La ola de violencia que se ha desatado en Guerrero se intensifica y ante ella la iglesia lanzó la convocatoria a que sean los ciudadanos quienes hagan frente a la problemática de seguridad pues la respuesta gubernamental se limita a multiplicar los operativos y la presencia de la guardia nacional y marinos en las calles.

Durante el reciente fin de semana largo, diez personas fueron asesinados en diferentes hechos en la entidad, el 21 de noviembre, cinco locales de venta de frutas y yerbas en la nave Cero del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, fueron rociados con gasolina y después los presuntos delincuentes intentaron incendiar una camioneta de transportaba sandías.

Asimismo, en la madrugada se reportaron balaceras en el barrio Tequicorral y en la colonia Lucía Alcocer. Se supo que personas desconocidas intentaron incendiar el Rastro Municipal, en la colonia Lucía Alcocer al norte de la capital, pero las autoridades no confirmaron este hecho.

El 22 de noviembre Hombres armados asesinaron con tiros de R 15 a Maximino Alejo Prudencio, comandante de la policía comunitaria del Frente Unido por la Seguridad del Estado de Guerrero (Fusdeg) y a un integrante de esta organización, identificado como Bonifacio, en la localidad de Tierra Colorada, cabecera del municipio de Juan R. Escudero.

Desde el 2014, el Fusdeg y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) han estado en una constante confrontación que ha derivado en enfrentamientos a tiros. Los dos grupos se disputan el territorio de comunidades de los municipios de Juan R. Escudero y Chilpancingo.

Maximino Alejo Prudencio, tenía 45 años de edad, fue fundador del FUSDEG, organización que surgió hace ocho años por los hechos de violencia que ocurrían en el municipio de Juan R. Escudero.

Militar retirado e integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), se armó y fue de los primeros integrantes de la Unión del Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que combatieron y sacaron de los pueblos de Costa Chica y del Valle del Ocotito al grupo de Los Rojos, que operó tras la muerte de capo sinaloense Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 en Cuernavaca.

Más de 500 pobladores de Costa Chica y del Valle del Ocotito se armaron para formar parte de la UPOEG y por problemas internos se dividieron y fundaron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que fue encabezado por Salvador Alanís Trujillo, quien es actualmente el vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG).

Luego del rompimiento en 2016 de la UPOEG y el FUSDEG, Alejo Prudencio, encabezó la defensa en el municipio de Juan R. Escudero, donde enfrentó al grupo que dirige Bruno Plácido Valerio.

En 2015, integrantes de la UPOEG secuestraron a su esposa e hijos, obligándolo a entregarse para dejarlos en libertad. Durante el intercambio Maximino Alejo fue torturado y liberado por un comando del FUSDEG.

De nueva cuenta, Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa afirmó que la violencia e inseguridad que detonó en la quema de locales comerciales del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla y una camioneta en Chilpancingo la noche del sábado, la provocó el grupo delictivo que entró hace ocho meses con la ayuda del gobierno estatal que acaba de salir. Criticó la incapacidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender el problema de la violencia en la capital.

Añadió: “Yo les quiero decir abiertamente, habíamos controlado Chilpancingo, algún día si quieren les platico cómo, pero ya teníamos tres años y medio tranquilos, ustedes recuerdan hace cuatro o cinco años cómo había muchos descabezados, secuestrados, muertos, pero afortunadamente se calmó eso, con cierta ayuda del gobierno, es cierto, aunque nunca nos pudimos entender, pero hubo cierta ayuda”, reconoció.

Al día siguiente durante una visita al municipio de Tepecoacuilco, el obispo llamó a los pueblos a empoderarse “ante la omisión y la incapacidad del gobierno para resolver el problema de la violencia que se incrementa en el estado día con día en diferentes ciudades.

“Es la única salida, que la gente se adueñe de las ciudades, de los pueblos pues mientras no agarren a esas personas, sobre todo a los lideres el problema va a seguir” afirmó.

De acuerdo con la versión del prelado, el 22 de noviembre tendría una reunión con Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad, pero la reunión se suspendió en dos ocasiones.

Por su parte, Norma Otilia Hernández Martínez, presidente municipal de Chilpancingo dijo que “la seguridad, no dependen de las instituciones sino de la sociedad y para ello se están construyendo comités de seguridad para inhibir la violencia de manera inmediata, si hay un delincuente la gente se organiza antes de que lleguemos nosotros”.

Los incidentes de violencia registrados en las últimas semanas en varias partes del estado son muestra del reacomodo de grupos delictivos que se está presentando como consecuencia del cambio de gobierno estatal.