El asesinato de Lourdes Maldonado López, periodista de Baja California, movilizó a una parte del gremio guerrerense con una débil demanda de esclarecer los casos de los informadores que han sufrido una suerte similar.
Los comunicadores locales se sumaron a la protesta nacional demandando el esclarecimiento del asesinato de Maldonado López. En Acapulco tomaron la avenida costera Miguel Alemán para hacer bloqueos intermitentes con el fin de informar a los automovilistas la grave situación de agravios contra los periodistas en todo el país.
En Chilpancingo, se manifestaron en la caseta de Palo Blanco de la autopista del Sol, sin obstruir el paso de vehículos, con pancartas y gritos de: “Tijuana aguanta, Guerrero se levanta”, “AMLO decía que todo cambiaría, mentira, mentira, es la misma porquería”, “AMLO escucha, Guerrero está en la lucha”.
“En el estado de Guerrero también han ocurrido asesinatos de reporteros durante la administración de Héctor Astudillo Flores los cuales no se han esclarecido”, mencionó Jesús Guerrero, dirigentes de la Asociación de Periodistas en la entidad (APEG). En realidad, esos son los casos más recientes. La lista es mayor
Hace un año Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoció que, en los dos primeros años de AMLO, “hemos tenido una década de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año 2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el país. Casi el 40 por ciento se concentraron en los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero”.
En Guerrero y Oaxaca, se han registrado 10 casos equivalente al 10.14 por ciento en cada entidad uno. En el periodo 2015-2021 fueron asesinados: Francisco Pacheco Beltrán, Cecilio Pineda Birto, Víctor Fernández Álvarez Chávez, Pamela Montenegro del Real, Gabriel Soriano Kuri, Edgar Alberto Nava López, Erick Castillo Sánchez y Pablo Morrugares Parraguirre, además de que se registraron decenas de ataques contra otros comunicadores siguen en la impunidad.
Desde la creación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, de 2017 a la fecha, han sido asesinatos seis comunicadores que estaban acogidos a ese programa, entre ellos Pablo Morrugares Parraguirre. tras un ataque con armas de fuego en Iguala, Guerrero, el 2 de agosto del 2020.
Otro fue el caso de Alfredo Cardoso Echeverría, editor de la página informativa de Facebook Dos Costas en Acapulco, fallecido en un hospital un día después de recibir cinco impactos de bala en noviembre del mismo año, por mencionar los más recientes.
Si bien la responsabilidad de los gobiernos es brindar garantías para el trabajo periodístico, una buena parte de los asesinatos y agresiones sufridas tienen como origen a las organizaciones delincuenciales, y en no pocos casos, la crueldad es una de las características.
Las amenazas contra los periodistas crecen en un entorno hostil y violento y se han convertido en una constante desde hace más de dos décadas, por lo que ya ningún mensaje puede ser tomado a la ligera.
En las regiones norte y Tierra Caliente, se ha impuesto una zona de silencio para quienes se desempeñan en este oficio, como en Iguala y Ciudad Altamirano (Pungarabato). La espiral de agresiones es ascendente y no ha encontrado una respuesta eficaz por parte de los gobiernos federal y estatal, independientemente de las siglas partidistas.
En determinados periodos, Acapulco ha sido considerado como un municipio de riesgo extremo para periodistas debido a la ocurrencia de asesinatos.
En 2014, en ese municipio, ocurrió el secuestro y homicidio de Jorge Torres Palacios, vocero de la Dirección de Salud Municipal. También se cuenta un caso de amenazas y tres golpizas contra reporteros durante coberturas.
En Chilpancingo en ese mismo periodo ocurrieron 3 golpizas contra reporteros y uno de acoso legal por parte de la Auditoría Superior del Estado contra periodistas que publicaron información confidencial.
Las fuentes de agresión van desde fuerzas armadas y policías, pasando por algunos funcionarios de gobierno, hasta grupos sociales, incluyendo Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Policías ciudadanas en zonas rurales, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota, Líderes de transportistas y algunos empresarios.
Los miembros de grupos criminales como “Guerreros Unidos”, “Los Rojos” o “Las Ardillas” realizan vigilancia y monitoreo de reporteros durante la cobertura de hechos de violencia o de incidentes relacionados con miembros de estas bandas, así como la infiltración en redacciones.
Otras de las condiciones que generan esta vulnerabilidad en el ejercicio periodístico es, en una instancia, que las representaciones son más simbólicas que gremiales y, durante el periodo de pandemia por la Covid-19 se ha multiplicado el cierre de empresas periodísticas formales. Pero aún antes de ello, solo los sindicatos de las organizaciones pertenecientes a grandes cadenas, tenían una muy acotada representación sindical.
Las agrupaciones de periodistas independientes nunca han tenido titularidad en algún contrato colectivo de trabajo, ni siquiera la delegación del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNPR).
Se carece de respaldo institucional de los medios y las empresas y los niveles salariales son bajos, la informalidad también domina en el mercado de trabajo periodístico en la entidad. La seguridad social es relativa, lo mismo que el seguro de vida.
Los ofrecimientos en materia de capacitación y otras prestaciones que ofrece el gobierno a través del Fondo de Apoyo a Periodistas, obedece a criterios no formales.
El periodista local no solo está vulnerable ante la posibilidad del asesinato o la amenaza a su integridad física. También las condiciones de que se efectúa el trabajo limitan su posibilidad de acción.