Entrevista con Xavier Nava Palacios, ex presidente municipal de San Luis Potosí
Luego de que fuera inhabilitado por el Congreso de San Luis Potosí por un periodo de 18 años, Xavier Nava Palacios, ex presidente municipal de la capital —así como 9 integrantes del ayuntamiento— por la construcción de una vialidad en esa capital, el nieto de Salvador Nava se defiende y expone la andanada política en contra de su administración por parte del gobernador de la entidad, cuando éste sigue teniendo pendientes de investigación, acusaciones por desvío de recursos cuando fungía como alcalde del municipo de Soledad de Graciano.
Y es que la denuncia de la UIF fue presentada en 2020 por el presunto desvío y lavado de 724 millones de pesos por parte de Ricardo Gallardo Cardona, hoy gobernador de la entidad, investigación que se mantiene atorada en la Fiscalía General de la República, pese a que la UIF —entonces encabezada por Santiago Nieto— acusaba a Ricardo Gallardo Cardona y a su padre Ricardo Gallardo Juárez de haber realizado “un elaborado esquema para desviar cantidades cantidades millonarias de recursos de los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí”, en una red tejida con familiares y socios de 2012 a 2019.
Esta es la plática con Nava Palacios:
¿Cuál es su situación jurídica después de la inhabilitación por violar un amparo federal?
Después de una determinación que toma el Congreso del estado —situación irregular por donde se le quiera ver— lo que hace dicho Congreso es definir sobre una causa que no está juzgada. No hay una sentencia firme sobre una solicitud de amparo que presentan unos ejidatarios por una obra que se hizo en San Luis Potosí en un boulevard muy importante, una vialidad de jurisdicción estatal desde 1973. Ya había una y lo que se hizo fue construir unos puentes vehiculares que paan por encima de esa vialidad.
El Congreso decide la culpabilidad de 10 integrantes del cabildo municipal anterior, cuando no ha resuelto el juzgado octavo de distrito si es que se violentó la suspensión con el amparo. El Congreso invade las atribuciones y funciones del poder judicial y juzga sobre un tema agrario que no está resuelto, hay un amparo.
Hay una violación sistemática de todos los que fuimos sancionados e inhabilitados en el juicio político. Lo que ellos dicen es que hay una determinación en la Constitución local que establece que las decisiones del soberano, en este caso el congreso, son inatacables, cuando todo el proceso fue violentado, lo que nos deja en total estado de indefensión. Aquí el principio pro persona en la interpretación de la Constitución es la que debe prevalecer y lo que se hizo, no tiene sustento alguno, máxime cuando el fondo del asunto no ha sido resuelto por el juzgado. Ello decidieron políticamente inhabilitarnos para no ocupar espacios públicos, en mi caso, 18 años, 10 años para la síndica municipal, 12 años para un regidor que fue alcalde interino y 5 años más para todos los regidoras y regidores.
Hay una clara intencionalidad política por darle fast track a un asunto que debería haberse resuelto primero en un juzgado de distrito y no en el Congreso del estado a través de una valoración política para dejarnos fuera de las jugadas que vienen hacia futuro.
¿Qué procede?
Tenemos ya una suspensión provisional del juzgado tercero de distrito en el estado y dice es que no se lleven a cabo distintos actos que deberían de hacerse después de la determinación del Congreso del estado, por ejemplo el registro en el padrón de funcionarios inhabilitados. El juzgado dice que eso no se hace, suspende la posibilidad de que eso suceda y sigue el curso en el juzgado tercero. Qué buscamos? Que la justicia federal nos proteja de una arbitrariedad enorme porque no se conoce el sentido de lo que está determinando otro juzgado de distrito. Contamos con la razón porque la única instancia facultada para determinar sobre cuestiones agrarias es el Registro Agrario Nacional (RAN).
En los planos del RAN —en planos otorgados por ellos mismos— se establece que el ejido fue dotado originalmente en 1928 con 540 hectáreas y ha sufrido 4 expropiaciones. Ha sido afectado de manera formal, legal y eso lo ha hecho más pequeño a través de los procedimientos formales.
La vialidad no está construida sobre lo que es el ejido hoy en día, antes tenía 540 hectáreas y hoy tiene menos porque se fue expropiando por fines de utilidad pública para llevar a cabo la construcción de la zona industrial de SLP y la construcción de distintos espacios habitacionales.
Las expropiaciones se dieron a favor de la SCT, en favor del gobierno del estado, en favor de la Corett, la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy llamada INSUS. Tenemos la certeza de que no va a prosperar, porque ya no es propietario el ejido de esos espacios de tierra donde fue construida la vialidad y en donde fue construida una vialidad anterior que data de 1973.
Este será un gran revés para el Congreso del estado que actúa políticamente porque hay un gobernador del estado que lo único que busca es hacerse del control de las instituciones, lo ha ido logrando con el Congreso, donde las determinaciones que envía para su análisis cuentan con muy poco estudio y la oposición es muy débil.
