La inseguridad pública se perfila como otra de las grandes afectaciones a la economía guerrerense. Por un lado, empresarios, transportistas advirtieron del incremento de las extorsiones además los secuestros y asesinatos, por otro lado, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) seguridad a los gobiernos federal y estatal y amenazaron con volver a armar niños, niñas y mujeres para hacer frente a los grupos delictivos. Todo lo cual acentúa el panorama desolador que en materia de seguridad pública se vive en la entidad.
Durante enero las extorsiones en Acapulco llegan a incrementarse hasta un 50 por ciento, de acuerdo a cifras oficiales. Cifras del Semáforo Delictivo señalan que de enero a noviembre de 2021 se registraron 88 casos de extorsión en Acapulco, por lo que la mayoría de los meses este municipio se encuentra en color rojo por este delito.
Concluida la temporada vacacional, se incrementó el peligro de extorsión a comerciantes y prestadores de servicios del puerto, incluso, algunos ya han recibido llamadas con lada de Tijuana, para exigirles dinero.
Debe señalarse que hace unos meses, el Congreso de Guerrero aprobó la creación de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión. Los legisladores argumentaron que el Congreso debe tomar medidas, desde su esfera de competencia, que permitan generar las condiciones necesarias para el combate de este flagelo social, como es la investigación, misma que deberá llevar a cabo esta Fiscalía.
Pero la violencia, el asesinato vuelve a ser un mecanismo de presión para obligar a los empresarios a entregar dinero a los grupos delincuenciaes.
El domingo 9 de enero fue localizado el cuerpo sin vida de Roberto Morales Silva empresario farmacéutico. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que el cuerpo del empresario, de 48 años de edad, fue localizado rumbo al libramiento que comunica a Bajos del Ejido, a 30 minutos del puerto. Los familiares señalaron que el empresario fue sacado de su domicilio la noche del sábado por hombres armados y el domingo fue encontrado asesinado a balazos.
También los políticos están en la mira de la violencia, el 5 de enero, Saúl Nava Astudillo, ex candidato a alcalde de Tixtla por el PRI, fue asesinado a balazos en un ataque directo durante el cortejo fúnebre de su tío Vicente Astudillo Navarro, cerca del Panteón Municipal, en el barrio del Camposanto, en la cabecera del citado municipio. En los hechos resultaron heridos un hombre y una mujer, quien falleció posteriormente en el hospital.
Nava Astudillo, que fuera tres veces candidato a la alcaldía de Tixtla, iba en la parte de atrás del cortejo fúnebre de su tío Vicente Astudillo Navarro, fallecido por cáncer. Se dirigían al cementerio. Dos civiles armados se le acercaron a Nava Astudillo y lo atacaron a balazos, muriendo de inmediato.
Nava Astudillo fue candidato tres veces a la alcaldía de Tixtla por el PRI. Perdió en la contienda 2012-2015 ante el ex alcalde perredista Gustavo Adolfo Alcaraz Abarca. En el periodo 2015-2018 ante Hossein Nabor Guillén, hoy ex presidente municipal de Tixtla por el partido el PRD. Y en 2018-2021 ante Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa del mismo partido.
El 6 de enero, los comunitarios de la CRAC acusaron a la Policía Municipal de José Joaquín Herrera de estar al servicio de la organización criminal de “Los Ardillos”, y más de 300 pobladores de las comunidades de Ayahualtempa, Amatitlán, Caracol y la colonia Los Pinos, efectuaron una marcha para demandar seguridad.
De acuerdo a los integrantes de la CRAC, desde 2016, la organización de “Los Ardillos” los acosa y la resistencia ha costado sangre. En 2015 asesinaron de 13 disparos a Ulises Fabián Quiroz candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa así como a otros políticos.
En Ayahualtempa decidieron atrincherarse definitivamente. No es la primera vez que una porción de la CRAC ha armado a niñas y niños para enfrentar a los carteles del narcotráfico. En abril de 2020, 37 infantes se armaron, entre ellos algunos que dijeron ser hijos de los músicos asesinados.
El abril del 2021, volvieron a mostrarse los infantes armados. Entonces, el presidente López Obrador dijo que usar a los niños y enfilarlos a la policía comunitaria era un acto de prepotencia y de vergüenza.
La CRAC-PF de la Casa de Justicia de Ayahualtempa anunció que expulsará a la Policía Municipal de su territorio y ocupará los módulos que instaló “para halconear” al servicio del grupo delictivo que los ha venido atacando, informó en un comunicado.
El 8 de enero, Evelyn Salgado, gobernadora de la entidad dijo al Consejo Estatal de Seguridad que “el fuego definitivamente no se puede apagar con más fuego, el Consejo debe ser una fuente de soluciones, de ideas innovadoras que van a proponer el uso de la inteligencia antes que la fuerza. Solo así se ganará la batalla contra la violencia.”