Las autollamadas policías comunitarias volvieron a mostrar el músculo mientras las autoridades políticas del estado, en su declaración oficial restaron importancia al evento que implicó un enfrentamiento a balazos con la policía municipal dejando un saldo de dos elementos policiacos heridos sin que se conozca la gravedad de sus lesiones.
El 25 de octubre, elementos de la policía comunitaria adscrita a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) desarmaron a los elementos municipales lo que propició un enfrentamiento en el municipio de Xalpatláhuac, Guerrero.
La mañana de esa fecha, se llevó a cabo una asamblea ciudadana en la cabecera municipal. El tema a tratar: determinar si la policía comunitaria de la CRAC continuaba operando o no. De acuerdo con las versiones que han conocido, durante la junta, varias personas presentaron quejas y denunciaron presuntos abusos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias ante lo cual los supuestos
comunitarios trataron de agredir e intimidar a los habitantes, y detonaron sus armas con disparos al aire. La Policía Municipal intervino y comenzó la riña. De acuerdo con las versiones oficiales, en la reyerta dos policías municipales resultaron heridos, uno de ellos con un balazo y otro con un machete. Además, los guardias comunitarios se robaron al menos 11 armas oficiales de la policía municipal y las patrullas.
Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, sostuvo que el conflicto social en Xalpatláhuac es político-electoral y descartó cualquier riesgo de ingobernabilidad en ese municipio de La Montaña.
Salgado Pineda informó que en el municipio ya está una comisión negociadora para conciliar entre el Ayuntamiento y la CRAC.
La postura fue ratificada por Saúl López Sollano, secretario general de gobierno al afirmó que afirmó que “el problema se da por inconformidades y los actores cada quien en su ámbito de competencia están actuando, los ciudadanos inconformes están agrupados en la policía comunitaria y la presidenta municipal en su Ayuntamiento, pero hay diálogo que es la vía por la cual habrá de resolverse este conflicto. El papel de la Secretaría General de Gobierno es que en el ámbito del respeto al artículo 115 constitucional, respetando la autonomía del municipio libre, está mediando para que el conflicto tenga un espacio de diálogo y más diálogo”.
Por su parte, Selene Sotelo Maldonado, presidente municipal por el PRI, aseguró que hay hostigamiento con mensajes de amenazas de entrar a las casas de quienes no comparten las actuaciones de la Policía Comunitaria avalada por la autoridad tradicional y unos seguidores.
Sotelo Maldonado dijo además que mencionó por teléfono que el lunes se comunicó con autoridades estatales luego de que Nicolás Villareal Dircio, tlayakanki (autoridad por usos y costumbres), Edmundo Delgado Gallardo, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, y seguidores fueron quienes propiciaron el enfrentamiento contra el Cabildo.
Pidió a la gobernadora más vigilancia en el asunto porque está recibiendo amenazas de que si acude a la cabecera municipal la van detener, al igual que a Rosendo Larios Rosas, su esposo y ex alcalde, y terminarán colgados en el árbol del Zócalo.
“Creo importante que las autoridades competentes empiecen a tomar cartas en el asunto y que realmente se comprometan a resolver esto. Es preocupante que unos policías encapuchados de dudosa procedencia…introducen estupefacientes a la comunidad. El excandidato a modo de represalia porque perdió las elecciones me ha hostigado, me ha intimidado y ha atentado contra mi integridad poniendo esos policías comunitarios, quienes vociferan que me van a levantar y que voy a aparecer por ahí, y no nada más yo, también a mis muchachos”, agregó.
Además, durante la reyerta, dos reporteros fueron retenidos por los elementos comunitarios, aunque posteriormente fueron puestos en libertad. Uno de ellos fue detenido por los policías comunitarios cuando realizaba una transmisión en vivo en la que se observa la forma en que es amedrentado y privado de su libertad por documentar la situación que se vivió en Xalpatláhuac.
Los periodistas fueron liberados ante la presión de un grupo de comunicadores que difundieron mensajes a través de redes sociales para exigir la intervención de los gobiernos estatal y federal. En otro video, un comunicador exhibe a un policía estatal agrediendo de forma verbal al reportero que mostraba la omisión de agentes policiacos y soldados apostados afuera del poblado para intervenir, pese a que se escuchaban detonaciones de arma de fuego en la plaza principal de la localidad.
Reporteros de la región de la Montaña lanzaron un mensaje desde la ciudad de Tlapa, denunciando un ambiente de hostigamiento, represión y silenciamiento orquestado por autoridades estatales, federales y guardias comunitarios que desde hace meses impiden ejercer de forma libre el periodismo y violentan la libertad de expresión.
Cabe mencionar que, hasta el cierre de esta entrega, el Ayuntamiento se mantenía tomado, incluso, la presidenta municipal, Selene Sotelo Maldonado, informó que por seguridad decidió salir de Xalpatláhuac temporalmente y que atenderá los asuntos desde Tlapa.
También debe tomarse en cuenta que el 17 de agosto de 2018, El Congreso de Guerrero informó que 47 de 81 cabildos aprobaron la reforma que elimina la figura Policía Comunitaria o Rural del artículo 14 de la Constitución local en materia de derechos y cultura indígenas.
El artículo en cuestión establecía que el “Estado reconoce las acciones de seguridad pública y prevención del delito, del reglamento de faltas de las comunidades”, así como del “reconocimiento de ilícitos no contemplados en el Código Penal, cuyo seguimiento será competente a su Policía Comunitaria o Rural”.
Las modificaciones eliminan la figura de policías comunitarias de la Constitución local y establece que la ley definirá las delimitaciones entre las competencias estatales y comunitarias cuando se cometa un delito en un pueblo indígena.
Lo que está en cuestión es el modo, no la forma, así como el uso de armas de uso exclusivo de la policía y de las fuerzas armadas, además de que no tienen atribución de enjuiciar y castigar a los supuesto infractores o delincuentes.
Todo esto es un tema de acción de ingobernabilidad ya que sí existe el problema de la ausencia de autoridad, con ello hay quienes pretenden asumir dicha autoridad, el deslinde gubernamental al afirmar que es un asunto post electoral se constituye en una omisión del problema.