El gobernador ya se hizo de la propia Auditoría Superior del estado cuyo titular le quedaban 3 años en el cargo; se hizo de la Fiscalía General del estado con renuncias de sus titulares cuando todavía tenía 4 años por delante y el control a través del presupuesto, de los egresos de cada ejercicio, en este caso de 2022, a las autoridades municipales.
En los primeros tres meses de esta administración, 11 presidentes municipales renunciaron a su militancia partidaria y se afiliaron al partido Verde que representa el ejecutivo estatal. Vemos como va adquiriendo estos espacios de poder pero sin ningún miramiento. La renuncia tanto a la Auditoría Superior como a la Fiscalía General del estado obedecen a intereses políticos y por supuesto es evidente como se está haciendo de estos espacios para ir influyendo de manera total en las determinaciones de los distintos ámbitos de poder en el estado.
¿Qué buscan politicamente?
Hemos denunciado en todas las etapas, las arbitrariedades y actos de corrupción del grupo político encabezado por Gallardo Cardona y por su padre Ricardo Gallardo Juárez. Cuando llegamos a la administración municipal, derrotamos al padre de Gallardo Cardona que buscaba la reelección a la capital.
Lo derrotamos en 2018 y una vez en el gobierno, hicimos una evaluación de lo que había venido sucediendo y presentamos 11 denuncias penales en contra de la administración de funcionarios del actual gobierno del estado y por supuesto del anterior presidente municipal Ricardo Gallardo, por distintas razones, la mayor parte por peculado, uso ilegal de atribuciones públicas. Esas denuncias están atoradas tanto en la Fiscalía del Estado como en la Fiscalía General de la República.
No sabemos por qué, pero resulta lamentable que estos funcionarios que denunciamos, eran parte de la administración anterior como el secretario de finanzas, que fue contralor del organismo operador de agua potable, que tiene denuncias de distinta naturaleza, no se le ha hecho absolutamente nada y hoy controlan el dinero de la administración estatal.
El tesorero anterior municipal, actualmente secretario de medio ambiente y ecología, fue denunciado por varios delitos que incluso fueron dados a conocer en la revista Proceso de como la ASF determinó que había un faltante de 63 millones de pesos a través de un esquema novedoso dentro de la tesorería municipal, que con un empleado público se robaron esa cantidad de la mómina.
Somos la única oposición que hay en el estado frente al silencio de muchos otros sectores que por miedo, presiones, amenazas y por otras razones, no protestan. Hoy resulta muy fácil echarnos encima a las instituciones como la Fiscalía con las auditorias para tratar de desprestigiar el trabajo que se hizo en nuestra administración municipal.
Y ya tiene encima otra denuncia por parte del alcalde Galindo por el alumbrado público.
Hay otra presentada en un inicio por el alcalde de la capital decía que había más de 200 aviadores, luego que 60. Hoy dice que hay 18 personas que no trabajaban cuando ahí están los expedientes sobre las actividades que hacían. Es una denuncia penal que caerá por tierra por falta de rigor juridico.
En el tema de alumbrado público dicen que hay lámparas apagadas en la ciudad, ¡claro!, pero por falta de mantenimiento porque los circuitos son viejos y hay que atenderlos. La ciudad, cuando la encontramos en 2018 tenía una infinidad de falta de puntos de luz y de facturas de la CFE. Sustituimos el sistema de alumbrado público, ingresamos 55 mil lámparas y cuando salimos, la ciudad estaba iluminada, el problema es la falta de mantenimiento. Claro que también hay sabotaje a las lámparas del municipio porque eso le sirve a la delincuencia y a distintos grupos que quieren ver a la ciudad sin luz, pero nosotros hicimos el esfuerzo máximo para tenerlas en operación.
Hay un total desconocimiento, no tienen idea de lo que están haciendo, la ciudadanía ya se cansó en 4 meses de una falta de atención en la mayor parte de los ámbitos públicos del gobierno municipal.
Nosotros sabemos quién es el titular del poder ejecutivo, estuvo en la cárcel por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita. Tiene denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a finales de 2020, una denuncia que ya se conoce públicamente. Hay una enorme cantidad de irregularidades, la UIF los acusa de manejar 724 millones de pesos que no saben de donde provienen que se allegaron de sus empresas, que de repente había 100 millones de pesos de una empresa, que habían sido incorporados en efectivo sin saber de donde provenían. No concuerdan con sus declaraciones patrimoniales.
Sabemos a quien nos enfrentamos, tienen un negrísimo historial que no ha sido resuelto por las autoridades federales y lo que decimos es hasta cuándo la justicia se hará presente porque están todos los elementos disponibles para poder actuar en contra de ellos que han afectado de manera muy lastimosa a SLP y siguen ocupando cargos públicos y abusando de la ciudadanía.