Para allá íbamos y estamos llegando. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo acatamiento a la Constitución es selectivo; corrijo, limitado a lo que coincide con su voluntad, insiste en que se lleve a cabo el proceso de “ratificación” de su mandato en la forma más parecida a lo que propuso al órgano revisor de la Norma Suprema, a pesar de que fue rechazada.
En términos normales parecería pertinente asumir que si la mayoría parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (MNR) optó por articular entendimientos y concertar acuerdos con las minorías en el Senado y la Cámara de Diputados para lograr la aprobación de las reformas constitucionales necesarias, significa que lo concertado sería asumido como propio por el Ejecutivo Federal.
Sin embargo, no es el caso, como tampoco lo ha sido con los acuerdos para la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública federal de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando la realidad es que la gran mayoría de su personal es militar y no ha sido transferido a la dependencia mencionada, al tiempo que la subordinación es al Secretario de la Defensa Nacional, quien es el auténtico mando.
La reforma constitucional es clara: (i) revocación de mandato por una causa genérica: pérdida de la confianza en el Ejecutivo Federal; (ii) instrumento ciudadano basado en la solicitud suscrita por -al menos- el tres por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, con una distribución no menor a 17 entidades federativas; (iii) mandato al Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar el proceso con los mismos estándares de la elección constitucional, confiriéndole también la responsabilidad de la difusión del proceso; (iv) celebración de la jornada de votación en fecha no coincidente con cualquiera prevista para comicios de representación popular; y (v) participación del 40% o más de las personas inscritas en la lista nominal para que lo resuelto sea vinculante.
Con las imperfecciones propias de un acuerdo complejo para evitar el mal mayor de la propuesta presidencial en la euforia del inicio de su gestión, lo que el Ejecutivo de la Unión se niega a honrar es el texto constitucional.
La batalla por la ley reglamentaria, impugnada en varios preceptos por las minorías en la Cámara de Diputados, destacadamente la forma de formular la pregunta a quienes acudan a votar, pues da pie a la confusión de la “ratificación”, puede seguirse con base en la voluntad de la mayoría del MRN y sus aliados por darle vuelta a la Constitución y pretender que el poder ciudadano para revocar implica la capacidad de ratificar. Ya se ha expresado mucho, no procede ratificar el mandato conferido por un plazo cierto; sólo revocarlo. Sirva como confirmación que quienes promueven la suscripción de las solicitudes ciudadanas para la revocación son militantes o personas íntimamente vinculadas al Gobierno Federal y al MRN.
La confrontación del gobierno en turno y sus grupos parlamentarios en el Congreso con el INE ha sido evidente. Ahora la tensión es mayor. Así estamos.
Con base en la autonomía presupuestal y para estar en posibilidades de cumplir el mandato constitucional, se plantearon los recursos necesarios en el ejercicio fiscal de 2022; la mayoría del MRN y sus aliados no aprobaron la solicitud y apuntaron que el INE lo resuelva con base en los recursos aprobados, sin ningún ejercicio de análisis para la racionalidad en las erogaciones estimadas y necesarias; el INE recurrió a la Corte para buscar revertir la decisión de no dotarle del presupuesto necesario e hizo ajustes en su presupuesto para el año entrante, pero el margen de maniobra no es suficiente, y optó por suspender el proceso a partir de la compulsa y cómputo de las solicitudes ciudadanas para revocar el mandato presidencial, hasta que la Corte resuelva la controversia constitucional planteada, ante el criterio del Ministro instructor sobre la obligatoriedad del INE de cumplir con la organización del proceso, no obstante la asignación presupuestal recibida; la mayoría de la Cámara de Diputados plantea otra controversia contra el INE para que proceda a realizar el proceso en virtud del derecho político de la ciudadanía a solicitarlo y a que se efectúe, y la Comisión del Receso de la Corte ordena al INE no suspender fase alguna del proceso y actuar con los recursos disponibles. Me salto el planteamiento de llevar a juicio político a quienes en el Consejo General del INE votaron por suspender el proceso revocatorio, por lo descabellado del planteamiento y su destino infructuoso.
