La complejidad de la problemática de seguridad publica en Guerrero volvió a dimensionarse tras cumplirse 87 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia de género que a su vez volvió a impulsar el rechazo a los matrimonios forzados, la venta de niñas y adolescentes y los feminicidios, los desplazamientos por violencia y los homicidios dolosos.

También los derechos de la mujer estuvieron en la agenda política a lo largo de la última semana de noviembre en torno a los dos acontecimientos ya señalados.

En opinión de quienes reclaman la aparición de los normalistas, el actual gobierno federal tiene voluntad, pero no hay avances en el esclarecimiento de los hechos. En este año, no hubo un dato nuevo al respecto.

Las desapariciones forzadas tomaron relevancia a lo largo del periodo en cuestión. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Datos de Desaparecidos y del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, a partir de 2012, Los registros de víctimas de desaparición forzada en Guerrero, ya rebasan las tres mil personas, las cifras no son totales, pues muchos casos no son denunciados ni ante la PGR, ni ante organismos no gubernamentales.

El Registro Nacional, contabilizó más de dos mil personas desaparecidas, tanto del fuero federal, como del fuero común, mientras que el Centro Morelos tiene un registro de mil 500 personas desaparecidas, tan sólo en las ciudades de Chilapa, Iguala, Chilpancingo y Acapulco.

Aún cuando existe en la entidad la Ley General de Personas Desaparecidas y las Fiscalías Especializadas, no está funcionando, resulta inoperante, ya sea por la inexperiencia o porque no se ha tomado en cuenta a las víctimas.

Durante el 2017 Acapulco, apareció entre las ciudades más violentas con 834 homicidios; con una tasa de 102 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fue seguido por Chilpancingo, con 260 homicidios; es decir 95 por cada 100 mil habitantes y finalmente Chilapa, la cuál con 177 homicidios, alcanzó una tasa de 136 homicidios, por cada 100 mil habitantes.

Si se considerara la violencia ocurrida en la entidad, habría un parteaguas pues durante la década del 70 y del 80, las desapariciones forzadas tenían causa política, el delito que se persiguió con ferocidad fue el secuestro por parte de los grupos en armas de ese entonces como el PDLP de Lucio Cabañas y la ANCR de Genera Vázquez.

Ahora se trata de violencia derivada de la confrontación entre grupos delincuenciales y la que algunos de grupos interés han ejercido en contra de quienes portan bandera de la defensa del medio ambiente. En ambos casos se registran desenlaces fatales pues de las mil 749 fosas clandestinas que se han encontrado en lo que va de esta administración 77 de ellas, que equivale al 4.4 por ciento, se han localizado en el municipio de Acapulco.

Matrimonio forzado se mantiene como una realidad lacerante. Un nuevo caso se registró en una comunidad na savi del municipio de Coachapa el grande, en la región de La Montaña, donde Anayeli, de 13 años de edad escapó al enterarse de que, a cambio de 200 mil pesos, sus padres pactaron el matrimonio sin que ella lo supiera.

La menor buscó refugio en la casa de un amigo de 16 años, pero el 22 de noviembre el comisario y los policías fueron por ella y no sólo se llevaron a los dos menores, sino también a los padres del joven por permitir que Anayeli se quedara en su casa cuando sabían que estaba comprometida. Los cuatro fueron

encarcelados.

Los padres del varón con quien pretendían casarla reclamaron la devolución de los 54 mil 60 pesos que se gastaron en la comida, lo cual aceptaron para quedar libres.

Sin embargo, el estigma se hizo presente y las personas que estuvieron en la comisaría señalaron a Anayeli como “una loca porque estando comprometida con uno, se fue a meter a la casa de otro, lo cual no es bueno” y si la detuvieron fue “por la burla que hizo, por engañar”.

El aborto, como en el resto de país, es un tema controversial y al respecto, el 26 de noviembre, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de la entidad, declaró que declaró que “no vamos a permitir que bajo el amparo de tradiciones, usos y costumbres, se atente contra el desarrollo y el bienestar de nuestras niñas en Guerrero”, pero al mismo tiempo ofreció enfrentar el problema sin imposiciones y con un diálogo

constante con las comunidades indígenas.

Ese mismo día instaló y toma de protesta del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pero la inoperancia de las instituciones afloró en el reclamo de la mandataria al pedirle a quienes la integran que “asistan a las reuniones de los sistemas”, porque cuando ella fue secretaria técnica de la región Acapulco “muchas veces no se llegaba a acuerdos o no se lograban consolidar compromisos, porque se perdía la comunicación con los titulares y los representantes”

Desde que entró en vigor la renuncia del Fiscal General de Estado, la institución permanece acéfala y al respecto la postura de la mandataria es que ahora ella no enviará terna al Congreso del Estado por lo que el cuerpo parlamentario deberá decidir entre una treintena de aspirantes quién ocupará la titularidad. Los hechos de violencia no han dejado de presentarse en la entidad.