INEGI registra 96034 personas desparecidas del 5 de enero de 1964 al 29 de julio de 2021, casi un centenar de miles de desaparecidos.
La cifra de muertes por violencia, según cifras oficiales dadas a conocer por
la secretaria de Seguridad Púbica, Rosa Icela Rodríguez, cuando presentó el informe mensual de incidencia delictiva, en el que destacó que en septiembre los homicidios dolosos y feminicidios tuvieron un descenso, sin embargo, en su discurso no mencionó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de este año se alcanzaron 100,344 muertes violentas: 97,532 homicidios dolosos y 2,812 feminicidios.
Es una manzana envenenada.
El tema es muy doloroso y por ello es necesario tomar en cuenta las experiencias tanto nacionales como internacionales.
No ayuda nada, pensar que la historia comienza ahora y dejar atrás la experiencia acumulada.
Se trata de recuperar una visión que considere a los Derechos Humanos como una parte sustancial de las luchas sociales y sus organizaciones, que conquistaron muchos de los avances que se tienen ahora.
Considero pertinente recordar un trabajo que realicé en torno al tema y que publiqué en mi libro Adiós al 68: Una de las cuestiones políticas y éticas más importantes con que se enfrentan las sociedades durante la transición de un gobierno totalitario o autoritario a otro democrático es cómo hacer frente al legado represivo, nos dicen Alexandra Barahona, Paloma Aguilar y Carmen González Enríquez en el magnífico libro Las políticas hacia el pasado que examina las diversas experiencias transicionales frente al pasado represivo en Europa del Este, el Cono Sur, América Central, España, Portugal y Sudáfrica.
Esta cuestión pareciera no estar clara para nuestra aldeana clase política. Efectivamente, a lo largo de casi un año, todo el 2001, se dio al interior del gobierno de Vicente Fox una discusión poco conocida y a veces elíptica en torno a cómo afrontar el pasado. Básicamente había dos posturas: la postura de Jorge Castañeda y Adolfo Aguilar Zínser que proponían crear una Comisión de la Verdad; y por otra parte la postura de Santiago Creel que proponía crear una Fiscalía, es decir proceder jurídicamente para afrontar el pasado.
Desde mi punto de vista, los partidarios de la Comisión de la Verdad se habían convertido en promotores de una suerte de mito; sí era Comisión de la Verdad entonces era posible tener más libertad para indagar los crímenes del Estado ocurridos en el pasado. Para ejemplo de que eso no es siempre así, bastaría con haber recorrido dos experiencias fallidas de sendas Comisiones de la Verdad, una de la supuesta sociedad civil en la que participó entre otros Jorge Castañeda creada en agosto de 1993; y la que creó la Cámara de Diputados por promoción de Pablo Gómez, que no resolvieron absolutamente nada. A esa última, Echeverría se dio el lujo de menospreciarla, y a los comisionados invitarles un agua de Jamaica y correrlos tal y como llegaron a su casa de San Jerónimo, encabezados por el entonces diputado Pablo Gómez.
El debate se resolvió creando la llamada Fiscalía (para las víctimas de los) Movimientos Sociales y Políticos del Pasado FEMOSPP, además de ese nombre tan largo, sus objetivos y el período que abarcaría su investigación eran muy vagos o contradictorios. Por ejemplo, mezclaban los temas de la llamada Guerra Sucia, del período de la lucha armada de los grupos guerrilleros, con los crímenes del Estado cometidos contra Movimientos Sociales, de manera destacada la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y la matanza en San Cosme el 10 de junio de 1971.
Aunque en ambos casos se trata de políticas criminales del Estado, no es pertinente poner en el mismo tema, represiones estatales ante dos tipos de conflictos cualitativamente diferentes: Tlatelolco y San Cosme, son crímenes de lesa humanidad cometidos contra dos movimientos sociales no armados y el terror de las acciones del Estado en la llamada Guerra Sucia se realizaron contra grupos revolucionarios que tomaron las armas.
En ningún caso se justifica la barbarie del Estado mexicano para “solucionar” esos conflictos.
Para no cometer errores anteriores es conveniente tener claro cuáles son los temas y periodo para el que se creó la actual Comisión de la Verdad.
La creación de la Comisión de la Verdad, por decreto presidencial publicado el 9 de julio del presente año de 2021, establece: se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia por las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas de 1965 a 1990, que entrará en vigor hoy y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024.
No queda claro por qué ese periodo, ni tampoco se precisa a cuáles actos de represión estatal se refiere.
Solamente se establece que “La instancia se crea a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral del daño y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal y, en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o a aquellas que resulten competentes para su atención”.
Estos objetivos son muy ambiguos y pueden llevar a una nueva experiencia fallida. No debemos olvidar que las Comisiones de la Verdad no tienen facultades para dictaminar sentencias de carácter jurídico y por lo tanto pueden quedarse en declaraciones retóricas de aparente “verdad histórica” donde el Estado se lava las manos.
El asunto, se complica aún más, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado en varias ocasiones que considera al ejército y las fuerzas armadas como “pueblo uniformado” y por lo tanto ajeno a la comisión de delitos de lesa humanidad.
Esperemos que la mencionada Comisión de la Verdad no asuma el criterio presidencial y no se detenga a indagar y en su caso exigir castigo al Ejército y las fuerzas armadas por acciones contrarias a los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad tiene que tomar en cuenta que, como señaló Eduardo Valle, “a finales de mayo de 2007, Luis Echeverría Álvarez presidente de la República Mexicana de 1970 a 1976, resentía los efectos de un auto de formal prisión resuelto en su contra por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos durante el desarrollo del Movimiento Estudiantil de 1968, acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado FEMOSPP, del delito de genocidio. El ex mandatario se encontraba sujeto a arresto domiciliario…”.
En fin, durante un largo proceso se consiguió que Echeverría estuviera preso bajo arresto domiciliario por el delito de genocidio. Es un proceso que sigue pendiente y que de alguna manera habrá que reanudar en el próximo ciclo.
Conviene recordar que México, es decir el Estado mexicano, ha ratificado los tratados de derecho internacional correspondientes a los Derechos Humanos, en varios capítulos como el de la Convención Internacional para la protección de todas la Personas en contra de la Desaparición Forzada (2006), el 18 de marzo de 2008.
Hace 13 años.
Eso nos dice que no estamos en el principio.
Ante la impunidad se requiere. sumar la experiencia de otros momentos de la lucha por la justicia y tener la capacidad de aprender de otras etapas, sobre todo para no repetir errores.
La Comisión de la Verdad creada en julio de 2021 tiene el desafío de dar pasos sólidos, concretos contra la impunidad. Esperemos que lo consiga.