Quizás poco se entienda el túnel en el cual estamos metidos, y más en estas fechas de fin de año, donde además los problemas que merecen la atención de la población son otros, como la inseguridad; la inadecuada actuación en materia de salud y ante la pandemia, particularmente por el elevado número de decesos y la anarquía en criterios y datos sobre las vacunas adquiridas, distribuidas, aplicadas y almacenadas, o la perspectiva de retroceso económico, aún antes de la emergencia sanitaria.
Sin embargo, es la ruta trazada por el ánimo de destrucción de las instituciones garantes del régimen democrático que lleva a cabo la convicción populista del presidente López Obrador. ¿Acaso no resulta curioso que un Ejecutivo ansioso de que la clientela electoral que mantiene con transferencias directas del erario, firme la solicitud de su revocación para luego votar en contra, haya instruido a la mayoría del MRN y sus aliados en la Cámara de Diputados a reducir el presupuesto solicitado por el INE para el 2022, de tal suerte que se suprimieran las estimaciones del gasto para los eventuales procesos de revocación de mandato y de consulta popular?
No son cacahuates, pero los cerca de 5,000 millones de pesos de reducción resultaban susceptibles de análisis e incorporación en un presupuesto federal de más de 7 billones de pesos (equivalen a 0.71 por ciento del gasto estimado). No se puede increpar al INE por no hacer el esfuerzo que le corresponde. El presupuesto precautorio planteado se basó en la inversión necesaria en términos de los precedentes de las elecciones federales (casillas, material electoral y personal indispensable).
Mientras tanto, quien ha urdido la confrontación afirmó en su programa matutino de noticias y opiniones gubernamentales, que el dinero no es problema y que bastarían sendos comités voluntarios en cada municipio del país -habló de 2500- para organizarlo. Es paradójico, pues quien refiere defender el derecho de la ciudadanía la revocación, opta por plantear un proceso sin las garantías para hacerlo confiable, como si acaso fuéramos a olvidar la manipulación de la figura como instrumento en el cual sus partidarios mienten sobre una supuesta “ratificación” y piden firmas a los simpatizantes para revocar el mandato por pérdida de la confianza. La apuesta sube en la trama del engaño.
Cabe reconocer que el INE hizo un ejercicio de reasignación de recursos y logró un ajuste interno por 1,503 millones de pesos para el proceso de revocación, enfrentándose un déficit de 2,237 millones de pesos para llevarlo a cabo. Ahora tendrá que ajustarse con esos fondos. El riesgo de esa limitación es la disminución de las condiciones probadas de certeza y calidad para realizar el proceso. Es un gran reto para el INE, que tendrá que actuar apegado a su esencia de garantizar la participación del pueblo en la vida democrática, por encima de quienes carecen de comportamientos y prácticas democráticas en su actuación. ¿En qué elementos materiales pueden disminuirse las erogaciones óptimas, para reducirlas a las indispensables, sin atentar contra la libertad del sufragio y el principio de una persona-un voto? ¿Quizás reciclar materiales de la mesa de votación con la colaboración de los organismos públicos locales electorales? ¿Quizás rediseñar los controles de seguridad de la papeleta, para abaratarla sin el riesgo de que otros interesados la impriman?
La mayoría en la Cámara de Diputados no se equivocó al suprimir del presupuesto los recursos para el proceso de revocación del mandato presidencial. Es consigna del Ejecutivo Federal.
Se busca vulnerar al INE y tratar de eliminarlo porque la autoridad comicial independiente, objetiva, imparcial y apegada a la ley, estorba al populismo de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la verdadera contienda, que tiene su siguiente estación en el dictamen de la veracidad de las firmas aportadas por los militantes y simpatizantes del MRN para llevar el engaño hasta el final.
Son dos visiones sobre la naturaleza del pueblo en nuestro Estado: el pueblo del populismo como la expresión retórica del caudillo que se percibe iluminado; o el pueblo de la democracia como la expresión de la ciudadanía que confía en la ley y las instituciones que garantizan la vigencia efectiva de sus derechos.